La familia de Loan Danilo Peña emitió este 31 de julio un extenso comunicado en el que denunció maniobras de obstaculización judicial, cuestionó las denuncias contra la jueza federal de Goya y exigió que ninguna línea de investigación sea clausurada mientras el niño continúa desaparecido, a más de dos años de su desaparición en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.
El documento, titulado “Los secuestradores y los obstaculizadores” y firmado por los padres María Noguera y José Peña, junto con sus hijos Mariano y José, fue difundido en el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOFC) en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. El proceso, que reúne a 17 acusados, ventila de forma simultánea la hipótesis principal de sustracción del menor y la causa conexa por encubrimiento y desvío de la pesquisa.
“Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo”, arranca el texto. “Desde entonces no hemos pedido privilegios, no hemos reclamado excepciones ni pretendido interferir en el funcionamiento de las instituciones de la República. Hemos hecho una sola cosa: exigir, día tras día, que el Estado argentino investigue hasta las últimas consecuencias qué ocurrió con Loan“, escribieron los Peña-Noguera.
El eje central del comunicado apunta a las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por el titular de La Alameda, Gustavo Vera, contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, magistrada que instruyó la investigación y dispuso la elevación de la causa a juicio oral. “De inmediato y casualmente, comenzaron a activarse y tomar impulso las denuncias en su contra”, advirtieron los Peña-Noguera.
La citación de Pozzer Penzo ante el Consejo de la Magistratura quedó fijada para el 26 de agosto. La magistrada rechazó las acusaciones y afirmó que las actuaciones se originaron en un reclamo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por supuestos malos tratos al personal, y que refutó cada uno de los hechos con prueba objetiva.
El texto de la familia traza una secuencia que, a su juicio, se repite desde el inicio del caso. “Primero fueron las víctimas. Luego los familiares. Después los testigos. Más tarde quienes colaboraban con la investigación. Posteriormente comenzaron los cuestionamientos dirigidos hacia auxiliares, investigadores y funcionarios judiciales”, enumeraron con precisión. “Hoy esas controversias alcanzan a magistrados que adoptaron decisiones relevantes dentro de una de las investigaciones criminales más complejas, delicadas y trascendentes de la historia reciente de nuestro país.”
En ese hilo, el comunicado recordó que personas llegadas desde Buenos Aires intervinieron en los primeros meses sobre los niños que acompañaron a Loan en el naranjal, los últimos testigos que lo vieron con vida. Según la familia, “los manipularon, los asustaron, y finalmente lograron que no recuerden nada o directamente sean contradictorios, confusos o directamente no tengan rastros indubitables en su memoria”. El resultado, afirmaron, fue que hasta hoy ninguno de esos testimonios permitió identificar a quien se llevó al niño.
Otro punto de tensión abordado en el documento es la solicitud de archivo e invalidación de la investigación sobre Vera por parte de los fiscales de la PROTEX y el fiscal federal de Corrientes, Mariano de Guzmán, quienes integran el legajo 92 del caso. La familia no ocultó su indignación: “Estamos absortos, indignados, asombrados, de ver como nuestra verdad por Loan se coarta, se limita y en este caso, se pretende dejar sin efecto a la vista de todos los correntinos una investigación que nunca se pudo hacer”. Y agregaron con contundencia: “Loan no está, Loan sigue secuestrado. Consideramos que ni ésta ni ninguna línea de investigación puede ser descartada prematuramente.”
El comunicado también incorporó un dato que la familia presentó como objetivamente verificable: la abogada Elizabeth Cutaia, integrante de la denominada “banda del hotel” y actualmente sometida a juicio oral por su presunta intervención en el encubrimiento, sería también la defensora del narcotraficante venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, detenido en una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza en el marco de una causa federal de criminalidad organizada. La familia aclaró que no formula reproche alguno sobre el ejercicio legítimo de la defensa técnica, pero subrayó que “la coincidencia objetiva de actores, vínculos profesionales y ámbitos procesales constituye un dato verificable cuya valoración corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes”.
Sobre el juicio oral en curso, los Peña-Noguera reconocieron el trabajo del tribunal y valoraron la firmeza de sus integrantes frente a las presiones. “La vehemencia demostrada en estos últimos días por sus integrantes, su reacción ante la prepotencia de la agresividad, tilinguez y muestras de desprecio por la dignidad humana, pone de manifiesto que no pasará ni la mentira, ni el agravio, ni las chicanas, ni las faltas de respeto, ni los gritos, ni las actividades dilatorias y difamantes”, señalaron. Y advirtieron que esa resistencia tiene un valor que trasciende la causa: “Después de Loan, al menos lo pensarán dos veces”.
La familia también subrayó que la investigación paralela que lleva adelante el Juzgado Federal de Goya continúa activa fuera de los reflectores mediáticos. “No es publicitado, no está en la televisión, pero está en el Juzgado”, afirmaron, en referencia al legajo 92 que impulsan junto a Pozzer Penzo con nuevos indicios y medidas. Esa causa, precisaron, abarca referencias a posibles maniobras de entorpecimiento, operaciones de desinformación, actuaciones extraprocesales, utilización de medios y redes sociales para instalar hipótesis no corroboradas, y desplazamientos nacionales e internacionales cuya modalidad aún debe ser esclarecida.
A lo largo del texto, los Peña-Noguera distinguieron con cuidado entre lo que corresponde a la Justicia determinar y lo que compete a ellos como víctimas directas. Reiteraron que no señalan culpables ni dictan sentencias, pero advirtieron que denunciarán públicamente a quienes no cumplan con su deber de investigar. “La verdad no puede detenerse cuando la investigación comienza a acercarse a intereses relevantes”, afirmaron, con referencia expresa al proceso en curso y a los intentos de anulación y descrédito que, según la familia, se intensifican a medida que el debate avanza. “Ahora viene por el juicio oral, atacan al fiscal, atacan a los jueces, quieren anular, dilatar, detener, embarrar la cancha”, escribieron.
El comunicado cconcluye con una afirmación que los Peña-Noguera presentaron como el núcleo de su reclamo: “La verdad no pertenece a una familia. No pertenece a un juez. No pertenece a un fiscal. No pertenece a un gobierno. La verdad pertenece a la sociedad”.
El juicio oral retomó sus audiencias el 28 de julio, luego del receso por la feria judicial. Al momento de la emisión del comunicado, el TOFC acumulaba más de doce jornadas de debate y había escuchado a más de 20 testigos, entre familiares del menor, efectivos policiales y personal de las fuerzas federales que participaron en los primeros operativos de búsqueda.
