La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, remarcó las diferencias que mantiene con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y consideró que será difícil que esto mejore: “Me parece muy complejo y muy difícil que cambie el chip”.
“Con la provincia de Buenos Aires me refiero a la postura ideologizada que tienen frente a diferentes temas”, agregó la ministra en comunicación con radio La Red. Además puntualizó que “nunca habló” con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero sí coordinó operativos con Javier Alonso, su par de dicho distrito.
Consultada sobre la relación con las provincias y la coordinación necesaria para implementar un eventual nuevo sistema penal juvenil, Monteoliva informó que, si bien la competencia sobre la Justicia de Menores recae en las provincias, el gobierno nacional articula esfuerzos buscando “un cambio sistémico que marque un rumbo distinto”. Y mencionó la cooperación a través de programas como el Plan Bandera, que implican interacción y acuerdos con los gobiernos provinciales, aun en contextos de diferencias ideológicas, como ocurre con la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de baja de edad de imputabilidad
En este sentido, la ministra nacional reivindicó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal en el país al nivel de lo que rige en la mayoría de América Latina y Europa, destacando que la criminalidad juvenil responde a cambios estructurales en el accionar de las organizaciones delictivas.
La funcionaria subrayó que este debate implica no solo modificar la edad mínima, sino asumir una reforma integral para enfrentar la violencia y el crimen organizado, que concentran un 35% de los homicidios dolosos a nivel mundial en la región.
En ese sentido, sugirió: “La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años. Para mí, esto va más allá de generar acuerdos, es realmente trabajar sobre la evidencia”.
A su vez, señaló que la normativa argentina sobre imputabilidad, vigente desde 1980, ha quedado desfasada y no atiende a la mutación de las organizaciones criminales, las cuales reclutan niños como “soldaditos” para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Y sostuvo: “Excepto Brasil, todos los países de la región establecen la imputabilidad penal entre los 12 y 14 años”, y que en Europa existe el mismo criterio.
También planteó que “la baja de la edad es un factor fundamental”, aunque insistió en que no basta con ese cambio, sino que debe acompañarse de estrategias preventivas y de contención, así como de una reforma institucional y recursos específicos para la reintegración de los menores involucrados en delitos.
Y destacó la importancia de atacar el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Para las organizaciones criminales, la vida no vale nada”, sentenció. Y determinó que la capacidad de reemplazo inmediato de integrantes explica el carácter letal y renovable de estas estructuras ilegales.
Otros temas
Al abordar el problema de los incendios forestales, Monteoliva respaldó endurecer las penas para quienes los provocan intencionalmente y confió en que el proyecto de reforma del Código Penal contemple mayores castigos, en línea con “el carácter irreversible de los daños ya comprobados en miles de hectáreas afectadas”. Asimismo, resaltó el trabajo permanente desde la Agencia Federal de Emergencia y la solidaridad interprovincial.
Respecto del protocolo antipiquete, la funcionaria ratificó su continuidad, y lo describió como “una herramienta de planificación operativa que permite anticipar, organizar y proteger tanto a los manifestantes como al conjunto de la ciudadanía”. Y rechazó las interpretaciones que lo califican de represivo y precisó que su finalidad es preservar derechos y asegurar la circulación.
Finalmente, la ministra analizó la percepción de inseguridad en la sociedad argentina, subrayando que el contraste entre resultados estadísticos y el temor ciudadano persiste. “Hay una diferencia entre las emociones provocadas por hechos graves y las cifras, y es legítimo que la población sienta preocupación por la seguridad, aunque las estadísticas muestren mejoría”, puntualizó. Y concluyó que “alrededor del 19% de los homicidios en el país guardan relación con el crimen organizado”, por lo que esa debe seguir siendo la prioridad en la lucha contra la violencia.
