El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro formuló cargos contra tres personas en el marco de una investigación por la presunta utilización de recibos de sueldo apócrifos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para gestionar créditos ante una entidad financiera.
La acusación, presentada por el fiscal Francisco Marano, abarca tres hechos distintos ocurridos en abril de 2025, dos de ellos presuntamente cometidos por una pareja.
La causa se inició tras la detección de irregularidades en operaciones crediticias. Según la hipótesis fiscal, los acusados habrían utilizado recibos de sueldo falsificados para obtener préstamos por sumas considerables.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, uno de los hombres imputados solicitó el 11 de abril de 2025 un crédito, presentando un recibo de sueldo presuntamente apócrifo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Como resultado, la entidad financiera aprobó el préstamo y depositó 2.000.000 de pesos en una cuenta virtual a nombre del acusado. Este primer hecho constituye, según la acusación, el delito de uso de documento público falso y estafa.
El segundo episodio bajo investigación involucra a la pareja del primer imputado, quien el 30 de abril de 2025 habría recibido en su cuenta bancaria la misma suma. De acuerdo a la formulación de cargos, el préstamo se gestionó nuevamente mediante la presentación del mismo certificado de ingresos apócrifo, aunque en este caso la operación se realizó a nombre de la mujer y los fondos fueron transferidos a su cuenta. La Fiscalía atribuyó al hombre la coautoría de este hecho junto a su pareja, considerándolos responsables de uso de documento falso y estafa.
La tercera persona acusada, también hombre, habría intentado tramitar un préstamo durante el mismo mes y ante la misma entidad financiera, presentando igualmente un recibo de sueldo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con características similares a los anteriores. Sin embargo, en esta ocasión la maniobra fue detectada antes de que se concretara el desembolso, lo que motivó la intervención de funcionarios del ministerio y la posterior denuncia penal. Por ello, la imputación se limitó a la tentativa de uso de documento falso y estafa.
Durante la audiencia, el fiscal Marano destacó que los tres hechos guardan relación entre sí y se habrían perpetrado en un lapso de pocas semanas. Subrayó la coincidencia de los documentos utilizados y el patrón de solicitudes, lo que permitió establecer un nexo entre los acusados y orientar la investigación hacia una posible maniobra organizada.
Para respaldar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó una serie de pruebas recolectadas durante el proceso, entre ellas la denuncia realizada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, informes técnicos elaborados por el Cuerpo de Investigación Judicial y actas de allanamiento y secuestro de teléfonos celulares.
La investigación incluyó además análisis del Gabinete de Criminalística y pericias de extracción forense en dispositivos electrónicos realizadas por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL).
A estas pruebas, se suman respuestas remitidas por entidades bancarias y plataformas digitales que permitieron reconstruir el circuito del dinero y verificar la documentación presentada en los trámites.
La Fiscalía incorporó además testimonios de empleados de la firma comercial vinculada a la operatoria de los préstamos, de la persona que intervino en la gestión administrativa de las solicitudes y de un testigo externo. También se anexó la documentación aportada por la entidad financiera sobre las constancias presentadas por los imputados.
El abogado defensor de los imputados manifestó durante la audiencia que se encuentra trabajando en la búsqueda de una salida alternativa al conflicto, aunque en esta instancia no se opuso a la formulación de cargos. El juez de garantías interviniente resolvió tener por formalizada la acusación y dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria, otorgando un plazo de cuatro meses para avanzar en la recolección de pruebas y eventuales medidas complementarias.
La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar el grado de participación de cada imputado y la posible existencia de otros hechos similares.
