El Gobierno nacional anunció modificaciones en el sistema de administración de los fondos destinados a los beneficiarios de planes de asistencia, según información suministrada por el Ministerio de Capital Humano este miércoles. Durante la jornada, funcionarios de la cartera explicaron las nuevas estrategias concebidas para reforzar la trazabilidad, el control y la transparencia en la gestión de los programas sociales.
Las transformaciones propuestas pretenden establecer mecanismos más directos entre el Estado y los destinatarios de los planes de asistencia, de acuerdo con el comunicado citado por Noticias Argentinas. El eje central de la reestructuración consiste en eliminar al máximo la intervención de actores intermedios, quienes hasta ahora oficiaban como vínculo entre los recursos oficiales y los perceptores finales de la ayuda social. Las autoridades señalaron que la gestión buscará, sobre todo, “profundizar la eliminación de intermediarios” y robustecer los sistemas de control.
La presentación fue realizada en la sede ministerial, donde participaron equipos técnicos y responsables de la política social. El plan prevé la actualización integral de la infraestructura tecnológica asociada con los datos de los beneficiarios y el circuito de asignación de fondos. Con la meta de garantizar la transparencia, el Ministerio informó el desarrollo de un “nuevo algoritmo de seguimiento y control”, diseñado para auditar en tiempo real los movimientos, detectar irregularidades y monitorear el cumplimiento de los requisitos por parte de los asignatarios.
Entre los principales cambios presentados figura la instauración de una base de datos centralizada y encriptada para resguardar la identidad de los beneficiarios de los programas. Según Capital Humano, este sistema permitirá cruzar información con registros de organismos estatales como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con el fin de verificar la compatibilidad de los ingresos y evitar el cobro indebido de planes asistenciales. Al respecto, voceros oficiales indicaron que la trazabilidad digital será prioridad, ya que dotará de mayor fiabilidad y legitimidad la asignación de apoyos estatales.
La cartera dirigida por Sandra Pettovello subrayó la necesidad de adaptar la administración de fondos sociales a parámetros internacionales de buenas prácticas en la gestión pública, al tiempo que remarcaron que la digitalización permitirá “que los recursos lleguen de manera directa a quienes realmente los necesitan”, según la fuente. Para lograrlo, el Ministerio implementará una tarjeta única para la acreditación de beneficios, con la cual los destinatarios podrán disponer de los fondos y realizar compras en comercios habilitados. Desde el área, afirmaron que esta nueva modalidad dará mayor autonomía al titular y eliminará intervenciones externas en la percepción y uso del subsidio otorgado.
El rediseño alcanza igualmente a los dispositivos de fiscalización, que ahora incluirán auditorías periódicas externas e internas, impulsadas por organismos independientes y con participación ciudadana. De acuerdo con el informe oficial, esta auditoría busca identificar patrones de conducta sospechosa, desvíos de fondos o situaciones en las que el beneficio haya perdido vigencia por cambios en las condiciones socioeconómicas del receptor. El objetivo de máxima es erradicar cualquier modalidad de clientelismo en el manejo del presupuesto público asignado a la asistencia social.
En un capítulo especial, el Ministerio de Capital Humano confirmó la actualización de los requisitos de acceso y permanencia en los diferentes programas de ayuda. Se profundizará el control sobre la inscripción de beneficiarios, quienes deberán cumplir estrictamente con las normas establecidas para acreditar su situación de vulnerabilidad. Las autoridades prevén implementar un padrón unificado, actualizado de forma permanente, para garantizar el seguimiento individualizado de cada caso.
Referentes del Ministerio detallaron que, como parte de la modernización, se ofrecerán nuevos canales de consulta y denuncia tanto presenciales como virtuales, de manera que cualquier ciudadano pueda alertar sobre irregularidades. Además, se programarán campañas de información pública respecto al uso correcto de los fondos y a los criterios de transparencia adoptados.
El rediseño presentado por el Gobierno contempla la cooperación técnica de organismos multilaterales que ya colaboran en la definición de estándares de transparencia y eficiencia en la gestión de programas sociales. Según datos proporcionados, los acuerdos recientes permitirán la transferencia de tecnología y la adopción de protocolos de control ya experimentados en otros países de la región.
