Este será un fin de semana de contactos cruzados entre jefes provinciales y funcionarios nacionales, consecuencia directa de una combinación de necesidades. El Ejecutivo empuja una rápida adhesión de las provincias al plan “dólares del colchón” para generar sostén y confianza en las medidas -frente a viejas y nuevas prevenciones sociales-, y los gobernadores reclaman atención por la caída de los fondos de coparticipación federal y el largo parate de la obra púbica. El Gobierno enfrenta otra vez el juego que menos le gusta: generar acuerdos políticos que no están atados exclusivamente a sus intereses.
La tarea inicial del Gobierno para sumar apoyos provinciales -y más adelante, garantizar un par de proyectos legislativos en materia tributaria- está enfocada en darle sustento a su plan de los dólares. El tablero sumó una pieza de los gobernadores, que motorizan un encuentro para destacar el peso político de sus demandas, con los cuidados del caso para evitar pinceladas de oposición dura. Así y todo, neutralizar de algún modo esa cita -es decir, desarmarla o bajarle el tono- amplió la agenda de Olivos.
Con el sello del Consejo Federal de Inversiones, la convocatoria armada en contactos previos entre jefes provinciales trascendió finalmente con fecha para el martes próximo, aunque podría sufrir algún cambio. Por supuesto, será un encuentro virtual. Ese mismo facilita la cita y de paso, quedaría claro el mensaje sin el impacto de la foto conjunta frente a los ojos de Olivos. Supone también una fórmula de equilibrio en el tablero heterogéneo del CFI.
Resultó llamativo que a la par de la información del encuentro circulara una planilla que expone la caída de fondos automáticos por coparticipación federal. Importan los números y los datos políticos. Las cifras dicen que la variación entre la proyección de este año y el 2024 marca una baja del 4,2%. Trepa al 11,5%si se toma como referencia el 2023 y hay distritos especialmente desfavorecidos, entre ellos Santa Fe y La Pampa, en torno de los 6 puntos porcentuales.
Los números seguramente serán discutidos por el Gobierno con estadísticas diferentes. Pero se destacan los mensajes políticos y entre ellos sobresalen al menos dos. El primero, obvio, es que la referida planilla expresa una preocupación extendida entre los gobernadores, porque afecta a todos: no se trata de los fondos que maneja el poder central desde siempre y de manera discrecional, sino de la coparticipación. Y el segundo es que ese listado sobre evolución de las transferencias automáticas fue difundido desde las cercanías de gobernadores de la oposición dura y también de algunos dialoguistas.
Con todo, nadie que conozca mínimamente el tema podría decir que se trata de una sorpresa. Es un tema de arrastre y, de hecho, ya a principios de mayo había trascendido el malestar de jefes provinciales por cambios en impuestos coparticipables, particularmente Ganancias e IVA. Es decir, se cruzan decisiones del Gobierno nacional y una caída vinculada de manera directa al cuadro de la actividad económica. En cuanto a las políticas nacionales, se agregan desde hace rato reclamos y negociaciones frustradas para lograr la reactivación de algunas obras públicas, sobre todo rutas nacionales que son vitales para las provincias.
Parte del malestar viene siendo atribuido por jefes de provincias a problemas de interlocución. En esa línea, destacan contradicciones, y también avances y marcha atrás, en un ejercicio que involucra centralmente a Guillermo Francos, pero que tiene como referencia de peso a Luis Caputo y que añade, con algunos mandatarios, canales directos con Santiago Caputo. El resumen sería que no existe un sistema sólido para las tratativas políticas.
Las conversaciones del Gobierno con las provincias fueron reactivadas públicamente luego del anuncio de las medidas por los “dólares del colchón”, es decir, dólares en negro o declarados pero fuera del sistema bancario local. Hubo contactos previos para garantizar las dos tandas iniciales de conversaciones que incluyeron representantes de 17 de los 24 distritos. Todo indica que no fueron suficientes las tratativas para convertir esos encuentros en actos de adhesión al plan nacional.
No se trata de un dato menor. El Gobierno apuntaría, naturalmente, a evitar reacciones o demandas en bloque y por eso apura acuerdos individuales. Ya tuvo dos, de peronistas aliados (Catamarca y Tucumán) y se descartan otras de espacios provinciales para los próximos días. Pero quedan piezas por cerrar con distritos de peso, en un paño que supera la simple divisoria entre duros, empezando por Axel Kicillof; desairados, como Jorge Macri, y dialoguistas, como Maximiliano Pullaro. Además, existen dudas sobre algunos provinciales que juegan como aliados o que están fuera de la órbita del PJ/K o de lo que fue JxC.
Un primer elemento queda a la vista: se trata de distritos de peso no sólo electoral, sino además económico. Algo de eso explica que luego del primer encuentro referido, el Gobierno activara contactos con funcionarios bonaerenses y porteños. Kicillof cuestionó ácidamente las medidas oficiales y desde el Gobierno respondieron con dureza -volvió la anacrónica descalificación como “soviético”-, lo cual hace difícil vestir un entendimiento. Desde la Ciudad, dejan trascender que el tema, sobre todo desde el punto de vista legal, está en estudio. Y los santafesinos anticiparon que no se oponen abiertamente, pero no relajarán los controles sobre la actividad narco.
El Gobierno dijo y reiteró que los distritos que no adhieran dejarán de recibir información de ARCA sobre facturación y movimientos de empresas y personas. La traducción de esa advertencia sería que las provincias perderían capacidad de control y que, de hecho, se impondrá el criterio sobre esta especie de blanqueo por debajo del radar fiscal. Se verá cómo opera la contrapresión que podría suponer el reclamo de las provincias en el CFI. Y resta aún el recorrido de los proyectos de ley para “blindar” las medidas. Negociar es un camino que el mileismo encara a disgusto, pero asoma ineludible.
