A menos de un mes de que se cumpla un año del arresto domiciliario concedido a la contadora de La Plata Natalia Foresio, la defensa recurrió nuevamente a la Justicia con un pedido de excarcelación mientras continúa siendo investigada como presunta líder de una red de facturación apócrifa, lavado de activos y evasión fiscal.
La solicitud, firmada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, quedó incorporada al expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, en tanto aguardan el inicio del juicio oral.
Según informó el medio local 0221.com, el escrito reclama el cese de la prisión preventiva que pesa sobre la profesional y plantea que la medida se ha vuelto injustificada. Uno de los argumentos centrales es que la contadora es la única persona privada de su libertad dentro del expediente, ya que el resto de los imputados transita el proceso en libertad.
Los abogados calificaron la continuidad de la medida como “arbitraria” y solicitaron la liberación poniéndose a disposición del juzgado cada vez que sea requerida su presencia y fijando un domicilio del que no deberá ausentarse sin permiso judicial.
Foresio cumple arresto domiciliario en su casa desde hace 11 meses, luego de haber estado recluida en el penal de Ezeiza. Esta posibilidad fue concedida en julio de 2025 por el mismo Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3. En aquella oportunidad, el tribunal ordenó su traslado también bajo caución juratoria de la propia imputada, sus hermanos y su hijo mayor.
Además, el magistrado impuso ocho restricciones que incluyeron rondines policiales aleatorios a cargo de la DUOF La Plata, prohibición de contacto con víctimas, testigos y coimputados —con excepción de su pareja y conviviente, Luis Mauricio Cortazzo—, impedimento de uso de dispositivos electrónicos y baja obligatoria de la conexión a internet tanto en su domicilio como en su estudio contable.
Previamente, Kreplak había rechazado el primer pedido de arresto en la casa que hicieron Molina y Gascón, argumentando que existía un riesgo de fuga dado que la acusada contaría con los medios económicos para fraguar un plan de escape.
Cómo comenzó la investigación
La causa tiene su origen en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y derivó en el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas e inactivación masiva de CUITs. Según los investigadores, Foresio habría diseñado y administrado, junto a Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de comprobantes falsos desde su propio estudio contable, con inscripciones en domicilios que coincidían con su casa particular o la de familiares.
El esquema, que habría comenzado en 2020, se habría desplegado en tres niveles. En la base, las llamadas Empresas A generaban facturas apócrifas; en el segundo eslabón, las Empresas B registraban compras irregulares y revendían esos comprobantes; y en el tercer nivel operaban compañías reales con actividad en los sectores turístico y hotelero. El fraude investigado supera los 40.000 millones de pesos, según la estimación judicial.
Foresio fue procesada por “ser miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, en calidad de jefa y organizadora, que habría funcionado de manera permanente, al menos desde el 2020 a la fecha”.
La mujer habría emitido comprobantes apócrifos “con el fin de generar créditos fiscales en cabeza de los contribuyentes que gestiona para respaldar la emisión de facturas electrónicas con el fin de no generar saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias y, a la par, emitió notas de crédito apócrifas, y así burló los mecanismos de detección automática de ARCA, con el propósito de ampliar el rango de crédito fiscal tomado por cada usina a los fines de cubrir las posteriores facturas que esa usina iba a proveer a terceros usuarios”.
