El empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA fue ratificado como querellante en la causa que más preocupa a Tapia

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Claudio

El empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificado este lunes como querellante en la causa que investiga el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años.

La decisión, a la que accedió Infobae, fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza los movimientos financieros desde que la firma TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior. La resolución se conoció tras la maniobra procesal impulsada por la defensa de los acusados para impedir que Guillermo Tofoni continúe interviniendo como parte activa del expediente. Es una decisión que suma un nuevo revés en la causa que más preocupa al mandamás del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, y su círculo más cercano.

La decisión judicial que ratificó a Guillermo Tofoni como querellante en la causa que más preocupa a Tapia

El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. En ese planteo, los acusados sostuvieron que el empresario no reunía la condición de “particular ofendido” exigida por el Código Procesal Penal y que, por lo tanto, no debía tener las facultades procesales que otorga la querella.

En el sistema penal argentino, la querella permite a quien se considera damnificado impulsar medidas de prueba, solicitar diligencias, controlar la producción de evidencia y recurrir decisiones judiciales. Apartar a Tofoni hubiese implicado limitar su capacidad de intervenir en un expediente que, desde su inicio, se apoya en la documentación que él aportó tras litigar en tribunales estadounidenses.

El juzgado decidió este lunes ratificar su rol de querellante, con el patrocinio de sus abogados, y dejó constancia de que queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y a las resultas de la causa. Además, ordenó la presentación del bono de derecho fijo previsto por la Ley 23.187 y dispuso devolver el expediente a la fiscalía que dirige la investigación, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

El empresario Guillermo Tofoni denunció a Tapia,l Toviggino y la pareja de Javier Faroni y Érica Gillette (foto Gustavo Gavotti)

La resolución fue notificada mediante cédula electrónica y representa un rechazo a la estrategia defensiva que buscaba desactivar la intervención del empresario. La causa continúa ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la querella consolidada como parte del proceso.

Miles de documentos bancarios obtenidos en Estados Unidos, según la hipótesis investigativa, permiten reconstruir el recorrido de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la AFA. Esa masa de información fue incorporada a la causa más complicada para Tapia, a partir de actuaciones judiciales, tanto en el exterior como en tribunales argentinos.

De acuerdo con información a la que accedió este medio, esos registros incluyen transferencias, contratos, órdenes de pago y movimientos asociados a la comercialización de partidos amistosos y otros compromisos internacionales de la Selección argentina. El período bajo análisis coincide con los últimos cuatro años, una etapa de fuerte crecimiento económico para el seleccionado tras los títulos obtenidos en América y en el Mundial de Qatar 2022.

El punto de partida es la designación de TourProdEnter como agente de cobro exclusivo de los contratos en el exterior. A partir de ese esquema, se canalizaron ingresos provenientes de distintos países, lo que dio lugar a un circuito financiero complejo que ahora es objeto de escrutinio judicial.

En el escrito presentado el 13 de febrero, las defensas de Faroni y Gillette cuestionaron la legitimación activa de Tofoni. Argumentaron que su eventual controversia con los acusados tenía naturaleza comercial y que no podía traducirse automáticamente en la condición de damnificado penal. La estrategia apuntaba a reducir el expediente a un conflicto entre privados, despojándolo del impulso adicional que implica la intervención de una querella con recursos y acceso directo a la prueba. Desde el punto de vista técnico, el debate giraba en torno a si el empresario podía acreditar un perjuicio concreto derivado de los hechos investigados.

Para la fiscalía y para el juzgado, al menos en esta etapa preliminar, la respuesta fue afirmativa en términos procesales. Al ratificarlo como querellante, el tribunal reconoció que su interés jurídico resulta suficiente para intervenir en la causa y que está en condiciones de aportar material probatorio que puede ser clave para el rumbo de la investigación.

El expediente es considerado el más sensible para la conducción actual de la AFA, porque pone bajo la lupa el manejo de fondos en el período de mayor exposición internacional de la Selección. Si bien no existen definiciones de mérito ni imputaciones firmes más allá de las ya formuladas, el volumen de dinero bajo análisis y la proyección pública del caso lo convierten en un frente delicado.

Los acusados rechazan cualquier irregularidad y sostienen que todas las operaciones se realizaron conforme a contratos válidos y dentro de los marcos normativos correspondientes. Alegan que la investigación responde a disputas empresariales trasladadas al ámbito penal. La querella, en cambio, sostiene que la complejidad del entramado financiero y la magnitud de los montos involucrados justifican una pesquisa exhaustiva, con cooperación internacional y pericias contables profundas.

Con la incidencia resuelta, el expediente regresa a la fiscalía para continuar con la producción de prueba. Entre las medidas pendientes figuran el análisis detallado de los movimientos bancarios, la eventual citación de testigos y la evaluación de nuevas solicitudes de cooperación con autoridades extranjeras.

La ratificación de Tofoni como querellante no define el resultado final del proceso, pero sí preserva la arquitectura acusatoria con la que se inició la causa. El empresario que reveló la ruta del dinero seguirá interviniendo con capacidad para impulsar diligencias y cuestionar eventuales decisiones que considere adversas.

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