El Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Javier Milei. En reemplazo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.
Se trata de un mecanismo utilizado por el peronismo y el radicalismo en elecciones de décadas pasadas, antes de la implementación de las primarias obligatorias. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.
Ahora bien, la discusión genera controversia porque cosecha múltiples críticas de sectores de la oposición y de especialistas.
Cómo funcionan las listas colectoras
Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura para una elección ejecutiva. Así, varios candidatos a diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de un mismo candidato, como el caso de Javier Milei, sin compartir una única lista legislativa.
En la práctica, las listas colectoras son listas de distintos partidos políticos que presentan candidatos en una categoría (senadores, diputados, legisladores provinciales, intendentes o concejales) y adhieren a una misma lista para una categoría superior (presidente o gobernador). Esto implica que una candidatura ejecutiva puede estar acompañada por varias boletas distintas, cada una con listas legislativas de diferentes partidos.
La intención de este sistema es obtener lograr dos efectos políticos muy concreto:
- Efecto arrastre: Permite que un candidato relevante en la “punta” de la boleta sume votos de distintas listas que provienen de candidaturas menores.
- Función coordinadora: facilita la negociación entre facciones en una interna política y la supervivencia de partidos o grupos minoritarios, haciéndoles partícipes del “arrastre”, sin obligarlos a alianzas formales.
Un caso reciente muy conocido fue el de las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta y, en la provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador adhirieron a su candidatura presidencial con sellos partidarios diferentes: Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro. El primero resultó elegido gobernador.
Lo cierto es que fue una práctica transversal en los partidos políticos. Lo han utilizado desde el PJ, a la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), la Coalición Cívica (CC) y terceras fuerzas o grupos minoritarios provinciales.
Los cambios propuestos y las críticas
Durante varios años, las colectoras se ampararon en un “vacío legal” del Código Electoral Nacional (CNE), que no las permitía ni las prohibía de manera explícita.
En 2011, con la sanción de la ley de reforma política que creó las PASO, el decreto reglamentario del gobierno de Fernández de Kirchner oficializó la posibilidad de acuerdos de adhesión de boletas entre agrupaciones políticas no integrantes de una misma alianza. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujo sustantivamente la adopción de este tipo de estrategias.
Ahora bien, el problema principal que surge desde lo técnico es que las colectoras fueron inventadas en contextos de elecciones simultáneas, bajo el sistema de boleta partidaria con listas “sábanas” horizontales, que dificultan la individualización del voto por categorías. Funcionaba para ese viejo sistema. Con la Boleta Única, este inconveniente no queda resuelto.
Las listas colectoras suelen ser vistas como una mala práctica electoral: deterioran la equidad y la transparencia e introducen confusión en el votante. Con el sistema de boleta sábana, que aún sigue vigente para cargos locales en algunos distritos (como la provincia de Buenos Aires), favorecen a los aparatos partidarios que logran el control de la oferta de boletas.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri prohibió su uso mediante un decreto. Desde entonces, su implementación requiere un nuevo marco legal, ya que el sistema electoral argentino cambió en 2025 con la adopción de la Boleta Única de Papel, que reemplazó la boleta partidaria tradicional.
La nueva propuesta que baraja el oficialismo funcionaría del siguiente modo: Javier Milei encabezaría la boleta, seguido por la lista oficial compuesta por dirigentes de su núcleo y aliados recientes. Además, se incorporarían hasta dos listas adicionales de “adhesión”, que podrían ser conformadas por partidos como PRO o UCR, o por cualquier fuerza que decida respaldar al oficialismo. Esta limitación responde a cuestiones de espacio en la BUP.
Según fuentes del Gobierno, esta alternativa permitiría que los gobernadores provinciales respalden la suspensión de las PASO y presenten listas propias, sin necesidad de subordinarse plenamente a la Casa Rosada. A cambio de este apoyo, el Ejecutivo aceptaría no presentar candidatos a gobernador en distritos donde existan acuerdos con fuerzas aliadas.
Lo cierto es que no existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la BUP con colectoras.
Sin embargo, pese a las críticas, desde La Libertad Avanza evalúan una suerte de rebranding para incorporarlas a la reforma política. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar los estigmas del pasado reciente.
