Al menos desde hace 46 años, Jorge Noya se presenta de forma pública como cazador profesional aunque es mucho más que eso. También es director y la cara visible de Caza & Safaris, una empresa argentina no registrada en ARCA que promueve servicios internacionales de turismo para personas que tienen la misma afición que él. En su página de internet ofrece una “caza asegurada” de animales grandes y chicos como pumas, carpinchos, venados, ciervos, pecaríes labiados y de collar, una diversidad de aves y otras especies. Muchas de ellas son protegidas a nivel nacional o internacional, otras han sido declaradas en peligro crítico de extinción y matarlas está prohibido en el país o incluso en el mundo.
Hoy Noya no puede salir de su hogar en la zona norte del conurbano bonaerense y estaría en la cárcel de no haber presentado problemas de salud y superar los 70 años. En 2024, le dictaron prisión preventiva domiciliaria tras ser acusado de ser el presunto líder de una organización internacional dedicada a la depredación y tráfico ilegal de fauna silvestre.
En la Argentina está procesado junto con seis personas más. Los delitos por los que en primera instancia fueron acusados son los de asociación ilícita, provisión ilegal de armas de fuego, maltrato animal y depredación de fauna silvestre. Por esto, tanto Noya como el resto podrían recibir entre tres y quince años de prisión dependiendo de cada caso. No a todos se les atribuyen los mismos delitos. A cinco de los siete se les imputó solo asociación ilícita, maltrato animal y depredación de fauna silvestre.
Además de aquel proceso judicial, también se hizo una denuncia penal en contra de siete personas en Bolivia a fines del año pasado. Dos de ellos son Noya y un argentino, presunto socio suyo, que también está involucrado en el expediente local.
En nuestro país, la justicia federal secuestró en agosto del año pasado 44 armas de fuego, 12 vehículos de automotor –otros 25 están embargados– y 7971 taxidermias, cuernos y pieles que hallaron en los tres cotos de caza y en los dos depósitos asociados a la empresa de Noya.
La taxidermia es el oficio que se encarga de tratar animales muertos para conservarlos. Para lograrlo extraen sus órganos internos y rellenan el cascarón de piel y hueso como a un almohadón. También aplican químicos en el pelaje y en la piel para que no se pudran con el tiempo. Después les incrustan ojos de vidrio o plástico para darle una apariencia de vida. Al resultado de este proceso en el mundo de la caza le llaman “trofeo”.
La mayor parte se encontraron en los dos depósitos localizados en Haedo, en el oeste del conurbano bonaerense. El resto estaban expuestos en los cotos de la localidad de Dolores, provincia de Buenos Aires, y Santiago del Estero.
Según fuentes vinculadas a la causa, era tal la cantidad de animales que encontraron que Marcelo Alejandro Araujo, el taxidermista asociado a la empresa y también imputado en la causa argentina, tenía también especímenes en su casa. Uno de los depósitos allanados es propiedad y lugar de trabajo de Araujo. El otro depósito es de Federico Manuel Testa, un importante empresario dentro del mundo de la caza. Según la defensa de ambos, todos los “trofeos” estaban certificados por el Gobierno. La defensa de Testa afirmó que solo encontraron siete con irregularidades, de los que tres están vinculados a Noya. “Y explicamos la situación cada uno de ellos”, dijeron.
En la Argentina, la investigación la lleva la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sergio Mola, con intervención del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. En un inicio participó como juez federal subrogante Ernesto Kreplak y, ahora, pasó a manos del juez federal subrogante de Quilmes, Luis Armella.
De los siete procesados, solo a Noya le dictaron prisión preventiva; no lo hicieron con el taxidermista Araujo, ni los presuntos socios de Caza & Safaris Federico Manuel Testa y Carlos Pablo Escontrela, ni con los guías de caza Leonardo Marti Destefani y Guillermo Funes, a quien su defensa definió como un peón rural; ni con el community manager Gustavo Oliva. Pero no pueden seguir trabajando en ningún negocio que involucre a la cacería por el momento. Las defensas apelaron el procesamiento determinado por el juez y hoy la causa se encuentra en revisión en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. El abogado de Noya fue el único que no habló con LA NACION.
En general, los defensores sostienen que sus clientes son víctimas de acusaciones infundadas. Los de Araujo, Funes, Escontrela y Testa dicen que no hay ninguna organización delictiva y que fueron, en realidad, socios ocasionales y empleados de Noya. La mayoría de ellos aseguraron no conocerse entre ellos o, en tal caso, haber hablado unas pocas veces. Además, todos definieron el vínculo con el director de Caza & Safaris como débil, intermitente o antiguo.
