El escándalo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y las fotomultas le costó el cargo de ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires a Jorge D’Onofrio, pero también a al menos dos funcionarios del área que son investigados con él en los tribunales provinciales y al director de la VTV, que en los años 90 fue abogado del asaltante de camiones blindados Luis “El Gordo” Valor. El nuevo titular de la cartera bonaerense de Transporte, Martín Marinucci, apartó de sus cargos a Facundo Asencio y Roxana Pombo, ambos incluidos en la causa, y a Héctor Lufrano Tamasi, la principal autoridad de la verificación durante la gestión de D’Onofrio.
Asencio se desempeñaba como director de Fiscalización y Control de la VTV; lo reemplazará Ricardo Bezos (exasesor en Trenes Argentinos), según confirmó a LA NACION una fuente del área de Transporte provincial. El funcionario saliente es el exesposo de Agustina Cuadra, hija de Claudia Pombo, la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar (fue desplazada a fines de noviembre de 2024, cuando estalló el escándalo de las fotomultas) y ladera política de D’Onofrio en el distrito.
En la investigación contra el exministro por presunto lavado de dinero, que se sigue en el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay, a Asencio se lo identifica como titular de una camioneta Audi Q8 que en la denuncia (realizada por Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que provee los equipos para detectar las infracciones y el sistema para procesarlas) se vincula con D’Onofrio.
Roxana Pombo, hermana de Claudia Pombo, también es concejal en Pilar. Fue desplazada del cargo de directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, que ostentaba dentro de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial del ministerio que conducía D’Onofrio. Aunque el nombre de su reemplazante está decidido, aún no trascendió de fuentes oficiales.
También dejó su cargo Héctor Lufrano Tamasi, que se desempeñaba desde junio de 2022 como director provincial de la VTV. Lo reemplazará Damián González (exconcejal de José C. Paz), aseguró a este diario una autoridad del gobierno provincial. Lufrano Tamasi, que no está bajo investigación en la trama de la VTV y las fotomultas, fue secretario de Seguridad bonaerense por un mes, en 1999. En septiembre de ese año, renunció luego de que trascendiera que había sido abogado del Gordo Valor.
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El nuevo ministro de Transporte del gobierno de Axel Kicillof, además, apuntó contra el juez provincial de faltas ante el Juzgado Provincial de La Plata y San Isidro, Mario Quattrochi, otro de los investigados junto a D’Onofrio, en particular, en el caso de las fotomultas (la existencia de presuntos gestores ilegales que ofrecían a los infractores eliminar la sanción del sistema a cambio del pago de un porcentaje de la multa), pero también en la investigación por presunto lavado de dinero: solicitó la limitación de funciones del magistrado como juez administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de La Plata.
Marinucci (extitular de Trenes Argentinos y militante del Frente Renovador, al igual que D’Onofrio) también relevó a funcionarios de otras áreas que no están bajo investigación judicial por el caso D’Onofrio. Además, según indicaron a LA NACION desde el Ministerio de Transporte bonaerense, el nuevo ministro también les pidió a los intendentes de municipios adheridos al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (Sacit) y a los juzgados provinciales que ratifiquen o rectifiquen los usuarios de ese sistema. Les otorgó plazos de 72 y 48 horas, respectivamente.
Al vencer los tiempos otorgados para los municipios y juzgados que participan en el sistema de multas, Marinucci ordenó dar de baja usuarios. Desde el ministerio, precisaron que se trató de 23 usuarios que figuraban con el rol de juez, pero correspondían a secretarios y prosecretarios de juzgados provinciales y municipales; 15 usuarios provinciales de distintos juzgados, y 47 usuarios municipales de juzgados. Además, indicaron que “se limitó por sistema la funcionalidad de asumir competencia de causas que no correspondan a la jurisdicción a cargo del juez solicitante, salvo casos debidamente fundamentados”.
