Las fotos generan una atracción llamativa en la política, a veces para coronar acuerdos o éxitos y otras para descomprimir o vestir la realidad. Eso último es lo que ocurre con el encuentro de gobernadores y funcionarios nacionales que organiza la Sociedad Rural, para este jueves. Más allá del marco tradicional de la Exposición, la convocatoria sumó especulaciones como una posible vía de distensión del clima después de la media docena de derrotas que cosechó el Gobierno en el Senado. De todos modos, por ahora, asoma como una cita formal -incluso con márgenes de duda sobre algunas presencias- que combina la ilusión de una foto y el desafío real de allanar negociaciones, frente al reclamo sostenido de las provincias y las amenazas de veto persidencial.
Las versiones previas al cóctel de la SRA indican que el juego está muy abierto. Valen algunos ejemplos sobre el estado de incertidumbre. Desde las cercanías de un gobernador peronista aliado de Olivos se deja trascender que podría aprovecharse la confluencia en Buenos Aires para realizar un encuentro posterior de jefes provinciales. En medios próximos a lo que fue JxC se relativiza el efecto político de la convocatoria de la Rural. Y el Gobierno insiste con el rechazo cerrado a las demandas provinciales.
La posición del Gobierno, hasta ahora, se resume en descalificar los reclamos con la mecánica de la grieta. Algo así como un discurso anticasta pero frente a la última cumbre en el CFI, que como dato original tradujo en proyectos de ley la posición de los veintitrés gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad. Es decir, los veinticuatro distritos. No es un frente, claro, y sobre ese terreno heterogéneo trabaja generalmente el Gobierno. Por la misma razón, entre los dialoguistas -ex JxC, peronistas con manejo propio, provinciales- se mantienen las prevenciones para no quedar atados a la disputa en blanco y negro impulsada sin vueltas por el oficialismo y el kirchnerismo.
No se trata de una cuestión sólo discursiva. El Gobierno presenta como un todo sin diferencia alguna los proyectos aprobados por el Senado, la semana pasada, en una sesión que además llevó al extremo el quiebre entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Tres iniciativas impulsadas por la oposición dura fueron convertidas en ley: recomposición de las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en el sistema de discapacidad. Y otras dos, motorizadas por el pleno de los gobernadores, pasaron a Diputados: distribución de los ATN y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Olivos las descalifica por igual con el argumento del costo fiscal. Los jefes provinciales dicen que eso no es cierto.
Está a la vista que difieren, por mucho, las estimaciones sobre costo fiscal de las tres leyes ya sancionadas, desequilibrante o manejable, según advierte el Gobierno o dicen los impulsores de tales iniciativas. De todos modos, los gobernadores al menos como conjunto buscan despegar de ese tema. En rigor, sostienen el bajo o nulo impacto de sus dos propuestas, que apuntan a la distribución de ATN según los criterios del sistema de coparticipación federal y a una reconsideración del ICL, con anulación de fideicomisos y fondos específicos para ampliar el giro a las provincias.
Según un trabajo de funcionarios de Economía o Hacienda locales, el costo fiscal se ubicaría en el 0,11% del PBI. Los gobernadores, en general, van más lejos y afirman que el poder central utiliza plata que es de las provincias o se les debería asignar para encarar obras que el Estado nacional no realiza.
En la práctica, los jefes provinciales dialoguistas y, en muchos casos, aliados de Olivos mantienen la intención de despegar ese debate del conflicto que instalará en los próximos días el rechazo efectivo a las tres leyes sancionadas por el Senado. Y menos quieren que el tratamiento concreto de sus dos proyectos, en Diputados, quede mezclado con la tensión de los nuevos vetos. Algunos lamentan el modo en que quedó “embarrado” el trámite en la Cámara alta, aunque destacan como señal al Gobierno la amplia mayoría lograda por sus propuestas.
Por eso mismo, no es un dato menor que Guillermo Francos, el más visible negociador del Ejecutivo, haya mezclado todo como un único paquete. Y lo hizo incluyendo expresamente el tema de los fondos discrecionales y del impuesto a los combustibles como medidas que afectarían el equilibrio fiscal. Esa afirmación fue más allá del objetivo de enmendar dichos de Federico Sturzzenegger, que desaconsejó el veto a la ley de los ATN porque, en su visión, permitiría avanzar luego en la discusión del régimen de coparticipación federal.
Los gobernadores tienen la mirada puesta en el peso de otros integrantes del equipo presidencial. Francos ocupa un lugar central, pero eso no deja saldada la cuestión de los interlocutores. Juega fuerte Luis Caputo cuando se discuten números -tema básico de la relación con las provincias-, pero es creciente el peso de Karina Milei -y su círculo, en primer lugar Eduardo “Lule” Menem– en las resoluciones políticas. Resultado: a las tensiones económicas, se suma la disputa de poder territorial.
Valen ejemplos recientes del giro de la estrategia oficialista y su impacto. En la previa a la tanda de elecciones provinciales de mayo, se destacó un solo acuerdo con un jefe local. Fue en el Chaco, sumándose a las listas del radical Leandro Zdero. Después llegó el enfrentamiento con el PRO y el triunfo porteño. Ahora, Corrientes expuso el quiebre de negociaciones, en este caso por la gobernación, después de idas y vueltas con Gustavo Valdés. Y hace apenas horas, el mendocino Alfredo Cornejo decidió unificar la elección local con la nacional, como gesto para avanzar en un trato con la LLA, aún incierto y con creciente demanda violeta.
Nada es lineal y eso tiene impacto en el Congreso. Los anunciados vetos del Presidente vuelven a colocar a Olivos frente a la necesidad de acuerdos mínimos -un tercio de los Diputados- para “blindar” el rechazo efectivo a las leyes de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Nada fácil, imposible se diría para el caso de los proyectos de ATN y del impuesto a los combustibles. Está dicho: las fichas se mueven en un tablero que, entre otras cosas, expone el real desafío de las negociaciones.
