A continuación se publica el texto de la junta editorial de The New York Times, un grupo de periodistas de opinión cuyas posturas se basan en su larga experiencia, la investigación, el debate y ciertos valores de larga data.
NUEVA YORK.- El 6 de enero de 2021, el exlíder republicano del distrito de Queens, Philip Sean Grillo, saltó por una ventana rota del Capitolio norteamericano con un megáfono. Atravesó a empujones el cordón de agentes de la Policía del Congreso y abrió de par en par las puertas de la Rotonda para permitir que otros amotinados ingresaran y destrozaran el Capitolio. “Arrasamos el Capitolio”, exultó Grillo en su video, y fue visto fumando marihuana y “chocando esos cinco” con otros seguidores de Donald Trump que se enfrentaban a la policía. “¡Lo cerramos! ¡Lo hicimos!”
Casi tres años más tarde, un juez federal condenó a Grillo por múltiples cargos. Pero eso no lo desalentó: el mes pasado, cuando fue condenado a un año de cárcel, le dirigió una especial provocación a Royce Lamberth, el juez federal de distrito que lo condenó.
“¡Igual Trump me va a indultar!”, le espetó al magistrado mientras lo esposaban y se lo llevaban preso.
Tenía razón. La noche del lunes, varias horas después de su asunción, Trump cumplió la promesa que había hecho repetidamente de indultar a casi todos los amotinados que en 2021 atacaron y profanaron el Capitolio para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden como presidente norteamericano. Grillo y otros 1500 agitadores recibieron un indulto total por sus acciones, mientras que a otros 14 les conmutaron sus penas.
El indulto presidencial a Grillo no solo se burla del veredicto del jurado y de la sentencia del juez Lamberth. El indulto en masa de Trump se burla de todo el sistema de justicia, que trabajó arduamente durante cuatro años para demandar a casi 1600 personas que intentaron hacer descarrilar la Constitución, una justicia que condenó a 1100 de ellas, 600 de las cuales a penas de prisión.
Lo más grave es el mensaje que el indulto masivo le envía al país y al mundo: que violar la ley en apoyo de Trump y su movimiento será recompensado, especialmente sumado a sus anteriores indultos para sus exasesores.
Regalo
El indulto proclama a viva voz desde el más alto estrado de la nación que los sublevados no hicieron nada malo, que la violencia es una forma perfectamente legítima de expresión política y que no se paga ningún precio por tratar de interferir con la sagrada transferencia constitucional del poder.
En los tiempos modernos el sistema de indultos presidenciales ha sido objeto de abusos por presidentes salientes que quieren hacerles un último regalo a sus amigotes, donantes o familiares, y con esos abusos ya era suficiente.
El ahora expresidente Joe Biden le concedió dudosos indultos a su hijo, y mientras iba de salida por la puerta se despachó con indultos para varios miembros de su familia y con perdones preventivos para una serie de actuales y exfuncionarios de su gobierno por acciones no delictivas, todo para protegerlos de posibles represalias republicanas, un uso laxo y extensivo de la facultad de indultar que desvirtúa aún más su propósito.
Pero lo que hizo Trump el lunes es de un alcance completamente diferente: se despachó con un indulto masivo al inicio de su mandato para escribir un capítulo falso de la historia norteamericana y así tratar de borrar un crimen contra los cimientos de la democracia de Estados Unidos.
Un arranque de mandato con semejante acto de desprecio hacia el sistema legal es una jugada audaz, incluso para Trump, y debería ser una señal de alarma para demócratas y republicanos por igual: aquel enero de 2021, los legisladores de ambos partidos tuvieron que protegerse de la turba enardecida, que claramente no hacía distinciones partidarias ni ideológicas cuando reclamaba el linchamiento del vicepresidente Mike Pence y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Con este indulto, Trump perdonó, y por lo tanto dio aliento a los terroristas norteamericanos que pusieron en peligro la vida de los miembros del Congreso. El costo a largo plazo lo pagará todo el sistema político, no solo quienes critican al presidente.
Trump pergeñó laboriosamente durante cuatro años la eliminación de su papel como inspirador del asalto al Capitolio. Apenas horas después del ataque, sus aliados en la Cámara de Representantes y en Fox News empezaron a sembrar dudas sobre el móvil de los agitadores y afirmaban que eran izquierdistas infiltrados disfrazados de partidarios de Trump.
En 2022, cuando estaba siendo investigado por el Comité del 6 de Enero de la Cámara de Representantes, Trump comenzó a referirse a los amotinados como “presos políticos” perseguidos por los demócratas y sugirió abiertamente que el FBI había ayudado a organizar el ataque.
El año pasado, en el apogeo de su campaña presidencial, ya había transformado por completo la monstruosa furia sangrienta de aquel 6 de enero en lo que calificó como “un día de amor”, y repitió falsamente que ninguno de sus partidarios había llevado armas al Capitolio.
Pero la densa niebla de desinformación de Trump no puede cambiar lo que realmente sucedió aquel terrible día, que, como escribió el consejo editorial de The New York Times en ese momento, “evocó los recuerdos y temores más oscuros de las democracias de todo el mundo”.