Tanto Testa como Noya son dos de los involucrados en la denuncia penal impulsada en Bolivia por el abogado Rodrigo Herrero, el exguardaparque y activista ambiental Marco Uzquiano y la representante del Colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Corti. Apuntaron que Noya hizo más de 30 viajes, muchos de forma irregular, para cazar o llevar clientes a cazar yaguaretés en la selva boliviana. Este felino es un animal protegido no solo en la Argentina, sino en toda la región.
Una de las pruebas surgió a partir de la investigación judicial en la Argentina y tras la publicación de varia fotografías de Noya junto a distintos cadáveres de yaguareté. Testa no aparece en estas imágenes, aunque según la querella boliviana y personas involucradas en la causa argentina el vínculo con Noya existía de hace años.
Hasta hoy, Testa es uno de los mayores exportadores registrados de pieles, colmillos y taxidermias animales en la Argentina. Se encarga de la logística de importación y exportación de productos y subproductos animales desde y a todo el mundo. Su abogado indicó a LA NACION que su trabajo siempre estuvo en regla y que Noya “fue uno de muchos clientes”, pero que Testa nunca tuvo un vínculo cercano y tampoco transportó animales sin regulación.
En el país vecino lo denunciaron junto con Noya por los delitos de biocidio, destrucción y deterioro del patrimonio natural. En este caso podrían recibir hasta diez años de prisión.
En esa causa está también involucrado Luis Villalba Ruiz, que presuntamente mató a cinco yaguaretés. Hace poco, la querella incluyó también a un cazador estadounidense, ya detenido por la justicia norteamericana por otras causas; el dueño del coto de caza implicado en este caso y dos empresarios colombianos que tienen hoteles en Santa Cruz de la Sierra.
Un negocio millonario
Según fuentes cercanas a las dos causas, el negocio de Noya y sus socios era redondo y millonario. El target de clientes era sobre todo internacional. En especial conseguían cazadores de Estados Unidos, España y algunos de Rusia.
Los captaban de distintas formas. A muchos de ellos los conocían en convenciones internacionales de caza como los que organiza el Safari Club International (SCI) en las Vegas y Tennessee, o la Feria Cinegética de Madrid. Con otros se conectaban a través de foros como Africa Hunting, redes sociales y su página de internet. Allí les presentaban los distintos paquetes que Caza & Safaris ofrecía. En su mayoría se ejecutaban en territorio argentino, aunque hay pruebas que indican que Noya hizo viajes internacionales con sus clientes.
Según información judicial, los clientes llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un miembro de la empresa los pasaba a buscar y de ahí los derivaba a cualquiera de los tres cotos de caza; les ofrecían hospedaje, comida y un catálogo de animales para cazar. Los cotos en Santiago del Estero están vinculados al empresario Carlos Pablo Escontrela.
Para la defensa del santiagueño, esos clientes eran de Noya y no de una “presunta organización” que lo involucrara. Según el abogado, solo llegaban cazadores enviados por Noya cuando querían cazar algún animal que Escontrela tuviera en sus cotos.
La defensa también expresó a LA NACION que el vínculo con Noya está roto desde 2019. “De hecho quedaron en malos términos. Le quedó debiendo plata”, explicó el abogado de Escontrela, y agregó que los dos predios de Santiago del Estero que están su a nombre “estaban en regla”.
Sin embargo, hay información judicial que contradice este argumento. El empresario santiagueño tuvo hasta hace seis años una sociedad anónima llamada Los Moros SA que estaba a nombre de Noya y Escontrela. Según la defensa, esa sociedad fue una mera formalidad para obtener los permisos de caza.
Según información a la que LA NACION tuvo acceso, en Caza & Safaris el precio para dispararle a un animal rondaba entre 1000 y 5000 dólares, dependiendo de la especie, aunque esto podría elevarse si la campaña salía del territorio nacional. Una investigación publicada por la revista digital boliviana Nómadas reveló que en aquel país cazar un yaguareté podía superar los 50.000 dólares.
Para llegar a la selva boliviana, Noya volaba con sus clientes hasta la ciudad de Cáceres en Brasil y de allí cruzaban a distintos puntos del este del país. A diferencia de la Argentina, en el caso boliviano se presume que buscaban sobre todo yaguaretés. Herrero afirmó tener pruebas de dos felinos cazados durante los viajes organizados por los argentinos y vaticina que la lista irá en aumento.
