Tras el anuncio de la construcción de un cerco fronterizo en la localidad salteña de Aguas Blancas, el gobierno de Bolivia volvió a cuestionar la iniciativa de la gestión libertaria. Esta mañana, el ministro de Justicia, César Siles, apuntó contra la administración nacional por la falta de diálogo entre ambos países y aseguró que haber actuado de manera unilateral atenta contra las relaciones entre las naciones vecinas. Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lamentó que “en muchos países se aplican políticas que ahondan divisiones”.
“Hemos ya públicamente expresado nuestra inquietud y preocupación por ese anuncio puesto que sin duda vulnera principios del derecho internacional público y particularmente las relaciones de buena vecindad y convivencia pacífica que debemos tener entre Estados hermanos”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.
Según explicó el funcionario, el gobierno de Luis Arce se enteró de la nueva política que buscará implementar la gestión de Javier Milei a través de los medios de comunicación, dado que no hubo ningún tipo de comunicación oficial. También cuestionó que no se haya planteado la posibilidad de coordinar acciones para abordar los delitos que aquejan a ambos países: el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
“No le costaba nada al gobierno argentino o al gobierno de Salta realizar un inicio de negociaciones bilaterales con el país para poder ponernos de acuerdo en lo que corresponde hacer para luchar contra estos graves delitos y no anunciar directamente algo que sin duda afecta la buena vecindad entre países”, agregó.
En este contexto, destacó la voluntad del gobierno de Arce de aunar esfuerzos para combatir las problemáticas comunes, tal como ha hecho con otros países limítrofes. “Tenemos similares problemas en la frontera con Perú. Se han formado consejos o incluso comités de trabajo conjunto para luchar contra estos graves delitos”, planteó. “Creo que podemos hacer una comisión bilateral de trabajo para ver la manera de prevenir estos delitos”.
“Soy activista por una ciudadanía mundial donde no existan muros ni vallas que nos separen. Las fronteras han generado divisiones entre hermanos de un mismo territorio. Somos lo mismo en muchas fronteras, lamentablemente en muchos países se aplican políticas que ahondan divisiones”, afirmó a su turno la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Las declaraciones de Siles y Nela Prada llegan luego de que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, desestimara los reclamos de la Cancillería del país vecino. “No tenemos por qué explicarle a Bolivia lo que estamos haciendo”, sentenció en diálogo con LN+. “Uno escucha estos reclamos… Son una locura. Es un alambrado que busca encausar la llegada y la salida de aquellos que cruzan la frontera. Este alambrado lo que busca únicamente es que aquellas personas que llegan a la terminal de ómnibus en Aguas Blancas vayan por ese lugar hasta llegar a Migraciones”.
En medio de las tensiones, el mandatario provincial, además, redobló la apuesta y aseguró que la molestia de la administración de Arce se debe a que la Argentina está tomando “medidas que antes no se tomaban”, como la limitación a la atención sin cargo de extranjeros en Salta. “Atendíamos a los extranjeros, daban turnos programados y no teníamos turnos para los salteños. Tomamos esta decisión [eliminar la salud pública gratuita para extranjeros] hace 11 meses: si se quieren atender en la Argentina, tienen que pagar, como pagamos nosotros en cualquier lugar del mundo”, sostuvo. “La salud no es gratuita y no hay reciprocidad”.
Aquella medida ya había generado rispideces entre la Argentina y el país vecino. En septiembre del año pasado, la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, había solicitado que se de marcha atrás con la política adoptada. Sin embargo, el gobierno de Salta rechazó los pedidos de las autoridades del estado limítrofe y avanzó con el cobro del servicio de salud a los extranjeros.
