Representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y alertaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector.
La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, destacó que si bien la actividad económica registró una leve recuperación en el último mes, la industria quedó rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, explicó. Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”.
En esa línea, explicó que la industria es un sector transable que por su naturaleza enfrenta competencia directa del resto del mundo. “La UIA hizo un informe que muestra que la presión tributaria sobre el sector formal es del 56% del PBI. Tenemos una mochila de piedra en la espalda. Además, nosotros arrastramos una cadena de impuestos, por tasas municipales, impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) y nacionales. Por ser productos transables competimos con productos de Brasil o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, detalló.
En ese contexto, desde la UIA reclamaron una profunda reforma tributaria, un aumento del crédito y, en relación a los proyectos que actualmente se están tratando en el Congreso, pidieron una articulación más profunda con el Super RIGI.
“Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, dijo la directora ejecutiva de la central industrial.
En concreto, desde la UIA propusieron replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas que son actividades nuevas y se espera que se desarrollen localmente; y que la Autoridad de Aplicación establezca reglas claras con sector privado para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.
“No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó María Laura Bermúdez.
Luego fue el turno de los representantes de CAME. La secretaria genera de la entidad, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados.
“Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, apuntó.
En tanto, Juan Carlos Uboldi, director de Industria de CAME, comenzó su presentación anunciando que recientemente se vio obligado a cerrar su fábrica de ladrillos.
“Hoy la situación es gravísima. Muchas empresas están cerrando y se están perdiendo puestos de trabajo. Por eso, entre las medidas urgentes pedimos la declaración de emergencia productiva, fiscal, tarifaria y financiera”, sintetizó.
Estas medidas incluyen “pausar” los aumentos de las tarifas energéticas, abrir líneas de crédito con tasas blandas para el sector Pyme, una moratoria “para toda la cadena que está en un proceso de cesación de pagos”, y que el Estado fomente los proveedores locales para que ganen protagonismo en el RIGI y el Super RIGI.
“Sin industria no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina”, concluyó.
El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.
Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Este miércoles se llevará adelante el segundo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El oficialismo se muestra confiado de que podrá dictaminar la semana que viene para llevar el proyecto al recinto el 24 de junio, en pleno Mundial, junto con el pago a los holdouts y otros proyectos.
