Los miembros de la familia Santarceri fueron imputados por asociación ilícita y seguirán detenidos en la causa que investiga una prepaga trucha de La Matanza que contaba con “falsos médicos”, clínicas, farmacias sin habilitación y una flota de vehículos de emergencia, indicaron fuentes del caso a Infobae.
Se trata de Alberto Rubén “Beto” Santarceri, considerado jefe de la organización criminal que actuaba bajo la fachada de «Argentina Salud», y su pareja, Noelia Sofía Luna, segunda en la jerarquía.
También sus hijos Nicolás y Brian Santarceri. El primero aparece como “encargado de área protegida” y co-fundador de la prepaga. Su hermano se encargaba del personal.
Gabriel Musse, mano derecha del jefe del clan, y Marcelo Busto, otro familiar, completan la nómina de los responsables del esquema delictivo montado, presuntamente, para lavar dinero de la piratería del asfalto.
El fiscal Fernando Garate, a cargo de la investigación, además indagó al resto de los detenidos por ejercicio ilegal de medicina y usurpación de título; aunque seguirán el proceso en libertad por decisión del juez de Garantías Rubén Ochipinti.
Por último, las fuentes indicaron que esta semana se van a recibir declaraciones a varios médicos perjudicados, a particulares, a directores de escuelas donde prestaron servicio, entre otros damnificados.
El caso se destapó tras denuncia de Romina Neira, una médica esteticista que en diciembre de 2025 denunció que usaron su matrícula y su sello en una causa de violencia de género, en la que no había tenido participación y bajo otra especialidad, la clínica.
Santarceri, que tiene antecedentes por robos, hurtos y una pena por homicidio, solía llevar un ambo, al igual que su pareja, a quien llamaban “la médica”. Ninguno de los dos es profesional de la salud.
La maniobra
Tras las detenciones, fue clave la declaración de uno de los “profesionales de la salud” que, en pocas palabras, explicó la maniobra ante el fiscal.
Carlos Covarrubias declaró que es médico en Bolivia sin habilitación en Argentina. Reveló, además, que una compañera lo contactó con Santarceri y comenzó a trabajar.
Claro que para hacerlo necesitaba un permiso que no tenía. Entonces, Santarceri le dio un sello del “Dr. Gonzalo La Torre” y una oficina para trabajar en la sede de Virrey del Pino.
Detalló que, a veces, “hacían emergencias en escuelas”. Al mismo tiempo, dejó claras las jerarquías: “Si no estaba Santarceri, era su mujer, Sofía Luna la encargada”.
Incluso, reconoció: “Cuando salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados».
Según indicó, le pagaban 80.000 pesos por guardia de 24 horas. Entre otras cuestiones, dijo que varios de sus compañeros estaban en su misma situación.
El caso
En febrero de este año, la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, a cargo de Garate, Secretaría de Francisco Veiga, encomendó las tareas investigativas a la División Investigación del Robo Organizado de la PFA.
Durante los operativos fueron detenidos 29 integrantes de la red delictiva, se incautaron siete vehículos ploteados como ambulancias y se decomisaron medicamentos e insumos valuados en más de 80 millones de pesos, entre muchos otros elementos de valor probatorio.
Además, incautaron una escopeta y dos pistolas con gran cantidad de municiones, 286 sellos de profesionales de la salud, gran cantidad de talonarios y recetarios médicos, 3200 historias clínicas, 36 teléfonos celulares, 48 computadoras y dispositivos electrónicos.
Uno de los procedimientos que llamó la atención de los detectives tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Fortín Yunka de la localidad de Virrey del Pino, donde se hallaron restos de medicamentos parcialmente incinerados y extrañas excavaciones realizadas en distintos sectores del terreno.
