Las cámaras empresarias del transporte público del área Metropolitana de Buenos Aires pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.
El conflicto no es nuevo. Desde el 1 de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.
Lo que está en juego no es menor: el sistema de colectivos del AMBA moviliza a millones de personas cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el Gran La Plata. Una caída a la mitad de la frecuencia normal ya demostró las primeras semanas de abril que tiene un impacto directo y cotidiano sobre trabajadores, estudiantes y cualquier habitante del área metropolitana que dependa del transporte público para moverse.
Las cámaras reconocen que el Estado ha dado pasos parciales. En el comunicado, admiten los esfuerzos de las autoridades por avanzar en la cancelación de compensaciones pendientes y valoran las instancias de diálogo abiertas en las últimas semanas. No obstante, advierten que esos avances no se tradujeron en soluciones efectivas: la deuda en concepto de compensaciones supera los 128 mil millones de pesos y el sector continúa absorbiendo costos sin una definición clara sobre cómo serán cubiertos. “Magos no somos”, señalaron voceros empresariales al ser consultados sobre la posibilidad de sostener el servicio en las condiciones actuales.
La reunión del jueves en la Secretaría de Transporte de la Nación será la instancia más relevante desde que estalló el conflicto. Las cámaras esperan recibir allí respuestas “concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos. No es la primera vez que ambas partes se sientan a negociar: el 9 de abril funcionarios se reunieron con representantes del sector. Aquel encuentro no arrojó acuerdos y derivó en la conformación de mesas técnicas de trabajo.
En aquella oportunidad, la Secretaría de Transporte subrayó que se había efectivizado el pago del anticipo del 60% correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias de abril, y que desde enero se acumularon actualizaciones del 41% en los meses de febrero y marzo. Pese a ello, las empresas sostienen que esos montos resultan insuficientes frente al ritmo de aumento de los insumos, en particular el combustible, cuyo precio escaló tras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio.
El Gobierno enfrenta un dilema de difícil resolución: ampliar los subsidios al sector implicaría mayor gasto público en un contexto de ajuste fiscal, mientras que habilitar una suba del boleto presionaría sobre la inflación.
La reducción de servicios no alcanza a todas las empresas del AMBA: las compañías Dota y Metropol no adhirieron a las medidas de racionalización. Pero las firmas que sí lo hicieron representan una porción considerable del parque automotor metropolitano, y el recorte se concentra en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, donde el impacto sobre la movilidad es más agudo.