La caza de los animales era una parte importante de los ingresos de esta presunta organización criminal, pero no era la única. Según información judicial, Noya y sus socios también rentaban armas de fuego, vendían municiones y taxidermizaban a los animales para convertirlos en trofeos y enviarlos a sus clientes. Para fuentes cercanas a la causa en la Argentina, esto podría haber sido uno de los mayores ingresos para la empresa.
La operación, según información a la que LA NACION tuvo acceso, consistía en tratar a los especímenes, transportarlos hasta Ezeiza y de ahí, a todo el mundo. Esta etapa del proceso presuntamente estaba a cargo de Testa, que utilizaba a la empresa de transporte que dirigió hasta 2019, Logistic Solution SRL, para trasladar los trofeos al aeropuerto, pero no lo hacía estrictamente de forma ilegal. La defensa de Testa afirmó que su empresa y Caza & Safaris no tuvieron vínculo.
En el mundo de la caza, Testa es un apellido conocido. Algunas fuentes consultadas lo catalogaron como el principal exportador de pieles, colmillos y taxidermias del país. Según su propia defensa, entre el 80% y 90% de lo que Logistic Solution SRL transportaba estaba vinculado a la caza. Añadió que Noya fue uno de varios clientes en el país y en el mundo, con quien intercambió pocas palabras, y lo allanado en el depósito de Haedo está validado por el Gobierno.
En la Argentina, tanto la caza como la taxidermia son prácticas autorizadas. Las provincias deciden las especies que están permitidas para la caza deportiva. También son delimitadas las temporadas de caza y de veda. Esto quiere decir que no existe una uniformidad en la protección de fauna. Sin embargo, hay algunos animales que fueron declarados en peligro de extinción o peligro crítico de extinción y no pueden ser cazados en ningún lado. Tal es el caso del yaguareté, el pecarí de collar y el labiado, o el tatú carreta.
Algunos de estos animales, hasta el día de hoy, siguen expuestos en lo que queda de la página de Caza & Safaris, que después del inicio del proceso penal en la Argentina fue desmantelada casi por completo. También eliminaron sus cuentas de Facebook y de Instagram.
Fuentes vinculadas a esta causa explicaron que existía documentación necesaria para el transporte, tanto entre provincias como a otros países, aunque denunciaron que muchas veces los animales que se describían en el papel no eran los que estaban embalados.
Para la defensa de Testa, aquel argumento es infundado. “Primero que nada, porque de los casi 4000 animales que le allanaron, unos pocos eran los vinculados al director de Caza & Safaris. Además, mi cliente no tuvo ningún animal prohibido. Con el allanamiento que le hicieron solo encontraron siete trofeos con irregularidades. De esos, solo tres están vinculados a Noya”, explicó el abogado del empresario.
En principio, cada vez que se pretende mover a un animal que provenga de la caza deportiva debe existir un documento que permita su trazabilidad. Información como la especie, el coto donde se cazó, los permisos de ese coto para cazar ese animal específico y otros puntos deberían estar expresos.
Según fuentes cercanas a la causa, solo uno de los cotos estaba certificado para cazar –el de Dolores– y en los informes presentados ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para el transporte de animales, Testa, Noya y el resto de los socios modificaban datos como el tipo de especie, la procedencia de los animales y la temporada en que se habían cazado. De esta forma “blanqueaban” muchos de los especímenes taxidermizados que iban a Ezeiza.
En la mira desde 2018
Noya está en el foco del gobierno argentino desde 2018, cuando irrumpió en el coto de caza de Dolores una fuerza constituida por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la División de Delitos Ambientales y Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
En ese entonces se secuestraron decenas de animales taxidermizados, pero las autoridades no hicieron arresto alguno. Así lo reportó LA NACION en su momento. Una nueva causa se abrió en 2020 a partir de una denuncia impulsada por la organización internacional Freeland y la Red Yaguareté; sin embargo, fue rápidamente archivada porque durante la pandemia esta empresa no parecía estar en operaciones. Al inicio de 2024, este medio publicó fotografías inéditas sobre Noya y su vínculo con la cacería ilegal; así, la Fiscalía tuvo materiales para desarchivar la causa.
Hoy, el expediente se encuentra en revisión por parte de la Cámara Federal de La Plata. Se espera que el siguiente paso sea la confirmación de los procesamientos y la respuesta por un recurso de la fiscalía para dar prisión preventiva a los seis acusados que permanecen en libertad.
En tanto, en Bolivia, la causa sigue siendo revisada por los fiscales a cargo y todavía no se le asignó un juzgado. Herrero recordó que, a pesar de eso, hubo un tremendo impacto mediático en el país. Tal fue el movimiento que el Tribunal Agroambiental de Bolivia ordenó a diferentes entidades públicas la protección del yaguareté y de su hábitat.
