El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilaciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión afecta a todas las universidades públicas nacionales. A partir de la resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023, tras meses de pérdida provocados por la inflación y el retraso en las partidas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó en Infobae Al Amanecer que la espera por el fallo generaba incertidumbre en el sector. “Es una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando”, expresó. Según su testimonio, el pedido ante la Corte Suprema incluyó un pronto despacho para que la cautelar se resolviera con urgencia.
La medida judicial establece que el Estado debe aplicar de forma plena los artículos que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. El rector detalló que el reclamo no buscaba un aumento del presupuesto, sino revertir el deterioro que sufrieron los ingresos y beneficios.
“No es para incrementar el presupuesto de las universidades, es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”, afirmó.
La recomposición y el alcance del fallo
El fallo de la Corte Suprema exige recomponer los salarios docentes y actualizar becas que alcanzan a miles de estudiantes. El impacto recae especialmente sobre el rubro salarial, donde el desfasaje alcanza entre 25% y 30%.
Bartolacci precisó que la actualización de las becas tampoco se había resuelto en su totalidad. “Lo que se recompuso es una parte, que es la beca Manuel Belgrano, que son las becas estratégicas, pero no se había hecho nada con las becas Progresar, que son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes en el sistema universitario y sí están comprendidas en el texto de la ley”, explicó.
La aplicación de la ley implica responder a un problema estructural que afecta tanto a docentes como a estudiantes de todo el país. El rector remarcó la importancia del fallo para la salud institucional de la nación. “Que una ley, debatida tantas veces, aprobada con tanta legitimidad, finalmente pueda empezar a aplicarse a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.
El contexto previo incluyó negociaciones entre el Gobierno Nacional y las universidades. Esas instancias mejoraron de manera parcial los números, pero no resolvieron la totalidad de las pérdidas acumuladas. Bartolacci indicó que la última mejora no subsanó el desfasaje presupuestario. “El desfasaje quedaba aún entre un veinticinco, un treinta por ciento aproximadamente vinculado a lo salarial”, puntualizó.
Dilaciones del Gobierno y argumentos oficiales
El Gobierno Nacional demoró la aplicación de la ley, incluso ante fallos judiciales previos de primera y segunda instancia. Según Bartolacci, existió una intención de dilatar la definición. “Creo que había una intención de dilatar la definición bajo el argumento, que incluso con lo que pasó en junio quedó en evidencia que no era cierto, de que no había recursos y que no había atribuciones en el Poder Ejecutivo para redireccionar partidas”, señaló.
El rector agregó que los hechos demostraron que el Ejecutivo sí tenía capacidad para cumplir con los compromisos. “Lo que pasó en julio también ponía en evidencia que no hace falta una ley que diga expresamente en un artículo de dónde salen los recursos para poder cumplir con un objetivo que el Estado se propone”, opinó.
Las universidades públicas nacionales atravesaron una etapa de incertidumbre mientras aguardaban la definición judicial. Bartolacci manifestó que ahora sienten alivio y satisfacción por el deber cumplido. “Es alivio. Es la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que vale la pena siempre. Cuando la causa es noble, vale la pena comprometerse”, expresó.
Consecuencias en el sistema universitario
La demora en la recomposición salarial y la actualización de becas tuvo efectos concretos en las universidades públicas. Bartolacci relató que docentes decidieron dejar sus cargos y buscaron otras fuentes de ingreso. “Por supuesto que pasó, no solo en Rosario, en todo el país. Y en algunas áreas disciplinares nos ha costado encontrar con qué reponer esos cargos”, afirmó.
El pluriempleo docente se extendió, según el rector. Muchos profesores combinaron la actividad académica con otros trabajos, algunos ajenos a su formación. “Conozco colegas que hacen las cosas más diversas, desde manejar un Uber hasta tener comercios o lo que fuera que le permita llegar a fin de mes”, describió.
La precariedad salarial también afectó la calidad de la enseñanza y la continuidad de proyectos científicos. “El 70% de la ciencia se produce en el sistema universitario público. Allí prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas y estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos”, advirtió.
Bartolacci alertó que la pérdida de investigadores y proyectos no se recupera de inmediato. “En formación de recursos humanos y en líneas de investigación lo que se pierde después no lo recuperás con un acto administrativo en un solo momento. A veces te demanda décadas volver al punto anterior”, señaló.
Prioridades y desafíos para el futuro
El rector remarcó la necesidad de resolver la cuestión presupuestaria y salarial como tarea urgente. Propuso avanzar hacia una reforma estructural del sistema universitario. “Hay que provocar una especie de segunda reforma universitaria”, sugirió.
Al mismo tiempon consideró que la universidad pública argentina debe adaptarse a un contexto nacional e internacional en constante cambio. “En una Argentina que ya no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace veinte o treinta años atrás. Ahora, esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo”, manifestó.
Según el rector, el sistema universitario y científico nacional debe reorientarse para aportar al desarrollo del país. Planteó la necesidad de transformar planes de estudio, métodos de enseñanza y la estructura de las carreras. “Hay que hacer una especie de revolución académica, pedagógica y curricular”, concluyó.
El fallo de la Corte Suprema marca un punto de inflexión. Las universidades aguardan la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. La comunidad universitaria se prepara para afrontar los desafíos pendientes y contribuir al desarrollo nacional.
—
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
