El Gobierno pretende seguir adelante y no dar marcha atrás con la baja de aranceles de la importación de los celulares, medida con impacto directo en los fabricantes de Tierra del Fuego, provincia que, a través de su gobernador Gustavo Melella comenzó a emitir las primeras advertencias contra la Casa Rosada y puso como posibilidad latente de judicializar la medida, que podría salir mañana vía decreto en el Boletín Oficial.
Y es que durante las últimas horas comenzaron a configurarse las primeras demostraciones de fuerza en la isla provincial. Por caso, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició un paro por tiempo indeterminado y advierte que podría escalar, pero desde Buenos Aires los libertarios aseguran que la medida sigue su curso.
“Es la medida más popular que podemos hacer”, indicó un alto funcionario al referirse al decreto que saldrá mañana. En la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había justificado la baja arancelaria de los celulares importados al tildar de ridícula “la situación de gente que paga un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular en otro país, y aun así le sale más barato que comprarlo en Argentina”.
El anuncio consta de la eliminación del arancel de 16% a la importación de los celulares, la cual constará de dos etapas. En la primera, se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato este viernes. En la segunda, se eliminarán los aranceles por completo y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026.
Adicionalmente, se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19 al 9,5%; y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%.
Es la primera vez que la Casa Rosada decide medidas que tocan de lleno a la provincia de Tierra del Fuego y su industria tecnológica. Hasta entonces, no hubo ningún segmento en particular que refiriera a esta cuestión en el DNU 70/2023 de desregulación económica, en la Ley Bases ni en proyectos de ley impulsados por La Libertad Avanza.
El Gobierno pretende en una siguiente instancia comenzar a discutir de lleno el régimen especial de Tierra del Fuego. “Es un sistema injusto que los argentinos paguemos productos más caros de lo que deberíamos. No tiene ninguna razón de ser que los argentinos subsidiemos una zona del país con cuestiones que se discutieron hace 50 años”, indicó este jueves Adorni en una entrevista televisiva.
Hasta el año pasado, la postura de altos mandos de la Casa Rosada era no tocar nada vinculado al régimen fueguino porque había que pensar estrategias de políticas públicas para mitigar el impacto que podría producir en materia de empleo.
En una entrevista reciente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que las recientes medidas de reducción de aranceles podrían tener un impacto negativo en el empleo en Tierra del Fuego, pero defendió la decisión como un avance significativo para la economía nacional.
Según el funcionario, la economía provincial debe ser la que busque alternativas para diversificarse y no depender exclusivamente de los beneficios fiscales. Aunque admitió que podría haber una pérdida de empleos en el corto plazo, destacó que estas medidas representan “un gran paso” hacia una economía más competitiva y abierta. Por caso, indicó que uno de los sectores que deberían desarrollarse aún más debe ser el turístico.
Uno de los principales referentes libertarios en la provincia, el diputado nacional Santiago Pauli, afirmó que las empresas del sector “se llenaron de plata durante años”. “La discusión está en cómo hacemos para que las empresas de Tierra del Fuego sigan siendo competitivas. No somos responsables de que Mirgor y Newsan sigan ganando plata, o la pierdan”, indicaron.
“Ahora ya no tenemos nada que hablar con la provincia [sobre la baja de aranceles] porque es una decisión consciente que tomó el Gobierno”, indicó una alta fuente libertaria a Infobae. En rigor, desde el Gobierno catalogan el actual régimen como un “curro”.
El último informe del staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las exenciones fiscales como las que benefician a Tierra del Fuego contribuyen a las inequidades del sistema tributario argentino, instando desregularlas. Según datos del think tank Fundar, el subregimen industrial, eje central del esquema de promoción, implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI
En la Gobernación fueguina indican que el diálogo con el Gobierno está complemente roto. “No hablaron con nosotros ni consultaron sobre la medida que anunciaron. Tampoco nos responden a pesar de que los llamamos”, indicaron. “Lo que le pedimos al Gobierno, más que una audiencia puntual, es discutir el plan de desarrollo de la Provincia, que ellos ni lo conocen. La provincia tiene este plan y por eso queremos aplicar a fondos para la industria”, dicen muy cerca del gobernador.
En rigor, Melella confirmó que judicializará la medida si esta se publica en el Boletín Oficial tal y como fue anunciado en público el martes pasado. “Sin argumentos, con violencia, realmente es complicada la situación. A nosotros nos enoja y muchísimo porque realmente son puestos de trabajo. No nos comamos el caramelito de que mira qué bueno, ahora vamos a tener no sé qué historia, vamos a tener que competir. No, estos son puestos de trabajos que se pierden y ya lo vivimos en la época de(Mauricio) Macri, cuando se hizo de la misma manera con el famoso tema de las notebooks», agregó, en diálogo a Radio Provincia de Ushuaia.
