Una denuncia judicial contra Cristina Kirchner, acusándola de presunto fraude contra la administración pública, fue presentada este lunes por la Fundación Apolo en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación indicó que la expresidenta habría percibido beneficios previsionales indebidos al declarar un domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz, mientras residía de manera habitual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El reclamo incluye la solicitud de restituir los fondos obtenidos de manera irregular, en lo que se considera un perjuicio a las arcas públicas. La acción judicial, encabezada por el legislador porteño Yamil Santoro y los abogados José Magioncalda e Ignacio Falcón, apunta a una supuesta defraudación en el marco de los artículos 172 y 174 del Código Penal.
El eje de la denuncia radica en el suplemento correspondiente a la “zona austral”, un beneficio destinado exclusivamente a residentes de la región patagónica, que Fernández de Kirchner habría percibido como parte de su asignación vitalicia mientras reside en la Ciudad de Buenos Aires.
El cuestionamiento gira en torno a la percepción de este suplemento, que habría incrementado los ingresos de la expresidenta en más de seis millones de pesos hasta su suspensión. Este monto, según la Fundación Apolo, representa un daño directo al patrimonio del Estado, ya que el beneficio se otorgó con base en una declaración de residencia presuntamente falsa.
Los hechos que motivaron la denuncia fueron dos. Por un lado, el director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, reveló en una entrevista que la liquidación de la expresidente incluía un suplemento por zona austral, un beneficio otorgado debido a la residencia declarada de Cristina Kirchner en Río Gallegos, Santa Cruz. Son $6.354.523, los que correspondían al suplemento, diseñado para compensar “las condiciones geográficas y económicas desfavorables de quienes residen en la región patagónica”, explicaron en el escrito.
Allí mismo citaron a la periodista Camila Dolabjian, quien “exhibió las liquidaciones de fecha 22/11/2024, correspondientes a los beneficios de la condenada ex mandataria, de donde surge el domicilio declarado de la Provincia de Santa Cruz”. Esas liquidaciones efectivamente evidencian el domicilio declarado, en la Av. Presidente Néstor Kirchner, en Río Gallegos.
La denuncia también señala responsabilidades compartidas. Funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el organismo encargado de otorgar y administrar los beneficios previsionales, son acusados de permitir la concesión indebida de este suplemento. Según la presentación, que cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, estas acciones podrían configurarse como malversación de caudales públicos.
Los denunciantes argumentaron que la percepción de beneficios basados en información falsa no solo constituye un acto de fraude, sino que también viola principios básicos de transparencia y administración adecuada de los recursos públicos. “Es fundamental que se investigue y sancione este tipo de conductas para preservar la integridad del patrimonio estatal”, sostuvo Santoro en un comunicado.
