El PRO presentó un recurso de amparo para frenar las designaciones en la Auditoría General de la Nación

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Argentinian politician Cristian Ritondo gestures as lawmakers debate on Argentina's President Javier Milei's economic reform bill, known as the

Con la firma de su presidente Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación, que llevó a cabo la Cámara baja durante la madrugada del 18 de diciembre.

Para los representantes del partido fundado por Mauricio Macri, la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, fue “fue abiertamente inconstitucional”.

En el PRO contaban con que sería nombrado Jorge Triaca pero quedaron afuera de un acuerdo presuntamente establecido entre Martín Menem, Fuerza Patria y los gobernadores del norte.

Según la presentación de Ritondo, la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO.

Martín Menem y Cristian Ritondo

Además, indicaron, “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales” por lo que consideran que son demasiadas “irregularidades”.

“Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, aseguraron desde el entorno de Ritondo y explicaron: “Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado”.

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