Las provincias mineras argentinas enfrentan un desafío político y reglamentario mientras buscan atraer inversiones internacionales. Esta semana, gobernadores de provincias mineras viajaron a Nueva York con el objetivo de “vender” las oportunidades de desarrollo de este sector en sus territorios ante grandes compañías, utilizando como argumentos tanto las aptitudes geológicas como la reciente media sanción del Congreso sobre la modificación de la Ley de Glaciares.
Este intento de seducción al capital extranjero coincide, sin embargo, con la emergencia de obstáculos internos: el avance de la reforma se ve comprometido por la masiva participación ciudadana registrada en las audiencias públicas, lo que amenaza con extender el debate durante varios meses.
De acuerdo con datos del oficialismo y la oposición, ya se inscribieron 18.000 personas y asociaciones para participar de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Bajo el esquema actual de exposiciones —cinco minutos por participante— se requerirían aproximadamente seis meses para completar el proceso. Este volumen podría incluso aumentar, ya que sectores opositores han solicitado conocer el listado completo de inscriptos, información todavía no publicada por el oficialismo.
Durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, se definió la convocatoria a dos jornadas de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, de 10 a 19 horas. El formato prevé el primer día de exposiciones presenciales en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara baja y el segundo día, intervenciones remotas para cumplir con el carácter federal del debate.
Aunque falta información de la cantidad de personas inscriptas, aseguran que sigue aumentando y desde los bloques de la oposición presentaron un pedido de ampliación de las jornadas.
Mediante una carta que lleva la firma de Maximiliano Ferraro (CC), Sabrina Selva (UP) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), se pidió a las autoridades de las comisiones ampliar los días de audiencias. “Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo. Solo de esta manera podrá asegurarse de que el procedimiento cumpla con los estándares de participación ambiental asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú“, dice la carta que ingresó hoy.
El proyecto de ley propone modificar el objeto protegido por la norma vigente, limitando la protección solo a los glaciares y geoformas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de recursos hídricos o sean fuentes de recarga de cuencas. De este modo, la nueva redacción reduce el alcance respecto de la ley original, que protegía de manera general todos los glaciares y ambientes periglaciales.
De ser aprobada la reforma, las provincias obtendrían mayor autonomía para identificar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes sobre la base de estudios técnico-científicos propios, lo que les permitiría definir qué territorios resultan efectivamente protegidos por la ley.
Aunque se mantiene la prohibición de actividades que alteren el estado natural de glaciares y ambientes periglaciales —incluidos proyectos mineros, hidrocarburíferos, industrias y liberación de contaminantes—, la reforma establece un cambio en el criterio. Se reemplaza el sistema de prohibiciones absolutas por un enfoque fundado en impactos ambientales comprobables y evidencia técnica sobre el valor hídrico de cada área. Como consecuencia, las actividades productivas no se encontrarían automáticamente vedadas, sino sujetas a un análisis caso por caso.
Mientras el oficialismo —encabezado por La Libertad Avanza— busca acelerar la aprobación de la norma, miembros de las propias comisiones reconocen la dificultad de cumplir los plazos ante el volumen de inscriptos. Fuentes parlamentarias señalan que probablemente se solicitará que parte de las posiciones sean presentadas por escrito, aunque admiten que de todos modos deberán ampliarse las jornadas de debate.
Desde la oposición, en particular el bloque de Unión por la Patria, se reclama mayor transparencia y la publicación del listado de quienes solicitaron participar. “Hay una pestaña en la web de Diputados para inscribirse y en la misma se tiene que publicar el listado, el oficialismo no lo hace. Se lo pedimos por carta el pasado 6 de marzo pero no tuvimos respuesta”, declaró a Infobae una fuente de dicho espacio.
Mientras se discute el modo de canalizar la inédita participación ciudadana, la Argentina Week en Nueva York —evento central para tentar inversiones mineras— revela la doble agenda que enfrenta el país. Por un lado, la búsqueda de capital foráneo; por el otro, una discusión social amplia y prolongada sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.
