La Libertad Avanza logró avanzar con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal y podrá ponerlo en debate este miércoles en la Cámara de Diputados en la sesión que ya fue convocada para aprobar el Presupuesto 2026. El texto del oficialismo obtuvo 44 firmas gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca.
Con el proyecto Inocencia Fiscal el Gobierno busca transformar el enfoque del sistema tributario argentino mediante la simplificación de procedimientos y la reducción de la carga administrativa para los contribuyentes. En principio, propone que el contribuyente sea considerado inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario.
La lógica detrás de la iniciativa es que si el organismo recaudador implementa menos controles automáticos, las personas y las pymes se volcarán a usar, por ejemplo, dólares ahorrados durante los últimos años bajo el cepo para hacer transacciones y operaciones corrientes, incluso de compras de bienes para una pequeña empresa, o de bienes registrables (inmuebles o automóviles) para las personas.
Entre otros puntos, se reduce el monto de prescripción del delito de evasión tributaria a 3 años, lo que limita la posibilidad de que ARCA inicie denuncias penales, pero también eleva las multas por incumplimientos.
Por otro lado, el proyecto modifica el Régimen Penal Tributario incrementando los montos mínimos para tipificar delitos fiscales. Por ejemplo, el umbral de punibilidad para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones; para evasión agravada, pasa de $15 millones a $1.000 millones; para la evasión de Seguridad Social, sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Según el Gobierno, al subir considerablemente los umbrales mínimos, muchas de las causas penales tributarias actualmente abiertas quedarían sin efecto. Esto permitiría “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
El proyecto incluye un régimen especial de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Bajo este sistema, se presume la exactitud de las declaraciones salvo que surjan discrepancias significativas verificadas por la autoridad fiscal. La aceptación de esta modalidad otorga el efecto liberatorio de pago sobre el impuesto a las ganancias para los períodos involucrados, salvo casos de omisiones graves en la declaración o el uso de documentación falsa.
“Estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad. El que cumple no puede vivir bajo una amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales”, explicó la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
Durante el plenario, Rodríguez Machado también destacó el espíritu de la reforma: “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto pone fin a esa lógica y establece reglas claras donde el Estado debe probar y no perseguir”.
Desde el peronismo señalaron que el Gobierno intenta con esta iniciativa “alentar la utilización de dinero no declarado, pero utilizando herramientas que ponen un límite a la capacidad del fisco de controlar la evasión”. En esa línea, reclamaron que no se debilite la capacidad de fiscalización del Estado a favor de grandes contribuyentes con capacidad de planificación fiscal.
