Dos movidas simultáneas en el tablero judicial pero con la mirada puesta en un tercer casillero. El Gobierno impulsó un planteo para bloquear la difusión de audios al parecer de Karina Milei y presentó otro escrito sobre “espionaje”, ambos con proyección grave, a contramano de la Constitución. Quedó claro que la apuesta final es a neutralizar el caso Sapagnuolo y evitar estribaciones. Eso resume esta especie de plan de emergencia: correr el foco -político, social, mediático- y achicar el impacto de las grabaciones del ex funcionario que hablan de un mecanismo de corrupción. En esa línea, cruzó límites sensibles, dio un mensaje.
“Un disparate. Inaplicable, además de ser antes que nada un acto de censura previa”, resumió un prestigioso abogado con recorrido judicial y político, al descalificar el primer avance de la escalada oficialista: la medida cautelar resuelta por el juez Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. En medios judiciales porteños, consideran que esa medida difícilmente supere la prueba de la Cámara Federal Civil y Comercial.
La otra presentación impulsada por Olivos cayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Carlos Stornelli dio el primer paso en la causa, para pedir medidas de prueba. Aclaró que la investigación no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas, ni impulsar allanamientos contra periodistas. Eso fue, precisamente, lo que solicitó formalmente el texto motorizado por el ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich fue una de las voces del oficialismo, que unificó más o menos su discurso para denunciar una actividad de espionaje ilegal, con ramificación mediática y objetivo de desestabilización.
En este caso, no sólo se apuntó a prohibir la difusión de audios que serían de Karina Milei, sino también las grabaciones de Diego Spagnuolo -corrido de la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad- sobre un mecanismo de corrupción con eje en la droguería Suizo Argentina. Después, comenzaron a circular sospechas sobre diversos contratos de la misma empresa en otros organismos del Estado, algo que ya era señalado en medios legislativos de la oposición.
Fuentes del oficialismo venían difundiendo que podría ser abierta una puerta para ir contra el caso Spagnuolo, en base a cuestionamientos sobre el origen del escándalo, es decir, las ruidosas grabaciones. Después, en realidad, ese camino fue iniciado por los dueños de la referida droguería. Solicitaron la “nulidad” de la causa a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Neutralizar esa causa es prioritario. El tema, de todos modos, no podría ser reducido en el “plan” oficial a frenar la difusión de audios, muy difícil sino imposible en la práctica. Pesa también otra cuestión. Se trataría de centrar la atención en el origen oscuro de los audios: una práctica alarmante y repetida en la política local, con el agregado del descontrol que reinaría en pliegues de servicios de inteligencia. Eso mismo alimentó además la necesidad de una respuesta que saliera al cruce de las cuentas sobre batallas internas en el mileismo.
La combinación de tales factores y la evaluación sobre posibles costos en su propio público -no sólo en la perspectiva de la elección que viene-, sumado al efecto de especulaciones sobre batallas intestinas que circulan en los mercados terminaron precipitando la definición del plan político/judicial. Hubo reuniones que incluyeron al círculo más estrecho de Olivos y otros funcionarios. Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y, a veces, Bullrich.
Las dos movidas en el paño judicial provocaron reacciones rápidas y no únicamente políticas. Reconocidos juristas apuntaron contra la censura previa, que va a contramano de la Constitución Nacional y de pactos internacionales firmados por la Argentina. Los cuestionamientos más afirmados destacaron, además, el doble efecto negativo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. No se trata de una cuestión de privacidad, sino de audios que en el caso del área de discapacidad apuntan a sistemas de corrupción.
El cuadro es grave por sí mismo. Y no se reduce a la campaña, en tramo final para el desafío bonaerense del domingo que viene y en la perspectiva de los cincuenta días restantes hasta la elección del 26 de octubre. Incluye, en el primer renglón, las lecturas que circulan en medios empresariales y especialmente, los mercados.
El Gobierno viene acumulando pésimos resultados en el Congreso y cosecha malestar en el conjunto más que variado de los gobernadores. Lo que ocurre en esos dos planos, conectados, es atribuido en buena medida al modo de hacer política que domina al oficialismo, sobre todo luego del logro en la elección porteño, el único claro en la sucesión de diez elecciones locales que comenzó en abril.
Muchos de esos costos son autogenerados. La semana comenzó con el muy mal resultado de la elección correntina para el oficialismo nacional: cuarto lugar para LLA, después de que los operadores violetas dinamitaran la posibilidad de un entendimiento con el gobernador Gustavo Valdés, ganador de esa competencia y asociado a la movida de otros cinco jefes provinciales.
Pero además de resultados adversos, el Gobierno expuso la profundidad del impacto generado por el caso Spagnuolo, que pegó sobre la base del discurso mileista, la batalla contra la “casta”. Después de la parálisis inicial, aparecieron declaraciones de Lule Menem como involucrado, de Francos como vocero político, y de pocos legisladores. Parecía una respuesta básica, dosificada, una señal de estrategia. Después, se expuso en primera línea discursiva Javier Milei.
La necesidad de intentar un freno a la circulación de grabaciones por su repercusión -al punto de pretender forzar límites constitucionales- expone la magnitud del problema político. Y amplifica el sonido de los audios.
