El Gobierno ofreció este jueves llevar el salario mínimo docente de $500 mil a $650 mil, pero los sindicatos del sector educativo rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y amenazaron con nuevas medidas de fuerza en todo el país si en la reunión del próximo jueves no se alcanza un acuerdo salarial.
El encuentro entre ambas partes, encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se hizo con participantes de manera presencial y virtual, y fue la continuación del que tuvo lugar el lunes pasado, donde los funcionarios no hicieron ninguna propuesta de aumento y se pasó a un cuarto intermedio para hoy.
“No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”, advirtió el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA). Calculó que el sueldo mínimo requerido actualmente para superar ese nivel sería de aproximadamente 1.300.000 pesos.
El sindicalista dijo no entender “cómo se sienta el Gobierno a ofrecer un salario de pobreza” y agregó: “¿Qué están pretendiendo? Tener docentes pobres. Eso no sólo habla mal de la gestión, habla mal del país. Un país con docentes pobres está en serios problemas».
Romero destacó que los $650 mil ofrecidos “resulta una cifra superada incluso por los pagos mínimos que se abonan en casi todas las provincias, donde los sueldos básicos ya se ubican por encima”. Para graficar su postura, recordó que el salario de referencia homologado en febrero por el Gobierno fue de 500 mil pesos, lo que definió como “un salario de indigencia”.
El líder de UDA alertó por el impacto de los salarios bajos sobre los trabajadores del sector: “Hay docentes, y la familia de los docentes, que comen en comedores escolares y de barrio”, afirmó, tras lo cual resaltó que esa situación se da con más frecuencia en provincias como Misiones, Chaco y Corrientes, entre otras.
“El docente no está cubriendo el pago de servicios indispensables -detalló-. No puede pagar la luz, no puede pagar el agua, tiene problemas de vivienda. No puede pagar los alquileres. Hay muchos docentes que están siendo desalojados por falta de pago”.
En el mismo sentido, reflejó su preocupación por las consecuencias de los bajos salarios en la vida cotidiana de los educadores: “No tienen la alimentación adecuada, algo que va en detrimento de la calidad de vida”.
La pérdida de poder adquisitivo, describió el sindicalista, repercute además en la salud física y mental de quienes están frente al aula. “Vemos a los docentes muy deteriorados en su salud física y mental”, sostuvo Romero, quien advirtió que este deterioro complica el acceso a la atención sanitaria: “Con estos salarios, el docente no atiende su salud, física ni mental”.
Romero vinculó la persistencia del conflicto salarial con el ausentismo escolar y la caída de la matrícula. Según consignó, el empobrecimiento generalizado redujo la capacidad de las familias para sostener la escolarización de los hijos: “Los padres no los pueden mandar a la escuela porque no tienen para comprarle las cosas indispensables para ir a la escuela, no le pueden comprar un guardapolvo, están lejos de la tecnología”.
Además de UDA (representada en la reunión por la dirigente Mirta Chemes), del encuentro con el Gobierno participó el resto de los sindicatos del sector educativo. Uno de ellos, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, confirmó que la oferta salarial fue “rechazada de manera unánime por todas las organizaciones sindicales docentes por considerarla insuficiente y alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación”.
En un comunicado de prensa, CTERA señaló que también planteó “la necesidad de establecer un salario acorde a la canasta familiar, reclamó la restitución del FONID, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos para infraestructura y construcción de escuelas”.
“Resulta inadmisible que la paritaria nacional docente haya estado prácticamente paralizada durante casi un año, en un contexto de fuerte deterioro salarial y de desfinanciamiento de la educación pública», agregó.
