En el marco de la audiencia de formalización de cargos que se realizó de forma virtual, la Justicia Federal aceptó el planteo de la fiscalía para mantener en prisión preventiva durante 90 días a Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y dispuso 180 días para llevar adelante la investigación por distintos delitos.
El activista será trasladado en las próximas horas a la unidad penitenciaria federal de Rawson. Fue imputado formalmente por los fiscales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo en orden al delito de apología del crimen, por un primer hecho reprochado, y por asociación ilícita agravada e intimidación pública, por un segundo suceso.
Jones Huala, de 38 años, fue detenido por la Policía Federal el domingo a la noche en El Bolsón, cuando descendió de un colectivo de línea que lo trasladó desde Bariloche. Luego de su captura, la fiscal Pagano Mata solicitó al Juez una orden para detenerlo, ya que hasta el momento no existían motivos para capturarlo.
Antes que llegue la respuesta del juez subrogante de Bariloche, Ezequiel Andreani, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciaba a través de sus redes “la nueva” detención de líder mapuche.
El primero de los hechos que le endilgan es por asociación ilícita, a partir de sus dichos en febrero pasado durante la presentación del libro que escribió durante su última detención en Chile, “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, cuyo video trascendió a través de las redes sociales.
Ante el auditorio, Jones Huala defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”. Validó además “cualquier método” para defender sus ideales, haciendo alusión a posibles atentados.
El ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de Chubut lo denunciaron por esas declaraciones, entendiendo que incurrió en incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal.
En ese orden, Andreani aceptó investigarlo por una posible violación al artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 8 años de prisión para quien integre organizaciones para imponer o combatir ideas a través del uso de la fuerza o el temor.
Sin embargo la fiscalía solicitó investigarlo también por otros delitos más complejos, como la de formar parte de una asociación o banda destinada a cometer delitos, prevista en el artículo 210 del Código Penal; y poner en riesgo a la Constitución Nacional al formar parte de una organización criminal, contemplada en el 210 bis del mismo código. La pena prevista para este caso es de 5 a 20 años de prisión.
La defensa de Jones Huala, representada por Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, planteó “irregularidades” en el proceso de detención, teniendo en cuenta que fue privado de su libertad sin que exista una orden judicial para hacerlo.
En diálogo con Infobae cuestionó además el procedimiento, teniendo en cuenta que se enteró de los alcances del operativo varias horas más tarde de la detención, cuando “los medios de comunicación ya habían informado sobre el operativo”.
“Planteamos al Juez que la detención fue ilegal, sin una orden previa, aunque él avaló el operativo y aseguró que se ajustó a derecho” dijo Franquet.
Isabel Huala, la madre de Facundo, aseguró que a su hijo lo detuvieron “por bocón”. “Lo metieron preso por hablar, por decir y hacer poemas. Decidió sacar un libro hace un par de meses, y desde ahí le hacen una denuncia por terrorismo de no se qué, por sus dichos, por una opinión personal que expresó ante una pregunta”, manifestó.
A partir de la prisión preventiva que ordenó el juez, Jones Huala regresará a un establecimiento penitenciario federal, tras haber permanecido varios años en la U 14 de Esquel durante el proceso previo a su extradición a Chile, donde fue condenado por el atentado incendiario a una propiedad privada.
