Pese a que varias voces del Gobierno la presentaron como una de las prioridades legislativas de este 2026, la mesa política resolvió postergar para “más adelante” el envío de la reforma política al Congreso Nacional, según confirmaron dos importantes fuentes a Infobae. La decisiones responde a la necesidad de evaluar, sin presiones, los apoyos de los legisladores y gobernadores aliados y dar lugar a la construcción de un proyecto de consenso.
Con ese objetivo en mente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cuidó de hacer mención del proyecto que por ahora no es más que un borrador al que accedieron contados miembros del Gabinete. En su lugar, anunció el envío de la tan anunciada modificación del Código Penal, uno de los pendientes de las sesiones extraordinarias, y un paquete de leyes menores a través de las cuales prometen defender la propiedad privada.
“La reforma política queda para la segunda tanda que será enviada lo antes posible”, admitió un integrante del reducido círculo diseñado por el presidente Javier Milei para impulsar la hoja de ruta legislativa diseñada por la Casa Rosada.
Algo similar planteó ante este medio otra fuente inobjetable que admitió además que el oficialismo busca protagonizar una mapeo previo de los respaldos con los que cuenta que le permita trazar aproximaciones de las posturas de los diversos bloques. “Se enviará en el próximo paquete. Por ahora el resto de los espacios parecen no tener decidido nada y no tiene sentido debatir el tema hasta que no haya claridad. Un sector de la UCR dice estar a favor, el peronismo dividido, el PRO no está del todo claro”, enumeró otro de los integrantes a este medio.
Aún con las fechas en maduración, en Balcarce 50 evalúan insistir con el proyecto que incluye cambios en el sistema de votación actual “en los próximos días”. “Podría ser a finales de abril, pero aún no está definido”, argumentaron desde el Gobierno a este medio. Un legislador violeta se cuidó de aclarar que no hubo postergación como tal sino que tendrá lugar en el corto plazo.
En la administración libertaria remarcan la centralidad de implementar las modificaciones que deberán instrumentarse por ley. Incluso, el propio ministro del Interior, Diego Santilli, hizo eco de la posibilidad durante la reunión que convocó la Cámara Nacional Electoral en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) para analizar el uso de la boleta única papel (BUP).
“Este debate va a estar en el Congreso en los próximos meses. Recojo el guante como ministro de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado”, subrayó durante su discurso de apertura. El flamante funcionario prometió que el oficialismo habilitará el debate aunque expuso un período de tiempo amplio contemplado entre “abril, mayo, junio”.
El funcionario trabaja en establecer nuevos contactos con los gobernadores aliados, que alternará entre visitas y reuniones en Casa Rosada, para convecerlos de acompañar las voluntades del Ejecutivo. Por estas horas, define concretamente el cronograma que planea dar inicio la semana próxima.
Fue el propio mandatario el que expuso la necesidad de reformar el sistema electoral durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias con la idea de que “los representantes sean responsables ante sus representados”. En su lógica, y como anticipó este medio, La Libertad Avanza (LLA) no solo apuesta a implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sino que busca además modificar el forma en el que se financian los partidos políticos para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”.
Otro punto clave gira en torno a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron suspendidas para el proceso electoral de medio término en 2025, pero contra las que Presidente planea avanzar y concretar su eliminación. Sin embargo, el punto supone un debate interno entre las voces que advierten que no cuentan con los números para concretar la determinación y los que sostienen que un sector del peronismo, el que responde a la titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, están abiertos a la eliminación de la herramienta que rigen desde 2009.
Si bien a principios de marzo de 2025 suspendieron su aplicación, en las filas libertarias planean “revisar” el tema al calificarlas de “innecesarias” y garantinzar que “supone un alto costo” para el Estado. “Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron. Hasta entonces el panorama en el Congreso es complejo.
