La ex titular del juzgado de Familia N° 1 de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho agravado. La magistrada había sido apartada de su cargo en 2017 por varias acusaciones entre las que se encontraba la venta de bebés.
A pesar de la sentencia dictada por el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro, Velázquez obtuvo el beneficio de libertad condicional al computarse el tiempo que permaneció detenida tras su extradición desde España, donde fue aprehendida en el aeropuerto de Barajas en julio de 2024 por efectivos de Interpol. La reciente condena se extiende hasta julio de 2028, mientras que la inhabilitación será hasta 2031.
De acuerdo con Diarioresumen, la resolución se dio a partir de un convenio entre la fiscalía y la defensa, en donde Velázquez admitió haber cometido el delito de “cohecho agravado por su condición de funcionaria pública”. Fue el resultado de comprobar que la acusada ofreció dinero a dos funcionarias públicas para influir en actuaciones vinculadas a procesos de adopción. El tribunal consideró que el delito quedó configurado con el solo ofrecimiento del soborno, según explicó el sitio de noticias web Pilardetodos aun cuando ambas funcionarias rechazaran el dinero y la maniobra nunca llegó a concretarse.
El caso de la ex jueza se remonta a 2017 cuando la apartaron del fuero familiar del cual era titular desde que se creó el tribunal. En 2016 había sido suspendida y entre los cargos que fundamentaron su expulsión figuraban el datado falso de sentencias, el acoso laboral, la firma irregular de más de 600 expedientes por parte de auxiliares durante sus ausencias —muchas de ellas sin autorización de la Corte— y, sobre todo, la presunta intermediación en la cesión de bebés por precio.
Según reconstruyó Infobae basándose en fuentes judiciales y en el expediente de destitución, Velázquez habría enviado a trabajadoras sociales a recorrer barrios pobres de Pilar con el objetivo de contactar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para convencerlas de dar a sus hijos en adopción y, en paralelo, recibir dinero para fraguar papeles de adopción y mejorar la situación de determinadas familias postulantes.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder este medio en aquel entonces, la funcionaria las convocó a su despacho a principios de 2011 y les propuso realizar un “trabajo extra” fuera del horario de tribunal. En la página 14 de las 35 se hace referencia a los testimonios: “Surge con precisión que a inicios del año 2011, junto a C.B., fueron llamadas por la Dra. Velázquez a su despacho, oportunidad en la cual esta les propuso realizar ‘un trabajo extra’ fuera del horario tribunalicio. Consistía en ir por los barrios pobres de Pilar a efectos de ‘conseguir panzas’”. “Les explicó que había muchos matrimonios adinerados en la zona, con residencias en countries, que estaban dispuestos a pagar muy bien por ese trabajo, dando claramente a entender que ambas trabajadoras sociales iban a recibir un dinero por ´esos hallazgos´”, detallaron en el documento.
A principios de 2024, el juez Nicolás Ceballos emitió un pedido para que la detuvieran. Su detención se produjo luego de que el fiscal José Amallo solicitara su captura al no poder localizarla en su domicilio de Acassuso para notificarla de una indagatoria. Migraciones había registrado su salida del país con destino a Londres, lo que motivó el alerta internacional.
La causa penal por estos hechos —caratulada inicialmente con los delitos de falsificación de instrumento público y cohecho— tramitó durante años en paralelo a la destitución. La condena dictada por el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro corresponde específicamente al tramo vinculado al ofrecimiento de coimas a funcionarias en el marco de los procesos de adopción. Los restantes tramos de la investigación continúan su curso judicial.
