Sequías, inundaciones y desigualdad territorial: los desafíos que enfrenta la gestión del agua en la Argentina

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Foto de archivo. Una vaca observa desde un campo anegado en la localidad de 12 de octubre, donde lluvias excesivas generaron una inundación

La sequía de 2022 y 2023 generó pérdidas superiores a los 14.140 millones de dólares para el agro argentino (CFI)

La Argentina suele imaginarse como un territorio de ríos caudalosos y llanuras fértiles. Sin embargo, su realidad hídrica es bastante más compleja: alrededor del 70% del territorio presenta condiciones áridas o semiáridas, y la disponibilidad del recurso se distribuye de forma profundamente desigual. La Cuenca del Plata concentra cerca del 85% del escurrimiento superficial del país en apenas un tercio del territorio nacional. El agua, lejos de ser un dato garantizado del paisaje, es uno de los principales condicionantes del desarrollo productivo, social y ambiental del país.

Esa brecha entre la imagen y la realidad tiene consecuencias concretas. Las distintas regiones enfrentan escenarios de disponibilidad, demanda y vulnerabilidad hídrica radicalmente diferentes entre sí, lo que hace imposible pensar en soluciones uniformes. Administrar bien el agua en un país federal y climáticamente diverso es, ante todo, un desafío de gobernanza.

Cuando el clima golpea la producción

Las consecuencias de una gestión insuficiente frente a la variabilidad hídrica ya se hicieron sentir con fuerza. La sequía de 2022 y 2023, producto de tres años consecutivos de déficit de precipitaciones, provocó pérdidas que superaron los 14.140 millones de dólares para los productores de soja, trigo y maíz, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El 70% del territorio argentino presenta condiciones áridas o semiáridas, pero la gestión del agua sigue siendo una deuda pendiente (CFI)

Los riesgos no se limitan a la escasez: durante el fenómeno El Niño de 2015 y 2016, las precipitaciones extraordinarias y los desbordes en la Cuenca del Plata llevaron a declarar la emergencia hídrica en siete provincias, con inundaciones, daños en infraestructura y pérdidas en la producción.

Ambos extremos —la sequía y el exceso— exponen la misma vulnerabilidad estructural: la falta de planificación anticipada. El problema no es solo climático; es también institucional y de inversión.

Proyecciones provinciales que obligan a actuar hoy

Los escenarios elaborados en los Planes Maestros impulsados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) permiten dimensionar los riesgos con precisión territorial.

Según proyecciones del CFI, Mendoza podría perder un 20% de su disponibilidad hídrica hacia 2050 (CFI)

En Mendoza, la disponibilidad total de agua podría reducirse alrededor de un 20% hacia 2050 respecto de los niveles de 2020. En La Rioja, las proyecciones hacia mediados de siglo combinan una caída cercana al 12% en las precipitaciones con temperaturas más altas y una población que podría crecer casi un 40%, lo que incrementaría la presión sobre fuentes superficiales y subterráneas que ya presentan signos de estrés. En Río Negro, los escenarios para 2055 anticipan cambios en la disponibilidad hídrica y mayores requerimientos de agua para la producción agrícola, como consecuencia del aumento de la evapotranspiración.

Estos datos no son predicciones inevitables. Su valor radica en otra parte: permiten identificar dónde y cuándo actuar. Planificar el agua implica anticipar esos desequilibrios y definir hoy las inversiones, mejoras de eficiencia y nuevas fuentes que van a ser necesarias para sostener el desarrollo de los territorios en las próximas décadas.

La brecha que los promedios no muestran

El desafío hídrico no es solo productivo. El acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo una de las principales brechas de infraestructura del país. Hacia 2023, la cobertura de agua potable por red alcanzaba al 87% de la población a nivel nacional, mientras que la de saneamiento llegaba apenas al 64%. La distancia entre ambas cifras revela que el acceso a redes cloacales continúa siendo una deuda considerablemente mayor que la del agua potable.

Solo el 64% de la población argentina accede a redes de saneamiento, una brecha que varía drásticamente según la región (CFI)

Los promedios nacionales, además, esconden desigualdades territoriales profundas. Los resultados del Censo 2022 muestran diferencias entre jurisdicciones y, dentro de una misma provincia, entre áreas urbanas consolidadas, localidades pequeñas, barrios populares y territorios rurales. En algunas regiones del país, el acceso a redes de saneamiento no alcanza a la mitad de la población; en otras, la cobertura es prácticamente universal.

A esa desigualdad territorial se suma la complejidad institucional propia del sistema argentino: el dominio originario de los recursos hídricos es provincial. Cada una de las 23 provincias administra sus aguas con marcos normativos, capacidades técnicas y realidades geográficas muy distintas entre sí. Los ríos y las cuencas que atraviesan varias jurisdicciones exigen coordinación, estándares comunes e información compartida entre administraciones que históricamente operaron de forma separada.

Tres jornadas federales para construir una agenda común

En ese contexto, el CFI y las provincias organizaron el Encuentro Federal del Agua, tres jornadas de trabajo que reunieron a referentes provinciales, técnicos, especialistas y organismos internacionales con el objetivo de construir una agenda común sobre la gestión integrada del recurso. El evento se inscribe en la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, el proceso de planificación estratégica que el organismo impulsa junto a las provincias.

Técnicos de todo el país se forman en gestión hídrica federal para diseñar políticas públicas desde cada territorio (CFI)

El foro abordó cinco ejes: disponibilidad y riesgo hídrico, agua potable y saneamiento, uso productivo y eficiencia, calidad del agua y ambiente, y gobernanza, planificación e inversión. La agenda también incorporó una perspectiva internacional: participaron referentes de Brasil, México, España, Israel y Países Bajos, junto a organismos como la FAO, la UNESCO y el IICA, que compartieron experiencias de gobernanza, innovación y financiamiento para la seguridad hídrica en contextos federales. El propósito no fue importar recetas, sino adaptar aprendizajes a una realidad particular: un país con 23 provincias y una geografía extremadamente diversa.

Formación técnica y trabajo interjurisdiccional

De las jornadas surgieron prioridades estratégicas, un mapeo de brechas normativas e institucionales y las bases de un plan de trabajo interjurisdiccional. El trabajo avanza también en el plano de la formación: la Diplomatura en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI ya forma cuadros técnicos de todo el país, con proyectos de política pública diseñados desde cada territorio.

La combinación entre planificación de largo plazo, coordinación federal y formación especializada apunta a cerrar la brecha entre el diagnóstico y la acción. Un país que logre planificar, invertir y coordinar la gestión de su agua estará mejor preparado para producir, exportar y garantizar el bienestar de su población.

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