La defensa de la residente Delfina “Fini” Lanusse presentó un recurso en las últimas horas para que se revoque su procesamiento por administración fraudulenta en la causa donde está imputada por el robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano.
En el escrito, al que accedió Infobae, sus abogados cuestionaron la falta de pruebas directas en su contra y calificaron como “arbitrario” el embargo por $30.929.520 que ordenó el juez Javier Sánchez Sarmiento.
La apelación también reclama que el magistrado interviniente no permitió ni fundamentó el rechazo de pedidos clave de la joven médica, como la citación de médicos y psicólogos que, de acuerdo a la defensa, podrían haber demostrado la inexistencia de consumo problemático de sustancias y “la imposibilidad material de las conductas que se le atribuyen a Lanusse”.
Asimismo, apuntaron a que la imputación y el procesamiento se apoyaron en testimonios “de oídas” y “apreciaciones subjetivas” sin ofrecer una “reconstrucción fáctica concreta de tiempo, modo y lugar”.
En el documento, la defensa enumeró varios motivos que consideró de agravio. Entre ellos, la ausencia de perjuicio económico probado; la falta de determinación del aporte concreto de Lanusse; irregularidades en la obtención y uso de información confidencial; y la desproporción del embargo.
Sobre el robo del propofol
La defensa afirma que no existe ningún testigo que haya presenciado una sustracción de medicación ni retirada irregular de fármacos por parte de Lanusse.
Sostiene que los testimonios usados en su contra se basan en “comentarios de terceros” y “percepciones personales”. Por ejemplo, jovenes que declararon “por lo que otros les contaron, incluso personas ajenas al hospital”, y “reconocieron que las médicas residentes trabajan siempre bajo supervisión”.
También otros que solo expresaron “sospechas” sobre el estado anímico de Lanusse, pero aclararon que jamás la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes; y el testimonio de su amiga Chantal Leclercq, que dice que remite a situaciones “privadas alejadas del ambiente hospitalario”.
Asimsimo, los defensores dicen que los testigos institucionales tampoco aportaron constancias directas, sino versiones que escucharon de otros.
En este sentido, la defensa enfatiza que el Hospital Italiano informó que «no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa». Al mismo tiempo, remarca que “el propio arqueo realizado arrojó resultado sin diferencias”, lo que para la defensa hace “incompatible” la hipótesis de una “sustracción sostenida en el tiempo”.
En otro tramo del escrito, los abogados de Fini cuestionan que el juez no pudo individualizar ningún hecho puntual en contra de Lanusse: dicen no identificó fechas, lugares, ni describió ninguna acción específica de apoderamiento o desvío de insumos.
La controversia por el embargo
El recurso presentado cuestiona además el embargo por $30.929.520. La defensa considera que el monto “no tiene correlato” con los hechos ni con los rubros supuestamente afectados.
Dicen que el propio juzgado reconoce que no pudo cuantificar el daño patrimonial, y que “el embargo excede cualquier cálculo razonable” ante la inexistencia de perjudicado, de diferencia de stock o de informes administrativamente anómalos.
De acuerdo a la apelación, el monto es un 323% superior a los valores de insumos presuntamente involucrados, según las constancias presentadas.
Los abogados concluyeron su presentación exigiendo la revocación total del procesamiento, el dictado de “falta de mérito” y la producción de las pruebas pendientes. Subsidiariamente, piden la reducción “prudencial” del embargo a un valor acorde con la información aportada por el Hospital Italiano.
Sostienen que, por todo lo expuesto en el escrito, la imputación es “prematura, conjetural y carente de sustento probatorio suficiente”.
Con información de Omar Lavieri
