El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque presentó hoy un descargo por escrito ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que lo había citado por el artículo 20 del Reglamento, equiparable a una indagatoria en sede judicial. El próximo jueves, la comisión volverá a reunirse y podría firmar un dictamen recomendando el juicio político, que deberá ser aprobado por el plenario. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia, que está bajo estudio del Ministerio de Justicia desde la semana pasada.
Bailaque estaba citado a las 10 de la mañana para defenderse de las imputaciones que se le hacen: tenía la opción de comparecer o presentar un escrito. A las 9:50 presentó un descargo a través de sus abogados, pudo saber este medio.
“Cada una de mis decisiones jurisdiccionales fue adoptada conforme a derecho, con sujeción a la normativa procesal y sustancial vigente, y dentro del marco de autonomía e independencia que la Constitución Nacional garantiza a los magistrados judiciales de la Nación“, dice el escrito de unas 20 carillas al que tuvo acceso Infobae.
Bailaque rechaza todas las acusaciones, especialmente la que lo vinculó con uno de los capos del narcotráfico en Rosario, Esteban Alvarado. “No tengo ni tuve ningún tipo de vinculo de modo directo ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno. Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, inconcebible además en esta ciudad que ha sido golpeada en mayor medida por el contexto de violencia en relación al mundo del tráfico ilícito de estupefacientes”, agrega.
El Consejo ya había aprobado un dictamen donde están enumeradas todas las pruebas en contra del juez federal. “La gravedad de los cargos enumerados adquiere relevancia con la simple observación que, de no mediar la inmunidad de arresto que inviste al nombrado magistrado por su condición de tal, se hubiera hecho efectiva la medida de coerción ordenada contra el ciudadano Marcelo Martín Bailaque, tal cual fue resuelto, el 30 de abril de 2024 –y confirmada parcialmente, el 19 de mayo de 2025-, en el marco de las carpetas judiciales FRO 9.010/2024, 15.287/2024 y 15.682/2024″, dice ese documento.
Efectivamente, la Justicia de Rosario ordenó la prisión preventiva de Bailaque a fines de abril, pero la medida no se hizo efectiva porque tiene fueros. Luego, la Cámara Federal de esa ciudad le concedió la prisión domiciliaria.
Bailaque está imputado en tres causas penales. En una de ellas, está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.
En el escrito que entregó este martes ante el Consejo, Bailaque negó su participación en la maniobra y aseguró que en esa cena también estuvo el juez Ariel Ariza, quien estaría dispuesto a declarar. “Jamás he extorsionado yo de manera directa ni por medio de otro a cualquier persona, y en particular, no he extorsionado de ningún modo a Claudio Iglesias”, dice el juez federal sobre la acusación de los fiscales.
La segunda causa contra Bailaque está vinculada a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.
Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, de los hermanos Whpei.
La atención ahora está puesta en la decisión del Gobierno, donde hay un debate interno sobre si aceptar o rechazar la renuncia.
La Comisión de Acusación volverá a reunirse el próximo jueves. Se descuenta que le recomendará al plenario del Consejo la apertura de un juicio político y la suspensión del magistrado. Para avanzar, se necesitan los dos tercios de los integrantes del Consejo.
