Tomás Camarasa, coordinador del Programa Chaco de Aves Argentinas, alertó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que el avance sobre 1.800 hectáreas amenaza el bosque nativo chaqueño
Durante una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el referente ambiental describió la situación en los terrenos linderos al Parque Provincial Loro Hablador, en Chaco.
Aves Argentinas exige el cese inmediato de las tareas y sostiene que el desmonte continuó aun después del secuestro de cuatro topadoras. Camarasa señaló que la intervención ocurre junto a la principal unidad de conservación provincial.
La pérdida de conectividad del monte chaqueño
El coordinador precisó que el Parque Provincial Loro Hablador tiene 30.750 hectáreas y está cerca del corredor que también incluye al Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero. “Es un área de mucha fragilidad ambiental”, afirmó.
“Es un bosque que tarda muchísimo, en muchos casos no se recupera y además es hábitat de especies amenazadas y monumentos naturales que están muy complicadas en términos de población”, sostuvo sobre el ecosistema afectado.
Camarasa ubicó el caso dentro de un proceso acumulativo de deforestación en la provincia y la ecorregión del Gran Chaco. “Un día te faltan mil hectáreas acá, otro 500 hectáreas del otro lado y así se van sumando”, dijo.
El integrante de Aves Argentinas señaló que la degradación ambiental no se percibe de forma inmediata. “Nosotros vamos viendo un deterioro progresivo de la calidad ambiental de los ecosistemas de acá”, explicó.
También planteó que la conservación requiere continuidad territorial entre los distintos núcleos de bosque. “El ecosistema necesita conectividad y esa conectividad es cada vez menor”, advirtió.
Sobre la cercanía de las máquinas con el área protegida, contrastó el escenario actual con el de años anteriores. “Hace diez, 15 años era completamente impensado pensar que la zona cercana al Parque Loro Hablador podía ser desmontada”, recordó.
“Quedaban lejísimas las topadoras y ahora las tenemos ahí, literalmente en la puerta del parque, y desmontando en zonas donde está prohibido el desmonte por la ley”, denunció.
Aves Argentinas pidió frenar las tareas y restaurar el campo
Camarasa indicó que la identificación de los responsables depende de la Dirección de Bosques provincial, que concentra los datos sobre las topadoras y la titularidad de los campos. “El único que tiene esa información es la autoridad provincial de aplicación”, señaló.
La organización presentó un pedido de acceso a la información pública y otra presentación ante ese organismo. El objetivo, según explicó, es reunir datos sobre el caso y exigir medidas de recomposición ambiental.
“Acá lo más importante es que ese campo el año que viene no sea explotado comercialmente con agricultura o con ganadería, sino que se clausure y se restaure”, sostuvo el coordinador.
El referente vinculó ese pedido con las obligaciones previstas por la normativa. “Es lo que manda la ley”, afirmó sobre la restauración de los terrenos intervenidos.
Durante la entrevista, Camarasa repasó los cambios aprobados en Chaco en 2024 sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “Cerca de 420 mil hectáreas de bosque perdieron la categoría de conservación”, detalló.
Según explicó, esa modificación habilitó la posibilidad de desmontar zonas que antes tenían protección. “420 mil hectáreas que antes no podían desmontarse, a partir de esta reforma se propone que se puedan desmontar”, planteó.
El coordinador cuestionó el criterio normativo aplicado por la provincia. “La legislación ambiental, cada vez que se reforma, tiene que ir hacia mayores grados de protección”, afirmó.
También aludió a los principios de no regresión y progresividad ambiental, presentes en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú. “La Corte Suprema ha sido clara al respecto, pero acá en Chaco hemos tenido lamentablemente un retroceso en términos normativos”, sostuvo.
Los incentivos económicos detrás del desmonte
Camarasa rechazó que la expansión de la frontera agropecuaria se traduzca de manera automática en empleo, desarrollo o bienestar para la población chaqueña. “Nosotros no estamos en contra de la producción, ni del trabajo, ni del progreso, ni de la generación de riqueza”, aclaró.
El dirigente ambiental comparó los indicadores sociales de Chaco y Santiago del Estero con sus registros de deforestación. “Si el desmonte significaría progreso, provincias como Chaco y Santiago del Estero, que son récord mundial en términos de deforestación, no tendrían los niveles o los índices socioeconómicos que tienen actualmente”, cuestionó.
A partir de ese diagnóstico, propuso revisar quién obtiene los beneficios de la transformación del territorio. “La pregunta es: ¿para qué se desmonta y quién se beneficia de ese desmonte?”, planteó.
El valor de los campos aparece entre los incentivos que, según el coordinador, empujan estas prácticas. “Una hectárea desmontada vale entre cuatro o cinco veces más que una hectárea con bosque”, explicó.
Camarasa sostuvo que las sanciones no alcanzan para disuadir infracciones. “Las multas son irrisorias y rara vez se cumplen”, dijo, y agregó que, cuando se aplican, “son un ítem más del costo del plan de negocio”.
El referente cuestionó además las autorizaciones que permiten comercializar madera originada en desmontes ilegales y la falta de restauración efectiva de los campos. “El negocio cierra por todos lados”, resumió.
Sobre el impacto social, afirmó que la deforestación coincide con la concentración de la propiedad de la tierra. “Cuando antes tenías una proliferación de chacras familiares, ahora hay grandes latifundios que emplean muy poca mano de obra por hectárea”, describió.
Camarasa relacionó ese proceso con la migración de habitantes rurales hacia las ciudades y los conurbanos. También alertó por la fragilidad de los suelos chaqueños: “Quizás durante diez o 15 años podés tener una buena explotación agropecuaria, pero luego de eso la tierra tiende a desertificarse”.
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