Las tensiones en torno a las ciudades santuario en Estados Unidos se intensificaron tras la asunción de Donald Trump. Su administración, marcada por políticas migratorias estrictas como redadas masivas y deportaciones, generó un aumento en la presión federal sobre estas jurisdicciones. En este contexto, figuras como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrentan audiencias en el Congreso, donde deberán justificar las políticas aplicadas.

¿Qué son las ciudades santuario?

No existe una definición oficial de “ciudad santuario”, pero el término describe políticas que limitan la cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias. Estas buscan priorizar la seguridad comunitaria y garantizar que las personas migrantes puedan acceder a servicios básicos sin temor a ser deportadas.

Estas jurisdicciones pueden ser ciudades, estados o condados, y sus políticas varían ampliamente. Un mito común es que estos santuarios “esconden” a los migrantes indocumentados. Según el American Immigration Council, en estos lugares no se protegen a quienes cometen delitos ni impiden que las autoridades federales ejerzan sus funciones. En cambio, permiten que las personas sin documentos puedan vivir sin miedo constante de deportación mientras contribuyen a sus comunidades.

¿Cómo operan las ciudades santuarios para proteger a los migrantes?

Las ciudades santuario regulan cómo interactúan las agencias locales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Entre las medidas más comunes están, según Global Refuge:

• Restricciones a las órdenes de detención: muchas jurisdicciones no cumplen con las solicitudes de las autoridades federales para retener a personas migrantes más allá de su tiempo de detención legal. Esto ocurre con las llamadas “órdenes de detención” emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
• Prohibiciones de acuerdos 287(g): este programa, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite a ICE entrenar y delegar funciones migratorias a las policías locales. Algunas ciudades han optado por no participar en estos acuerdos porque afirman que crean desconfianza en las comunidades migrantes.
• Políticas contra centros de detención: en algunas jurisdicciones, se han promulgado leyes que impiden la construcción o uso de centros de detención para migrantes. Esto incluye tanto la negación de contratos con el gobierno federal como la prohibición explícita de operar dichas instalaciones.
• Limitación en el intercambio de información: varias ciudades restringen que las fuerzas del orden locales compartan información sobre el estatus migratorio de una persona con el gobierno federal.

Las políticas de santuario: autonomía local y desarrollo comunitario

Las políticas de santuario se basan en el principio de que el gobierno federal no puede obligar a las jurisdicciones locales a participar en la aplicación de leyes migratorias. Este enfoque se sustenta en la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el gobierno federal no puede emitir directivas que exijan a los estados resolver problemas específicos ni ordenar a sus funcionarios implementar o hacer cumplir programas regulatorios federales, según American Immigration Council.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración recae exclusivamente en el gobierno federal. En consecuencia, la participación de las autoridades locales en estas tareas requiere una autorización explícita.

Uno de los puntos centrales de estas políticas es el cumplimiento voluntario con las órdenes de detención migratoria emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés). Estas órdenes son solicitudes no vinculantes que piden a las agencias locales mantener bajo custodia a individuos más allá de su tiempo de detención legal.

Según Freedom and Citizenship, un programa de la Universidad de Columbia, las políticas de santuario contribuyen al desarrollo económico y social de las comunidades donde se implementan. Los migrantes no solo representan una fuerza laboral esencial, sino que también son una fuente de innovación y emprendimiento. Desde su enfoque, estas ciudades se benefician de una integración cultural que fortalece su tejido social, mientras que la confianza en las instituciones locales permite un mayor dinamismo económico.