Pablo Javkin, intendente de Rosario, denunció que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA mantienen lazos con el narcotráfico y anunció su decisión de presentarse como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado. Las acciones judiciales se producen tras la muerte de 54 personas en hospitales y clínicas relacionadas con el uso de este medicamento.
El jefe comunal fue enfático: “Tienen vínculos con el narcotráfico”, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal, un aspecto ya en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y del Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, encabezada por Martín Verrier. También intervienen la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la ANMAT y ARCA.
Javkin indicó que la Justicia comprobó que solo “dos laboratorios contaban con habilitación para importar fentanilo” y que la importación creció durante la pandemia de COVID-19, pero luego se mantuvo elevada. Alertó sobre la posibilidad de que se hayan producido desvíos al mercado ilegal y remarcó que existen conexiones entre los laboratorios y personas vinculadas al tráfico de drogas.
Tras estas declaraciones, el juez Kreplak citó a Javkin como testigo y la Municipalidad de Rosario presentó formalmente su pedido para actuar como querellante en la causa. “Quiero ser algo más que un testigo. Rosario es víctima de esta mafia con vínculos narcos y no vamos a parar hasta desenmascarar a cada una de estas personas”, afirmó el propio Javkin.
En el escrito de dieciocho páginas presentado, el municipio sostiene que el caso provocó “un grave daño a la salud pública” y expone la afectación directa sufrida por el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se utilizaron ampollas de fentanilo adulterado. Además del perjuicio a la salud, señala que se generaron riesgos sanatoriales locales y se afectó el patrimonio municipal, lo que motivó medidas extraordinarias para retirar y custodiar los lotes contaminados.
El texto detalla vinculación de directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma con antecedentes judiciales previos. Entre ellos, Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré estuvieron implicados en la explosión del laboratorio Apolo en Rosario, en 2016, por la que fueron imputados por estrago culposo agravado y lesiones graves pero evitaron el juicio penal a través de salidas alternativas. El escrito también indica que Jorge Salinas fue investigado en la causa de la efedrina por su vínculo con Mario Segovia (“el Rey de la Efedrina”) —defendido en esa causa por el propio Ariel García Furfaro—.
Javkin afirmó que existe una “continuidad estructural, comercial y operativa” entre el laboratorio Apolo y las firmas actualmente investigadas, dado que varios de los implicados siguen integrando los órganos societarios, con habilitación oficial para producir y suministrar medicamentos a efectores públicos, entre ellos el HECA. A juicio de la Municipalidad, esta situación revela tanto la vinculación entre las causas como la falta de eficacia en la respuesta judicial y administrativa anterior, que no impuso sanciones ni restricciones capaces de evitar la reiteración de conductas riesgosas en el ámbito farmacéutico.
Como autoridad responsable de la salud pública, la intendencia sostiene que su intervención como querellante se encuentra plenamente justificada, tanto por su interés directo como por su capacidad para aportar experiencia en el tratamiento de estos hechos y contribuir al esclarecimiento de las estructuras responsables de daños masivos a la salud y la seguridad.
El juez Kreplak debe resolver ahora la aceptación de Rosario como parte querellante, mientras otras partes como la provincia de Santa Fe, el Hospital Italiano de La Plata y el Ministerio de Salud Nacional a cargo de Mario Lugones también participan en el expediente. Por el momento, la formalización del pedido de la provincia no se incorporó al juzgado, pero sí la de Rosario.
Pablo Javkin remarcó la gravedad del caso, advirtiendo que el fentanilo adulterado se aplicó a enfermos internados en terapia intensiva en el HECA, y sentenció: “No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en el marco de la ciudad de Rosario”.
El juez ya ordenó la inhibición de bienes y prohibición de salida del país a empresas y personas vinculadas al clan García Furfaro, así como la inhabilitación comercial de sus firmas asociadas. Sebastián Chale, secretario de Gobierno, explicó que la droga se adquirió mediante licitación pública a un laboratorio supuestamente controlado por la ANMAT y distribuido por una droguería, sin contacto directo con el fabricante. El producto fue utilizado exclusivamente en el HECA y, tras la alerta de ANMAT, se retiraron de inmediato todos los lotes en circulación y se devolvieron cerca de 300 dosis restantes cuando se dispuso su retiro definitivo en abril.
Chale recalcó que la Municipalidad adquiere medicamentos solo a través de droguerías seleccionadas por licitación pública bajo estrictos controles y que es la ANMAT la responsable de garantizar la confiabilidad de los productos que se comercializan en el país. Además, destacó que el municipio evalúa iniciar un reclamo por daños y perjuicios, dado el impacto económico y organizacional generado por la necesidad de reemplazar urgentemente los lotes retirados y el desecho de ampollas ya adquiridas.
Para cerrar, Javkin insistió: “Vamos a ir a fondo contra todo el esquema mafioso de este tema. Vamos a acompañar e insistir con todos los datos a nuestra disposición”.
