Cristina Fernández de Kirchner provoca, no solo en la causa, que la condena y la mantiene detenida en el segundo piso de San José 1111, necesitada de sostenerse como referencia opositora y en la interna peronista. También ganó espacio la causa sobre maniobras corruptas en el área de discapacidad, que trasciende los famosos audios de Diego Spagnuolo. Con menos ruido, por el deterioro del protagonista, se anotó un renglón Alberto Fernández. Y otras denuncias sobre oscuridades dominaron el trámite de rigor sobre los pliegos de los nuevos senadores nacionales. En conjunto, temas que copan la agenda pública en estas horas y alimentan la fatiga de arrastre con la política.
CFK acaba de forzar el dictado de restricciones para recibir visitas bajo el régimen de prisión domiciliaria. Fue después de que difundiera fotos con nueve economistas, que pasaron juntos por su departamento para exponer que el kirchnerismo tiene propuesta económica. Pero no se trata de un gesto vinculado solo a la condena por la causa Vialidad. Fue notoria su actitud en el primer zoom por la causa de los cuadernos de las coimas: evitó exponerse frente a la cámara y generó el efecto buscado, incluida una muy medida advertencia de los jueces.
La expresidente amplifica cada uno de esos gestos para descalificar las causas judiciales, que en algunos casos y a pesar de los muy extendidos tiempos, impactan con nuevos pasos. El último fue la decisión de avanzar con el decomiso de bienes en la causa Vialidad. CFK expone malestar, disgusto personal, y objetivo político. Intenta —señal de su situación— mantenerse en lugar destacado como contraparte de Javier Milei, algo que resulta funcional a Olivos, y reafirmar su defensa en la interna, que cruje después de la derrota electoral.
De manera rápida, salió al cruce de las restricciones en materia de visitas. La discusión que planteó formalmente fue acerca de la autorización colectiva para aquella recepción de economistas, algo que el juez rechazó con explicaciones sobre la cantidad y el sentido individual de cada visto bueno. El punto, en materia política, fue otro. En un comunicado, sostuvo que la medida fue impuesta por el “bestiario mediático” y ejecutada por el “bestiario judicial”. Un clásico en su discurso.
Al igual que en otras oportunidades, y al momento de contraponer números económicos, se refirió a la gestión de Alberto Fernández, sin nombrarlo y como si fuera ajena a esa etapa. Le dedicó unas pocas líneas y lo mencionó como “el gobierno peronista más flojo”.
En las mismas horas, Alberto Fernández era noticia, aunque de módico impacto, porque la Cámara Federal acababa de confirmar el procesamiento en la causa de los seguros. No es un tema menor. El caso también expone corrupción sistémica en el aparato del Estado. Esa decisión del tribunal dejó abierto el camino para la instancia de juicio oral.
Por supuesto, el caso que expone de manera más abierta y en niveles más impresionantes los mecanismos de corrupción es el de los cuadernos de las coimas. La Justicia busca dar ahora un mensaje de interés sobre los tiempos de esta “megacausa”, que ya lleva más de ocho años. Las señales se sucedieron apenas iniciado el tramo oral del proceso que involucra a CFK y casi noventa acusados, buena parte de ellos, empresarios. Y los movimientos para acelerar las audiencias expusieron a la vez tensiones judiciales.
El Tribunal Oral Federal quedó en el foco público por la decisión de realizar solo un zoom por semana, algo que provocó malestar en las cámaras pertinentes y hasta en la Corte. Hubo señalamientos públicos o por la vía de los trascendidos. Y el tribunal a cargo de la causa reaccionó destacando que desde hace años vienen reclamando más recursos —para contratar personal y atender otros rubros presupuestarios—, sin éxito. Casación dispuso finalmente medidas para extender a tres las audiencias por semana y confirmó la utilización de un auditorio -que sería habilitado a mediados de diciembre- para sesiones presenciales.
De manera llamativa, un registro puntilloso de movimientos y operaciones -otra vez en un cuaderno- podría generar avances significativos en el caso de la administración del área de discapacidad. Fuentes judiciales dicen que hace rato los audios de Spagnuolo dejaron de ser el eje de la causa. La renovada defensa del exfuncionario sostiene que las grabaciones fueron adulteradas o editadas. Como sea, las mayores novedades, en línea con los trascendidos, afirmarían que lo que está en la mira es una red de corrupción para el reparto de contratos con droguerías.
Spagnuolo fue citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, pero se negó a dar respuestas. Está pendiente un pedido de detención formulado por el fiscal Franco Picardi, que apunta además a otros funcionarios. Y se agregó el capítulo de Ornella Calveti, hija del empresario Miguel Angel Calvete, señalado como una pieza clave del entramado en la ANDIS. Un allanamiento dio con US$ 700 mil.
Fuera del ámbito estrictamente judicial, otras denuncias graves produjeron cruces en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió para revisar los pliegos de los 24 senadores que deben asumir el 10 de diciembre. Y como era de esperar, se produjo una carga opositora sobre la libertaria Lorena Villaverde, expuesta desde los días en que estalló el caso de José Luis Espert y la vinculación de la legisladora rionegrina con Fred Machado. Peronistas, pero también senadores de otros espacios, firmaron el dictamen de rechazo a Villaverde.
En respuesta y sobre la hora, el oficialismo resolvió impulsar sus propias impugnaciones. Apuntaron contra Jorge Capitanich y Martín Soria. Señalan causas o denuncias por sus gestiones, uno como gobernador chaqueño y el otro, como intendente de General Roca. Esa movida fue cuestionada por razones de procedimiento. La ofensiva violeta fue adjudicada a Patricia Bullrich, ya como virtual jefa del oficialismo en el Senado.
La pulseada quedará resuelta el viernes de la semana que viene, en el recinto. Con todo, es probable que la mirada del oficialismo no desatienda el frente judicial.