Fue el sentimiento que cundió en los primeros días posteriores al ataque y del que se hicieron eco incluso los máximos dirigentes republicanos, algunos de los cuales votarían a favor en el juicio político a Trump por su papel como instigador del ataque.
Al menos 20 de las personas que participaron en el ataque portaron armas de fuego dentro del predio del Capitolio, incluido Christopher Alberts, que llevaba un chaleco antibalas con planchas de metal y una pistola 9 mm cargada con 12 rondas de munición, además de una funda separada de 12 rondas con balas de punta hueca.
Alberts fue sentenciado a 84 meses de cárcel cuando un jurado lo declaró culpable de nueve cargos, incluido el de agresión a agentes de la ley: anteayer recibió un indulto total por sus acciones. Aquel día fueron agredidos más de 140 agentes de la policía. Brian Sicknick, oficial de la policía del Capitolio, fue asesinado, y otros oficiales recibieron golpes con armas de fuego en la cabeza; los policías sufrieron contusiones, quemaduras y heridas cortantes, y cuatro de ellos posteriormente se suicidaron.
“Mi preocupación es que la gente piense que si viene a atacarme físicamente a mí o a los miembros de mi familia, Donald Trump los absolverá de sus actos”, dice Michael Fanone, un exoficial de policía que fue atacado por la multitud el 6 de enero. “¿Y quién no lo haría?”.
Para muchos de los oficiales que fueron rociados con gas pimienta, golpeados con palos o agredidos ese día, la idea de que la cabeza del Poder Ejecutivo pueda perdonar tales acciones resulta indignante y despreciable.
“Liberar de culpa y cargo a quienes nos atacaron sería profanar a la Justicia”, escribió Aquilino Gonell, un exsargento de la policía del Capitolio que sufrió heridas con secuelas, en un ensayo publicado este mes en The Times Opinion. “Si el señor Trump quiere sanar las divisiones de nuestro país, tendrá que dejar en pie nuestras convicciones”.
Stewart Rhodes, líder de la milicia Oath Keepers, que fue parte de la organización del asalto, fue sentenciado a 18 años de prisión tras ser declarado culpable de sedición y asociación ilícita por reunir armas de asalto por valor de 20.000 dólares para ser utilizadas en el Capitolio.
El juez de distrito que lo condenó, Amit Mehta, calificó a Rhodes como “una amenaza permanente y peligro para este país, para la república y para la estructura misma de nuestra democracia”. El juez Mehta dijo más tarde que la sola idea de que Rhodes pudiera recibir un indulto lo horrorizaba.
“La idea de que Stewart Rhodes pueda ser absuelto es aterradora y debería serlo para cualquiera que se preocupe por la democracia en este país”, apuntó el juez el mes pasado.
Rhodes no fue indultado, pero conmutaron su sentencia y está previsto que su liberación sea inmediata.
Enrique Tarrio, líder de la milicia Proud Boys, fue descrito por un juez federal como el “líder máximo” de la rebelión, aunque fue arrestado no bien llegó a Washington y no entró al Capitolio.
No obstante, fue sentenciado a 22 años de prisión cuando el Departamento de Justicia argumentó que “al fogonear la rabia del grupo contra las fuerzas del orden y luego lanzarlas contra el Capitolio, Tarrio hizo mucho más daño del que podría haber hecho como agitador individual”.
“Norteamericano orgulloso”
Hace dos semanas, el 6 de enero, su abogado le escribió a Trump pidiendo el indulto de su cliente, a quien describió como “nada más que un orgulloso norteamericano que cree en los verdaderos valores conservadores”: su solicitud fue concedida el lunes.
El magistrado Lamberth, un juez federal de alto rango designado por el presidente Ronald Reagan para el Tribunal de Distrito de Washington, ocupa su estrado desde 1987 y ha visto de todo, ya sea dentro del Cuerpo de Abogados Generales del Ejército en Vietnam o como fiscal federal en Washington durante la década de 1970.
Pero en enero pasado, al dictar sentencia contra uno de los amotinados, dijo que nunca había visto “semejante nivel de justificaciones sin fundamento para una actividad delictiva” dentro del sistema político.
“Estoy consternado de ver cómo esas distorsiones y falsedades absolutas se filtran en la conciencia pública”, escribió Lamberth en su fallo.
“Me sorprende ver que algunas figuras públicas tratan de reescribir la historia, afirmando que los agitadores se comportaron ‘de manera ordenada’ como turistas comunes, o tratando de convertir en mártires a los acusados condenados del 6 de enero, tratándolos como ‘presos políticos’ o incluso, increíblemente, como ‘rehenes’. Todo eso es absurdo. Pero este tribunal teme que esa retórica tan destructiva y falaz sea el presagio de mayores males para nuestro país”.
En su primer día de regreso a la función pública, Trump desató el peligro tan temido por el juez, liberando a cientos de personas declaradas culpables de participar de un violento asalto al Capitolio de los Estados Unidos, y no porque no cometieron delitos, sino porque los cometieron en su nombre. Y esos indultos son una invitación a que esos delitos vuelvan a ocurrir.
Traducción de Jaime Arrambide
