Una joven paciente psiquiátrica, que se encontraba internada bajo custodia policial, fue presuntamente víctima de abuso sexual por parte de otro interno del área de salud mental de una hospital de San Juan.
El hecho ocurrió en el Hospital Ventura Lloveras de la localidad sanjuanina de Sarmiento.
El caso, que involucra a una persona bajo medida judicial y a un acusado en tratamiento voluntario por adicciones, ha generado interrogantes sobre la eficacia de las medidas de resguardo, la actuación del personal y el seguimiento de los procedimientos establecidos.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tiempo de San Juan, según datos que trascendieron desde la Justicia, permanecía en el hospital cumpliendo una medida de internación mientras estaba vinculada a una causa por un delito de Flagrancia. Por su situación judicial, contaba con custodia policial permanente. El acusado, en cambio, no tenía restricciones de movimiento dentro del sector de salud mental.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, ambos habrían coordinado un encuentro en la habitación del joven. En un descuido de la guardia, la paciente logró evadir la vigilancia policial y se dirigió sola al cuarto del interno.
El episodio, que comenzó como una reunión entre ambos, terminó en un grave incidente. Según el relato de la joven, una vez en la habitación fue obligada a ingresar al baño, donde el acusado habría ejercido violencia para concretar el acceso carnal.
Tras lograr escapar, la paciente salió en estado de shock y, entre lágrimas, relató lo sucedido a los efectivos policiales encargados de su custodia. Este hecho motivó la inmediata activación del protocolo correspondiente, con intervención del personal médico del hospital y especialistas de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) CAVIG.
La joven no realizó la denuncia de forma instantánea debido a su estado de vulnerabilidad emocional. Recién días después, y con acompañamiento profesional, pudo radicar la exposición formal, lo que permitió la detención del sospechoso. Según se informó, la actuación del personal médico y de los especialistas del hospital fue clave para contener a la víctima y recabar los primeros testimonios.
Al conocerse el hecho, la Unidad Fiscal de Investigaciones dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario. Se tomaron muestras e informes médicos, y se realizó un seguimiento exhaustivo del estado físico y psíquico de la joven. La acción rápida de las autoridades permitió que el caso fuera judicializado en menos de dos semanas desde el incidente.
La Fiscalía presentó la imputación formal por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza de Garantías, Flavia Allende, resolvió imputar al joven bajo ese cargo.
Ante la posibilidad de que el joven no comprenda la criminalidad de sus actos, la magistrada no ordenó la prisión preventiva en un penal común, sino que dispuso una serie de medidas de seguridad estrictas. Se conformó un equipo de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales para evaluar la capacidad cognitiva del imputado mediante una junta interdisciplinaria. Esta decisión busca determinar si el acusado puede ser considerado imputable o si requiere un abordaje especial dentro del sistema de salud mental.
La resolución judicial incluye la restricción absoluta de contacto con la víctima y la prohibición de abandonar el hospital sin autorización expresa del equipo interdisciplinario. Además, se ordenó un monitoreo permanente del acusado mientras se realizan los estudios correspondientes.
