Hace casi dos meses, luego de que se registrara un aumento del más del 400% en los amparos presentados por los usuarios del sistema de salud, el Gobierno nacional oficializó la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una medida que surgió como herramienta para darle respuesta a los reclamos de los ciudadanos. Ahora, el Ministerio de Justicia reglamentó su implementación.
La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la Resolución 1062/2025 en el Boletín Oficial. Además, establecieron la digitalización de trámites para la inscripción y gestión de mediadores en el ámbito federal. La decisión afecta a mediadores, entidades de salud y usuarios del sistema judicial en todo el país.
La resolución sustituye el Anexo I de la Resolución 2740/2012, que regulaba el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación, y deroga formularios y requisitos considerados obsoletos.
A partir de ahora, la inscripción y presentación de documentación para el registro de mediadores podrá realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que elimina la obligatoriedad de la gestión presencial en la sede de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
El nuevo régimen se enmarca en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, que amplió la aplicación optativa de la mediación prejudicial a controversias en materia de salud cuando el requerido sea una entidad comprendida en las Leyes 23.660, 23.661 o 26.682.
La resolución aclara que “las mediaciones a realizar en el marco del PROMESA se llevarán a cabo en la jurisdicción federal con asiento en la provincia correspondiente al domicilio del requirente, en atención a la naturaleza de las prestaciones”.
La medida también establece que los mediadores en materia de salud deberán contar con una matrícula diferenciada y cumplir con requisitos específicos de antigüedad y ausencia de sanciones vigentes. Los mediadores inscriptos en registros provinciales podrán acceder al registro nacional si acreditan la antigüedad exigida en su jurisdicción de origen, aunque deberán cumplir con la normativa nacional y abonar la matrícula anual correspondiente.
En cuanto a los honorarios, la resolución fija que los mediadores percibirán el equivalente al ítem I de la escala aprobada por el Decreto 1467/2011, independientemente del monto en discusión. Si la mediación culmina con acuerdo, el honorario se incrementará hasta cinco veces ese importe, en función de la especialización requerida en controversias de salud.
El pago de honorarios en mediaciones sin acuerdo será cubierto por el Fondo de Financiamiento creado por la Ley 26.589, con la obligación de reintegro por parte del requerido si hay condena en sede judicial, o por el reclamante si no inicia acción judicial en el plazo de treinta días hábiles desde el cierre de la mediación.
El Gobierno también derogó el apartado de actas del Anexo II de la Resolución 2740/2012, estableciendo que la generación y gestión de actas se realizará exclusivamente a través del sistema digital MEPRE, aprobado en 2013.
El propósito principal consistirá en facilitar la resolución de los conflictos que presentan los usuarios del sistema de salud, a la vez que buscará evitar la judicialización y desalentar la proliferación indiscriminada de amparos. Así, PROMESA funcionará como una instancia optativa, diseñada para resolver disputas de forma ágil y con menores costos.
Según los datos oficiales recabados por Infobae, el aumento en los amparos arrancados respecto al sistema de salud comenzó a registrarse desde el 2022. Aunque en 2023 se notó una suba del 20,62% de los casos, la cifra escaló en un 471,79% en 2024.
