La desaparición de una adolescente de 13 años permitió descubrir una trama de grooming y abuso sexual que, según la investigación judicial, involucraba a numerosos adultos de Villa María de Río Seco, una localidad de unos seis mil habitantes del norte de Córdoba. La joven fue localizada con vida en la provincia de Santiago del Estero junto a otra menor y, a partir del análisis de los teléfonos celulares, los investigadores comenzaron a reconstruir una cadena de contactos que derivó en once personas detenidas y tres menores identificadas como víctimas.
La fiscal Analía Cepede, a cargo de la causa, contó los detalles del expediente en Infobae al Regreso, donde explicó que todo comenzó el 1° de julio, cuando la madre de la adolescente se presentó en la comisaría para denunciar que su hija no había regresado a su casa. El rastreo del teléfono permitió determinar que se encontraba en Sumampa, Santiago del Estero, donde finalmente fue hallada junto a otra adolescente en la vivienda de un hombre de 60 años.
“Llegamos a un domicilio particular de un hombre mayor de 60 años”, relató Cepede. Sin embargo, la fiscal explicó que no pudieron detenerlo porque el procedimiento se realizó fuera de su jurisdicción. La prioridad, en ese momento, fue poner a salvo a las menores. “Lo que hice fue velar por la integridad de las dos menores. Las retiré del domicilio y las trasladé a Córdoba, al Polo de la Mujer, para que sean abordadas médica y psicológicamente”, señaló.
Ese traslado fue también el punto de partida de una investigación mucho más amplia. El análisis de los celulares permitió identificar otros adultos que habían mantenido contacto con las adolescentes y establecer que los primeros acercamientos se producían a través de medios digitales. Según la fiscal, después se concretaban encuentros presenciales y se intercambiaban imágenes. “Hoy a la fecha tenemos once detenidos, todos de Villa María de Río Seco, imputados por el delito de grooming y de abuso sexual con acceso carnal”, confirmó.
Cepede sostuvo que una característica llamativa de la investigación es el perfil de buena parte de los acusados. “El 90% de los detenidos son remiseros o taxistas”, afirmó. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, esas personas tenían una particular facilidad para trasladar a las menores y, al mismo tiempo, formaban parte de un circuito en el que la información sobre ellas circulaba entre distintos adultos.
Una cadena de contactos que funcionaba de manera informal
La fiscal hizo una precisión importante sobre el modo en que operaba la trama: no se trataría de una organización criminal estructurada, con una persona que coordinara y distribuyera roles, sino de una cadena informal de contactos entre adultos. “No hay un regenteo, no hay un proxenetismo. Es una contactación interpersonal entre ellos”, explicó.
La información, según la investigación, se transmitía de una persona a otra y permitía que distintos hombres accedieran a las menores. “No hablamos de una organización delictiva, sino de una transmisión doméstica de la información sobre las menores”, sostuvo Cepede. Esa dinámica es, justamente, una de las particularidades que más llamó la atención de los investigadores: la trama habría podido sostenerse durante un período prolongado sin una estructura visible que concentrara las decisiones.
Las víctimas identificadas tienen entre 13 y 15 años y, de acuerdo con lo reconstruido hasta ahora, se encontraban en un contexto de especial vulnerabilidad. La fiscal señaló que los contactos se producían inicialmente por medios digitales y que luego algunos adultos facilitaban los encuentros. También indicó que las adolescentes recibían contraprestaciones de escaso valor a cambio de los encuentros o de las imágenes.
“La vulnerabilidad es absoluta”, describió Cepede al referirse a las menores y a su contexto familiar. La investigación intenta determinar, además, cuánto tiempo llevaba funcionando este circuito y si existen otras posibles víctimas que todavía no hayan sido identificadas.
La investigación por los implantes anticonceptivos
El abordaje médico de las adolescentes abrió, además, otra línea de investigación que ahora tramita la Justicia. Durante los controles, dos de las menores manifestaron tener colocados implantes anticonceptivos. Según explicó Cepede, una de ellas llevaba el dispositivo desde hacía aproximadamente dos años y la otra desde hacía unos seis meses.
El dato generó interrogantes porque, de acuerdo con la fiscal, ambas eran muy pequeñas cuando se les colocaron los dispositivos. Por eso, la Justicia busca establecer en qué circunstancias fueron colocados, quién los autorizó y cuál fue la participación de sus familias y del sistema de salud.
“Queremos saber por qué están autorizados y cuál es el protocolo para que una menor pueda presentarse y solicitarlo como método anticonceptivo”, planteó Cepede. La fiscal también explicó que en la zona existen determinadas concepciones sobre estos métodos anticonceptivos vinculadas con la prevención de embarazos en contextos de vulnerabilidad, aunque la investigación deberá determinar en cada caso cómo se tomó la decisión y con qué conocimiento y consentimiento.
La causa, de este modo, ya no se limita a establecer quiénes tuvieron contacto con las adolescentes y qué delitos pudieron haber cometido. También busca determinar qué adultos responsables y qué instituciones intervinieron —o dejaron de intervenir— frente a situaciones que, según la investigación, se prolongaron en el tiempo.
Un caso que también expuso los límites entre provincias
El hallazgo de las dos adolescentes en Santiago del Estero dejó al descubierto otra dificultad que atravesó el comienzo de la investigación: los límites jurisdiccionales. Aunque las menores fueron encontradas en la vivienda de un hombre de 60 años, Cepede explicó que no podía ordenar su detención porque el domicilio estaba fuera de Córdoba.
“Lo que hice fue velar por la integridad de las dos menores”, insistió la fiscal al explicar la decisión de trasladarlas inmediatamente a Córdoba. Respecto del hombre que se encontraba con ellas, señaló que se comunicó la situación a las autoridades locales, pero que hasta el momento no tenía constancia de que hubiera sido detenido.
La investigación continúa ahora sobre los teléfonos secuestrados, los vínculos entre los adultos identificados y las declaraciones de las víctimas. Para la fiscal, el caso permitió descubrir una trama que permanecía oculta detrás de contactos aparentemente aislados y que, a partir de la desaparición de una adolescente, comenzó a revelar una cadena mucho más extensa de adultos y menores.
En paralelo, la Justicia deberá determinar si las tres adolescentes identificadas hasta el momento son las únicas víctimas y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los abusos, los contactos digitales y la colocación de los implantes anticonceptivos. La causa, que comenzó con la búsqueda urgente de una menor desaparecida, terminó exponiendo así una trama de vulnerabilidad y abuso que había permanecido fuera del radar de las autoridades.
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