Los pacientes y los trabajadores del Centro de Medicina Física y Rehabilitación (Cemefir), un establecimiento público de La Matanza donde se atienden personas con discapacidad y lesiones neuromotoras, aseguran que el lugar será rematado y desalojado la semana que viene, como fruto de una hipoteca impaga y de la falta de resolución de un proceso de expropiación en el que intervienen el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y la Municipalidad de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza.
Desde 2011, pesa sobre la institución de salud una hipoteca tomada por la cooperadora que administraba el lugar, cuyo monto fue en aumento. Según informó a LA NACION una fuente del centro médico bien informada sobre esa deuda, cuando la demanda se inició, el reclamo era por US$450.000; luego de una década, la Justicia determinó que la suma, más intereses, ascendía a US$750.000. Al mantenerse la falta de pago por parte de la cooperadora, la Justicia estableció una multa de US$100 diarios y, en la actualidad, se deben alrededor de US$1.200.000. El proceso judicial está en trámite en el Juzgado Civil y Comercial Nº1 de La Matanza, a cargo de la jueza Laura Mato. LA NACION se comunicó con el juzgado, pero rechazaron brindar información.
En diciembre de 2021, la Legislatura bonaerense aprobó una ley de expropiación con la que se aspiraba a resolver los problemas del centro de salud. La norma fue impulsada por legisladores peronistas de La Matanza, como las exsenadoras Ana De Valle y María Reigada, y el actual diputado Ricardo Rolleri. El gobierno provincial debía depositar el pago del valor fiscal del bien, para luego cederlo a la municipalidad que conduce Espinoza, actual aliado de Kicillof dentro de la interna peronista con Cristina Kirchner y La Cámpora. Ese pago no se concretó. “La ley está promulgada y debe cumplirse”, afirmó Rolleri a LA NACION. El diputado confía en que la situación se resolverá. “Estamos insistiendo para que se haga el pago”, señaló.
“La cooperadora sacó un préstamo; se votó una expropiación, con un plazo de tres años para pagar, hasta el 23 de enero de 2025. Pasaba a remate si la Provincia no respondía. El 12 de febrero vendría el desalojo”, advirtió Norma Kalenok, paciente del Cemefir, que tiene como interventor al doctor Vicente Gago.
El Cemefir es el único centro de rehabilitación física gratuito en La Matanza y la zona, atiende entre 120 y 150 pacientes por día. Surgió en la década del 50, para el tratamiento de personas afectadas por la epidemia de poliomielitis. Tiene 30 empleados, entre municipales y monotributistas, que serían reasignados en otros puestos, en caso de que el cierre del lugar se concrete.
El viernes, a las 9, se realizará un abrazo simbólico en la puerta del lugar, en la calle Perú 2433, en la localidad de San Justo. Participarán solo los pacientes porque los empleados, según contaron a LA NACION fuentes del centro de rehabilitación, son intimados con descuentos por la Secretaría de Salud Pública de La Matanza (que conduce el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia) en caso de plegarse a la protesta.
“Hoy, este espacio está en riesgo de desaparecer. El gobierno municipal y el provincial no atienden nuestros reclamos, funcionarios municipales solo se han acercado con palabras y promesas que no se concretan. Se pretende rematar el edificio, priorizando intereses privados por sobre la salud de cientos de familias”, reza la convocatoria a la protesta que difundieron los pacientes del Cemefir.
La Corte Suprema no dará marcha atrás
“Desde diciembre se viene denunciando esta situación. Los pacientes hicieron un abrazo, algunos en sus sillas de ruedas o con sus bastones. El viernes, se acercó un funcionario de la Secretaría de Salud [municipal] y dijo que no se iba a rematar, que estaban haciendo los pasos administrativos. Los pacientes le pidieron ver papeles. Dijeron que los iban a citar y no lo hicieron”, afirmó a LA NACION la concejala Natalia Hernández (del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda), que participó de los recientes reclamos en el centro de salud.
LA NACION consultó al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la intendencia de La Matanza, pero al cierre de esta nota no había recibido respuestas.
