
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá esta tarde -15- para analizar el nuevo borrador de reforma política que filtró el Gobierno y lograr un objetivo central de la Casa Rosada: suspender las PASO 2027. El convite representa un desafío no menor, luego de tres meses de penosas operaciones de Balcarce 50, que ahora precisa conseguir diez firmas para dictaminar el tema y poder tratarlo, en el mejor de los casos, desde la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.
El aterrizaje del “renovado” articulado vuelve a presentar la usual metodología libertaria: texto inicial inflado, un primer barrido de artículos que no pasarían bajo ningún punto de vista y, en las últimas horas, ítems aún en el proyecto que, en caso de ser fileteados, servirían de consuelo a eventuales aliados para justificarse, como el debate presidencial sí o no, o la publicidad gratuita. Será divertido y por eso no se descarta que, para llegar a la meta, aparezca más de un dictamen, debido a que lo importante es llegar al número mínimo de rúbricas en la comisión, conformada por 19 integrantes.
La Casa Rosada se interesó en remarcar, por caso, que en la flamante propuesta se sostiene la activación de la Ficha Limpia. No obstante, muchas miradas estarán depositadas en comprender el permiso de una colectora extra por lista presidencial. Acá está el nervio central de una discusión que, lejos de querer mejorar el sistema, apunta al poder: los aliados saben que no pueden perder más legisladores nacionales en la próxima renovación o el mileísmo, en caso de tener suerte y reelegir, no necesitará llamar más a sus gobernadores. Pocos imaginan, en medio de la vorágine, qué ocurriría con una ley sancionada y una potencial cautelar para que se declarar irregular a ese mecanismo.
Esta batalla es la que también gatilla una feroz interna dentro de La Libertad Avanza, entre quienes prefieren no acordar con mandatarios provinciales y los que insinúan que no es el momento de hostigar. Como se verá, mejorar el sistema electoral no se encontraría entre las primeras prioridades, al menos, por estas horas. La diferencia es que, a partir de esta tarde, será a la vista de todos y con un campo minado para un par de senadores.

Veamos la integración de Asuntos Constitucionales: hay seis libertarios, seis dialoguistas, la peronista híbrida Carolina Moisés (Jujuy) y seis del bloque kirchnerista. Bajo este escenario, el oficialismo requiere obtener quorum en la comisión y cuatro firmas extra a su postura, que suma divergencias en voz baja. Hay aliados que, según el caso, responden o no a gobernadores. En el primer grupo se hallan los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la oscilante justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y la ex filo macrista Beatriz Ávila (Tucumán).
Sin terminal se anotan el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y la ahora ex kirchnerista Moisés. Dentro de lo que la Casa Rosada desliza como entendimientos cerrados registra a Suárez, Vischi y a Vigo. En los últimos meses, la cordobesa buscó desmarcarse lo más que pudo del mileísmo y pareció ofuscada en cada trabajo legislativo en el que participa y hace uso de la palabra.
Los movimientos de Vigo son curiosos. Ayer, un avezado conocedor de las peripecias en la Cámara alta recordó a Infobae que, días atrás, la esposa del ex gobernador Juan Schiaretti pidió, en plenario de comisiones, modificaciones a la iniciativa sobre discapacidad ya lista para ser sancionada, en principio, pasado mañana. Es decir, justo lo que deseaba Balcarce 50 -con otra tonalidad, claro está-, pese a que Martín Menem dejó pasar todo lo que reclamó la oposición en Diputados. Cambiar dicho articulado, con la emergencia vigente a punto de caer, hubiese implicado un regreso en segunda revisión a la Cámara baja y dilación. Así de compleja es la realidad del Congreso y nada es lo que parece.
En tanto, Ávila responde al multi peronista -según la temporada- Osvaldo Jaldo, que defiende las PASO. Quien no suele ser un amante de las decisiones apresuradas es Espínola, por más que avale en un futuro cercano. Por su parte, Moisés es vice de la Cámara alta, tuvo un guiño ágil días atrás con la ley de cabotaje que tanto promocionó -podría aprobarse pasado mañana, súper exprés-, recibió otros tantos desde que aterrizó como senadora desde lo administrativo y charla seguido con un mandatario que no es de su provincia, el salteño Gustavo Sáenz.
Queda Fama. Dio señales de ir en contra en el pasado, aunque tuvo un 2026 algo zigzagueante, como con propiedad privada que avaló en comisión y la venta de tierra a extranjeros que después rechazó desde su licencia médica: no llegó al recinto por una intervención en la rodilla, aunque a la semana siguiente se lo vio por los pasillos del Senado con una recuperación envidiable.
Mientras el foco se halla depositado en la reforma política, otra trifulca tóxica se precipita por el Consejo de la Magistratura. El plazo para presentar notas con postulantes se consuma en las próximas horas. El kirchnerismo y el oficialismo ya mostraron sus cartas y pretenden dos butacas cada uno, como si fuesen ambos mayoría. El radicalismo hasta anoche no lo hizo -para variar- y le corresponde la banca por la minoría final.
Son cuatro los sillones en dicho organismo para el Senado. A la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, le corresponde elevar y comunicar esas propuestas con notas en mano, pero su intención es no quedar en el medio de una pelea que no es suya y que se precipitaría, con final incierto, en la Labor Parlamentaria de mañana, donde se deberá cerrar el temario para la sesión del jueves.
El peronismo sumó a un soldado semanas atrás -el generoso riojano Fernando Rejal– para pasar por uno a los libertarios. Una picardía innecesaria. Lo interesante de esa jugada es saber a quién se le ocurrió. También es cierto que los kirchneristas superaban al inicio del recambio legislativo -diciembre 2025- a los mileístas por la mínima diferencia. Las jornadas que se avecinan podrían ser frenéticas.



