Cuatro años después de producidos los hechos, la Justicia elevó a juicio una causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por un bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión.
El fallo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino, apuntó contra los responsables de una protesta que tuvo lugar en abril de 2021 y en la que unas 30 personas impidieron la entrada y salida del hotel, uno de los más tradicionales de la capital provincial, y dañaron el frente del establecimiento por supuestas irregularidades salariales.
En la sentencia dictada en noviembre pasado se da por probado, a partir de declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones, que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el Hotel Provincial sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.
Además, el juez Rodríguez Pipino sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoce la protesta gremial, pero delimita que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.
El dueño del hotel, Carlos Issa, afirmó a Infobae que todo comenzó en plena pandemia, con las restricciones que existían para la actividad hotelera por la cuarentena obligatoria, que agravaron la situación económica de su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971.
“Por eso pido una reunión en la UTHGRA (Sindicato de Gastronómicos) para hablar con Pablo López, el secretario general, y le expliqué que la empresa estaba en concurso de acreedores y se me estaba haciendo muy cuesta arriba mantener todo tal como estaba -dijo-, por lo que le propuse hacer una cooperativa con todo el personal, incluso con mi propia participación, para seguir trabajando y retirarnos con una mejor jubilación”.
Issa contó que López quedó en hablar de esa propuesdta con los 25 empleados del hotel y que luego recibió un mensaje de Cristian Eduardo Mansilla, al que calificó como “la mano derecha de López”, en el que le decía que no iban a aceptar la idea de armar una cooperativa, y sostuvo que, en forma paralela, había un reclamo del sindicato a varios hoteles que se había presentado en la Secretaría de Trabajo provincial por cuestiones salariales, en una época en la que, ante la fuerte caída de la actividad, muchas empresas pagaban una parte de los sueldos mediante subsidios otorgados por el Estado.
“En abril, cuando llegaba Semana Santa, la cuarentena se se había empezado a abrir a cuentagotas y decidimos abrir medio hotel para atender a los pasajeros -contó Issa-, pero el 10 de abril me entero que en un reportaje radial dijeron que el Hotel Provincial había incumplido con los pagos de los salarios, algo que no era cierto porque si pudimos acceder a los beneficios, como el programa ATP (Aporte para el Trabajo y la Producción), era justamente porque estábamos al día con los sueldos”.
Sin embargo, el empresario señaló que, de manera sorpresiva, un sábado a la tarde se organizó una marcha de empleados del hotel y de dirigentes de la UTHGRA ante el hotel, que incluso intentaron entrar a las instalaciones, pero no pudieron hacerlo gracias a que lo impidió el personal que estaba de guardia.
Lo llamativo es que por entonces, agregó Issa, “regía la conciliación obligatoria dictada por Trabajo por las supuestas diferencias salariales, lo que implica que las partes no pueden tomar medidas de acción directa, pero la UTGRA violó la conciliación obligatoria, intentó tomar al hotel y, como no pudieron, bloquearon los accesos, dañaron la propiedad, pintaron todos los mármoles, todos los vidrios y vinieron con la hinchada de un club de fútbol de Salta a tirar bombas de estruendo. De hecho, tenemos una filmación en donde les están pagando a los que venían con los bombos y tambores”.
Todo empeoró, aseguró el dueño del hotel, cuando la Secretaría de Trabajo dictó el cese de la conciliación obligatoria abierta: “Desde ese momento, y durante unos 18 días, todas las mañanas bloqueaban el hotel. Llegaba una camioneta de la UTHGRA, bajaban sillas, mesas, sandwiches de milanesa, bebidas y muñecos disfrazados y se instalaban frente a la puerta del hotel, sin dejar entrar ni salir a nadie del lugar”.
“¿Cuándo se desarmó el bloqueo? -siguió Issa- Cuando todos los trabajadores recibieron la carta documento de despido con causa. Simultáneamente, hicimos las denuncias penales correspondientes. El trasfondo de todo esto fue había elecciones: a la semana empezaron a aparecer los videos en Instagram de Pablo López, que quería ser candidato a concejal, y su campaña se basaba en la defensa de los trabajadores. Por eso quisieron hacer creer a la gente que era un reclamo legítimo de los trabajadores, pero estaba tan orquestado que en los bloqueos había dos dirigentes del sindicato, Cristian Eduardo Mansilla y José Luis Ayma».
En todo ese proceso, según Issa, los responsables del hotel no pidieron ayuda a las autoridades y, por el contrario, tuvieron una sugestiva inspección de Trabajo en plena pandemia a través de 9 funcionarios cuando en el lugar sólo trabajaban 6 personas por la falta de huéspedes debido a la restricciones sanitarias.
El empresario dijo que en esa época recibieron también una carta documento de la UTHGRA en la que exigían que acreditaran el pago de todos los aportes, cuotas solidarias y todos los conceptos sindicales desde la fundación de la empresa hasta ese día: “Nosotros le contestamos directamente: ‘Dejen de acosarnos’. Bueno, hace 10 días llegó otra carta documento en la que nos reclaman lo mismo y nosotros contestamos exactamente lo mismo: ‘Paren con el acoso a esta empresa’”.
La presentación judicial iniciada por el hotel avanzó y el fiscal terminó imputando a todos los responsables del bloqueo, hasta que en noviembre pasado el juez elevó a juicio la causa, mientras que, en forma simultánea, la empresa afronta causas laborales de los despedidos. En su derrotero legal, el empresario pidió ayuda a los miembros del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), en ese momento liderado por Verónica Razzini.
Issa hizo hincapié en un punto: “Hay 19 imputados con pedidos de elevación a juicio y en mi pasivo tengo 13 causas laborales, aunque los dos delegados gremiales del hotel nunca fueron despedidos sino que se dieron por despedidos, pero todas las sentencias nos salen en contra en Salta. Los fallos penales son contradictorios porque así como critican los bloqueos nos reclaman diferencias salariales cuando los sueldos en pandemia se liquidaban por teléfono. ¿Sabés cuánta fue la máxima diferencia salarial que encontré en las liquidaciones? Un 2%. ¿Es razonable ir a semejante conflicto por eso?“.
Tras admitir que siente “impotencia” por este caso, el empresario dijo que “hay un altísimo riesgo de que en el juicio alguien avale la idea de que esto fue un reclamo colectivo vinculado con el derecho al trabajo, cuando, en realidad, fue armado deliberadamente por la UTHGRA”.
