La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, criticó públicamente a Manuel Adorni por su explicación sobre el crecimiento de su patrimonio, al haber reconocido que no declaró más de 500 mil dólares que había obtenido entre 2013 y 2018 por operaciones de compra y venta de bitcoins.
La funcionaria consideró que el caso no solo representa un error, sino una “omisión ética” y remató: “Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, según las declaraciones a las que accedió Infobae.
El cuestionamiento de Bullrich, que se conoció minutos antes de iniciarse una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, surge a raíz de las dudas sobre el incremento patrimonial de Adorni, tema por el cual la senadora ya le había solicitado la presentación inmediata de su declaración jurada.
La situación agrava la tensión interna dentro del oficialismo, especialmente porque Bullrich expuso la posibilidad de que Adorni enfrente cargos por “omisión maliciosa”, un delito que contempla inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El presidente Javier Milei y otros funcionarios manifestaron públicamente su apoyo a Adorni, marcando diferencias dentro del oficialismo respecto al manejo de la situación judicial y política del jefe de Gabinete.
Las palabras de la ex ministra de Seguridad había sido citada para la reunión de la mesa política, que encabeza el propio Adorni, e integran la secretaria General de la Presidencia, el asesor y estratega presidencial, Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, el funcionario de la Jefatura de Gabinete Ignacio Devitt, el secretario Eduardo “Lule” Menem, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien ya anticipó que no iba a estar presente.
La declaración y la polémica
La polémica se originó luego de que se conociera la última declaración jurada patrimonial presentada por Adorni, en la que informó la incorporación de USD 513.000 a su patrimonio familiar. Según explicó el propio jefe de Gabinete, esos fondos se originaron en operaciones realizadas con bitcoins entre 2013 y 2018, cuando la criptomoneda todavía tenía una valuación muy inferior a la actual.
Ante los cuestionamientos por la ausencia de esos activos en declaraciones anteriores, Adorni sostuvo que el dinero provenía de ahorros personales que nunca habían sido declarados formalmente. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó al defenderse de las críticas. La frase generó un fuerte impacto político porque implicó admitir que esos fondos permanecieron fuera de los registros oficiales durante años.
Las explicaciones del funcionario no lograron desactivar la controversia. Por el contrario, reavivaron el debate sobre los estándares de transparencia que deben cumplir los funcionarios públicos y sobre las obligaciones vinculadas a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.
En ese contexto, Bullrich ya había sido una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar que Adorni presentara rápidamente la documentación necesaria para aclarar la situación. La senadora sostuvo entonces que la mejor respuesta frente a las sospechas era la publicidad de la información patrimonial y la rendición de cuentas ante la sociedad.
Poco después, la propia presidenta del bloque libertario en el Senado difundió su declaración jurada. La presentación incluyó el detalle de sus ingresos, bienes e inversiones y fue interpretada en ámbitos políticos como una señal de respaldo a los mecanismos de transparencia exigidos por la legislación vigente.
Las nuevas declaraciones conocidas este jueves muestran un endurecimiento de esa posición. Bullrich no se limitó a pedir explicaciones o documentación complementaria, sino que cuestionó directamente la conducta atribuida a Adorni al considerar que existió una “omisión ética”, una definición que excede la discusión técnica sobre la registración de activos y coloca el foco en las responsabilidades políticas de los funcionarios públicos.
El episodio adquiere una relevancia adicional porque involucra a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei y a una de las figuras con mayor exposición pública dentro del Gobierno, alineada con Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. Durante la gestión libertaria, Adorni se convirtió en una de las principales voces de la administración libertaria y en uno de los encargados de defender las políticas oficiales frente a la opinión pública.
Por ese motivo, la controversia generó repercusiones que exceden la situación personal del jefe de Gabinete. En distintos sectores de la oposición comenzaron a reclamar explicaciones adicionales sobre la evolución de su patrimonio y sobre los mecanismos utilizados para exteriorizar los fondos declarados.
Mientras tanto, el oficialismo intenta contener el impacto político del caso. Milei salió públicamente a respaldar a Adorni y sostuvo que las explicaciones brindadas por el funcionario son suficientes para despejar las sospechas sobre el origen de los fondos. Sin embargo, las declaraciones de Bullrich introdujeron un matiz significativo dentro de La Libertad Avanza al cuestionar la conducta del jefe de Gabinete aun cuando evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales.
La referencia de la senadora a que “la Justicia tendrá que determinar” qué ocurrió deja abierta una nueva etapa en la controversia. En los próximos días podrían presentarse nuevas denuncias o requerimientos judiciales vinculados con la evolución patrimonial del funcionario, mientras continúan las repercusiones políticas por una polémica que se instaló en el centro de la agenda pública.
