La condena por corrupción contra Cristina Kirchner y la movilización del peronismo a Plaza de Mayo no solo ocuparon la agenda mediática sino que también redujeron al mínimo la actividad en el Congreso. Durante las últimas dos semanas apenas hubo algunas reuniones de comisión y los libertarios ya se resignan a asumir una posición exclusivamente defensiva hasta las elecciones.
En las filas del oficialismo saben que la relación con el peronismo está en su punto máximo de tensión y las cosas no están mucho mejor con los bloques aliados del PRO y la UCR; tampoco con los gobernadores, que siguen con preocupación tanto la caída de los niveles de recaudación como el avance del armado electoral de La Libertad Avanza en sus territorios.
Tras la presentación oficial del proyecto de ley de “presunción de inocencia fiscal”, que busca fomentar el uso de los dólares que los argentinos atesoran sin declarar “en el colchón”, desde el Gobierno habían adelantado que buscarían la ratificación parlamentaria lo más rápido posible, en la primera semana de julio. Pero todo parece indicar que no será posible cumplir con ese cronograma. El proyecto llegó a la Cámara de Diputados hace dos semanas y todavía no se convocó ni siquiera a una reunión de comisión de carácter informativo. No hay perspectivas de que ocurra la semana que viene.
La demora se explica por la reticencia de algunos bloques dialoguistas, que en el pasado apoyaron muchas iniciativas del Gobierno, en la comisión de Presupuesto. Allí los libertarios deben llegar a 25 firmas, pero para eso necesitan sumar a los representantes de Encuentro Federal (el bloque de Miguel Pichetto), los radicales disidentes de Democracia para Siempre y los de la Coalición Cívica.
Como hasta el momento no logró que se comprometan a acompañar, el libertario José Luis Espert eligió dejar cerrada la comisión. Es mejor no correr riesgos innecesarios en plena carrera electoral. Por eso ahora los libertarios dicen que “no hay apuro” y que el proyecto ya se está aplicando porque más de la mitad de los gobernadores adhirió al nuevo “Régimen Simplificado de Ganancias” (una de las partes de la iniciativa).
Las recientes declaraciones de Javier Milei tampoco ayudan a los libertarios a ampliar los consensos en el Congreso. En una entrevista el presidente acusó a Mauricio Macri de “interferir” en el Poder Judicial y aseguró que le “pagaron” a Miguel Pichetto con la candidatura a vicepresidente en 2019 por haber “cubierto a Cristina en el Senado”, en referencia a su rechazo a quitarle los fueros en el marco de la causa del Memorándum con Irán.
La decena de diputados que responde a Mauricio Macri dentro del bloque PRO ha dado señales de distanciamiento de la Casa Rosada, por ejemplo cuando se abstuvieron de votar el aumento para los jubilados en la última sesión, mientras que los diputados alineados con Cristian Ritondo y Patricia Bullrich votaron en contra. Esto preocupa a los libertarios porque eventuales ausencias podrían complicar un veto presidencial si el aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional finalmente avanzan en el Senado.
También hay señales de alerta con los llamados “Radicales con peluca” del bloque Liga del Interior que no vieron con buenos ojos que La Libertad Avanza haya marginado de la lista oficial a Martín Arjol en Misiones (tuvo que competir por su cuenta con el sello Partido Libertario). Estos cinco votos fueron clave el año pasado para sostener el veto al aumento de jubilaciones y del financiamiento universitario.
Al mismo tiempo, los gobernadores también hicieron saber su malestar por la falta de fondos y por la competencia de las listas de La Libertad Avanza en sus territorios. Justamente en un intento de recomponer la relación con las provincias, el Gobierno resucitó el Consejo de Mayo: se reunirá el próximo martes, un año después de haber sido anunciado. Allí seguramente tendrá que dar alguna respuesta a los principales reclamos de los gobernadores si pretende frenar la agenda opositora en el Congreso.
Los libertarios quieren reducir al máximo las posibilidades de que la oposición pueda avanzar con su agenda. Saben que en cuanto se abra el recinto la oposición intentará aprobar emplazamientos para destrabar la comisión investigadora del caso $Libra, para obligar a tratar proyectos relacionados con el financiamiento a las universidades nacionales y el Hospital Garrahan. También buscarán avanzar con la reforma de la ley de DNU y la anulación de la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones que anunció Patricia Bullrich.
Los dialoguistas ya presentaron el pedido formal de sesión especial para el miércoles 2 de julio con las universidades y el Garrahan como plato fuerte, aunque no descartan que otros sectores de la oposición acuerden para ampliar el temario. Los libertarios, por ahora, solo buscarán ganar tiempo hasta las elecciones, a la espera de que un resultado favorable reacomode el juego de alianzas y refuerce su poder parlamentario.
