Cristian “Pity” Álvarez decidió cambiar de abogados en pleno juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz y pidió al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 que suspenda el debate para que sus nuevos defensores puedan estudiar el expediente y preparar una nueva estrategia.
Los abogados elegidos por el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados son Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes fueron propuestos formalmente como defensores particulares en un escrito presentado este miércoles a primera hora ante el tribunal y al que accedió Infobae.
Hasta el momento, la defensa del músico estaba integrada por los defensores oficiales Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín.
El nuevo planteo se conoce luego de los anteriores intentos de la defensa de Álvarez por postergar el juicio, que finalmente comenzó el lunes pasado. En este caso, los nuevos abogados se anticiparon a una eventual lectura del pedido como una maniobra para demorar el proceso y dejaron asentado en el escrito que la solicitud “no persigue introducir una dilación indebida ni frustrar la realización del juicio”.
El recambio se produce con el debate oral ya iniciado y viene acompañado de un pedido para frenar temporalmente su avance. “Vamos a pedir la suspensión y prórroga porque vemos que hay puntos que no se están trabajando y se podrían trabajar”, explicó Queijeiro a Infobae.
“Pity no está en condiciones de afrontar el juicio que se está desarrollando por su estado de salud psicofísica”, sostuvo Baños ante este medio y volvió a solicitar “un tiempo prudencial para preparar la defensa”. Además, anticipó otro planteo: “El juicio debería haberse realizado con jurados populares” y, por ese motivo, consideró que “debería anularse y retomarse con jurados cuando Pity esté en condiciones de afrontar el proceso”.
En la presentación, Álvarez solicita que ambos abogados puedan actuar “conjunta o indistintamente” y que tengan acceso integral a las actuaciones a través del sistema Lex 100 para consultar las resoluciones, escritos y la prueba documental, pericial y testimonial incorporada a las dos causas por las que está siendo juzgado.
Por eso, junto con la designación, pidió que el juicio sea suspendido durante un “plazo prudencial” que permita a los nuevos abogados interiorizarse sobre las actuaciones y definir la estrategia que llevarán adelante.
El pedido para suspender el juicio
“El derecho de defensa en juicio exige una defensa materialmente posible, eficaz y dotada del tiempo y de los medios necesarios para la intervención profesional”, sostiene la presentación.
Según argumentaron, la incorporación de una nueva defensa requiere que los abogados puedan “examinar integralmente las actuaciones” y conocer los antecedentes del proceso antes de continuar con el debate.
Como planteo principal, solicitaron la suspensión del debate por un “plazo prudencial” para que la nueva defensa pueda estudiar integralmente las actuaciones y preparar su estrategia.
En caso de que el tribunal no haga lugar, pidieron subsidiariamente que se deje sin efecto la fecha actualmente fijada y se reprograme el juicio, con una antelación que les permita estudiar las actuaciones.
La presentación invoca el artículo 18 de la Constitución Nacional y las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 el que deberá resolver el planteo y definir si el juicio continúa de acuerdo con el cronograma previsto o si concede a los nuevos defensores el tiempo solicitado para preparar la defensa.
