Un renglón en el currículum del nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, echó un manto de dudas sobre la participación que tendrá en una de las tareas más desafiantes como jefe de todos los abogados del Estado: el juicio por la estatización de YPF, donde la Argentina deberá defender ante un hearing la apelación que hizo contra el fallo que la obliga a pagar 16.100 millones de dólares.
Alberto Bianchi, uno de sus socios en el estudio de abogados donde Castro Videla se desempeñaba, fue uno de los expertos elegidos por Burford Capital, el fondo que litiga contra el Estado por el Grupo Petersen en el conflicto, para defender su posición ante los tribunales de Estados Unidos. Es el pleito más costoso que enfrenta la Argentina.
Por este motivo, existen expertos que cuestionan la imparcialidad de Castro Videla, más allá de que fue su socio y no él quien estuvo involucrado en el juicio. “En esos casos trabaja todo el estudio de abogados. Hay un conflicto de intereses. Es raro que no lo hayan ponderado”, sostuvo ante la consulta de LA NACION un abogado con recorrido en el sector público, que estuvo en contacto con el caso.
Bianchi tuvo un rol “casi protagónico” en el juicio, explicó la misma fuente. Lo hizo en calidad de experto jurídico. El fondo Burford se apoyó en distintos nombres de peso en el mundo del derecho para fortalecer su postura ante la Corte del Distrito sur de Nueva York, por donde desfilaron letrados de la universidad de Yale o Berkeley. Bianchi, el socio de Castro Videla, lo hizo en más de una oportunidad.
Más allá de si Castro Videla tuvo o no participación técnica en el juicio, hay quienes señalan que es altamente probable que como socio del estudio que lleva su nombre haya cobrado alguna regalía por la asesoría que Bianchi sí brindó en las depositions, como se llama en Estados Unidos a la instancia previa al juicio en la que se reúnen pruebas.
Antecedente
Este no sería el primer revés para el país en este sentido. Rodolfo Barra, que salió eyectado del cargo la semana pasada, debió excusarse de intervenir en la causa, luego de que se conociera su asesoría legal a Cristina Kirchner en la causa que se conoce como Vialidad. Algunos, como el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señalaban que eso suponía un conflicto de intereses, ya que el caso de YPF rozaba a su clienta.
Con todo, el presidente Javier Milei, su exjefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo LIbarona, aceptaron el corrimiento de Barra por “haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino, el 11 de octubre de 2021, a solicitud del Administrador Concursal designado en los procesos concursales de las sociedades Petersen Energía Inversora S.A.C. y Petersen Energía S.A.U”.
“Parece una maldición”, agregó una voz que conoce profesionalmente tanto a Bianchi como a Castro Videla mientras repasa el derrotero del juicio en último tiempo.
Tras su apartamiento, la causa quedó en manos del segundo de la Procuraduría, Andrés de la Cruz, cuya participación también quedó envuelta en cuestionamientos por los lazos que lo unían con el Grupo Petersen, asociado a la familia Ezkenazi. De la Cruz, sin embargo, nunca se excuso.
Al llegar al poder, La Libertad Avanza promovió como segundo de Barra en la Procuración a Andrés de la Cruz. Fue durante años el abogado de los Eskenazi en el estudio Cleary Gottlieb, como consta en la documentación presentada por esos empresarios en la Securities and Exchange Commission de Nueva York cuando ingresaron a YPF. Hoy de la Cruz es el encargado de litigar a favor del Estado contra sus antiguos clientes, que están asociados al resultado que obtenga Burford. De la Cruz fue designado para secundar a Barra por indicación del ministro de Economía Luis Caputo.
