El cambio de ministro de Justicia que significó el ingreso al Poder Ejecutivo de Juan Bautista Mahiques implicó que se movieran todos los poderes del Estado. El Judicial porque significa la llegada de un nuevo jefe político pero que en este caso viene de “la familia” y el Legislativo porque significó que tomara impulso una comisión en el Senado que por ahora venía sin demasiada actividad.
La intención del ahora ministro Mahiques es la de avanzar con el envío de poco más de 200 pliegos para diferentes cargos en la Justicia federal de todo el país que hasta ahora el Ejecutivo viene frenando.
“Va a analizar los casos que dejó el ministro anterior”, aseguraron. Los que conocen los pasillos de la Casa Rosada y la decisión de la llegada de Mahíques aseguran que frenó el proceso de designación para evitar vestigios de acuerdos con los que la Secretaría General de la Presidencia no esté de acuerdo. Pero en el Congreso de la Nación buscan resolver algunos temas administrativos y de organización antes de que lleguen los documentos.
El próximo miércoles está prevista una reunión de los presidentes de los bloques del Senado de la Nación en donde el oficialismo planteará su intención de acelerar los trámites y poner a trabajar rápidamente a la Comisión de Acuerdos. El punto a resolver es qué va a hacer el kirchnerismo que hasta ahora no la integró.
El bloque que conduce José Mayans viene reclamando por el reparto de los lugares en las Comisiones, por eso se negó hasta ahora a enviar los nombres de los tres senadores que deberían ir a esta comisión en representación del bloque.
Aunque hasta ahora el peronismo se venía negando y señalando en cada oportunidad que se incumplía con el reglamento y la proporcionalidad de las sillas para cada uno de los bloques, fuentes del kirchnerismo confiaron a Infobae que en las próximas horas “ingresará en la presidencia de la Cámara de Senadores los tres legisladores propuestos por el bloque”. Se espera que entre las designaciones estén Anabel Fernández Sagasti, quien supo presidir esta comisión y, teniendo en cuenta los senadores que estuvieron presentes y tomaron la palabra cuando se debatió el pliego como embajador del exdiputado Fernando Iglesias, la lista la podrían completar la senadora bonaerense Juliana Di Tullio y el chubutense Carlos Linares.
Otro punto que también será eje de la discusión es que el Gobierno ya adelantó que dejará de utilizar los informes de instituciones privadas a la hora de analizar los pliegos de los jueces y militares que pasan por esta comisión. La referencia del mundo libertario es al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es quien suele “peinar” a cada uno de los candidatos.
“Los que privatizan todo ahora se quejan de que una entidad privada hace informes de cada uno de los candidatos. Lo que queda claro que no es un problema de público o privado, sino quién es ese privado”, explicó un senador peronista.
El proceso es que el Consejo de la Magistratura propone una terna para cada uno de los cargos a cubrir, el Ejecutivo selecciona a uno de esos tres candidatos y envía los pliegos con los antecedentes al Senado. Hay un período de audiencias, expone el candidato ante la Comisión y esta es la que dictamina a favor o no. Con dictamen favorable solo resta que ingresen al temario de la próxima sesión y obtengan la aprobación del pleno con mayoría simple.
