En junio pasado, 50 gatos fueron rescatados de un domicilio de la ciudad chubutense de Rawson, donde vivían en condiciones de hacinamiento, desnutrición y falta de atención sanitaria. Hoy, 23 de esos felinos ya cuentan con una nueva condición legal: la Justicia provincial reconoció a estos animales como sujetos de derecho, con protección jurídica propia, y dispuso que permanezcan en hogares adoptivos definitivos.
La fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Materia Ambiental, detalló que la causa comenzó tras denuncias vecinales sobre la acumulación de gatos en una vivienda de la capital.
A partir de ello, personal de la fiscalía y del área de Zoonosis municipal constató desde el exterior la presencia de al menos 15 ejemplares, todos en mal estado, aunque la cifra real resultó mucho mayor durante el primer allanamiento: “Me encontré con cincuenta gatos en total. Estaban en un estado totalmente deplorable”, recordó la fiscal en diálogo con Infobae.
Los gatos fueron rescatados en condiciones de hacinamiento severo, con acumulación de materia fecal y orina de larga data, sin agua ni comida suficiente y sin plan de vacunación antirrábica. Varios presentaban conjuntivitis y cuadros respiratorios o neurológicos, derivados del cruce descontrolado entre ellos. En el lugar también se hallaron cuerpos en estado de descomposición, que convivían junto al dueño y único habitante de la casa.
El lugar fue allanado dos veces, en coordinación con la policía, veterinarios y bioquímicos para minimizar riesgos y garantizar el mejor trato posible a los animales.
El 11 de junio, primero se retiraron los animales más afectados, en particular los que presentaban mayor desnutrición, lesiones o infecciones, y días más tarde el resto, cuando el equipo contó con suficientes recursos médicos y espacios seguros para su recuperación. “No podía trasladar a todos juntos, porque los que iban mejorando podían contagiarse de los que seguían enfermos”, explicó Gómez.
Para todos ellos lo que siguió fue un proceso de rehabilitación, con evaluaciones clínicas, extracción de sangre y orina, curaciones y aislamiento preventivo.
Actualmente, hay 27 que siguen bajo tratamiento y cuidados veterinarios. Los otros 23 ya completaron esta etapa y fueron entregados a familias.
Eso ocurrió luego de que la jueza penal Eve Ponce reconociera a los felinos como seres sintientes, titulares de derechos, lo que impide su restitución al hombre que los tenía y garantiza que solo puedan vivir bajo el cuidado de adoptantes responsables.
“No pueden volver nunca más con esa persona. Quedaron totalmente desvinculados”, celebró Gómez, enfatizando que este paso busca asegurar una vida digna, alimentación adecuada y bienestar para cada animal.
El proceso de adopción se organiza a través de registros en redes sociales gestionados por la fiscalía. Allí, potenciales adoptantes completan formularios y, según sus posibilidades y preferencias, se los contacta cuando hay animales judicializados aptos para integrarse a un hogar.
“No somos un refugio. Los animales judicializados quedan a disposición de la fiscalía hasta que logran recuperarse y se les consigue una familia”, precisó Gómez. Hoy en día, el área tiene bajo su tutela distintos animales secuestrados por causas judiciales, como caballos, cabras, carneros y perros, además de gatos.
Desde la fiscalía informaron que, una vez que los 27 gatos restantes concluyan su recuperación, solicitarán el mismo reconocimiento legal para ellos y continuarán con la búsqueda de adoptantes.
Mientras tanto, la causa avanza contra el imputado, un hombre mayor, físicamente y psicológicamente estable, identificada como acumulador de gatos. Se le atribuyen conductas de maltrato y crueldad animal bajo la Ley 14.346 y la violación de normas de policía sanitaria previstas en el Código Penal, específicamente por no aplicar vacunas obligatorias que previenen la propagación de enfermedades.
