Cinco personas fueron detenidas este viernes tras un megaoperativo que incluyó 18 allanamientos simultáneos en domicilios y locales de una cadena de gimnasios que funcionaba en Chaco y Corrientes. Según confirmaron fuentes oficiales, se sospecha que los locales habrían sido utilizados para ocultar un presunto esquema de lavado de activos.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.
En el operativo participaron cerca de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 de la Policía del Chaco, personal especializado en análisis contable e informático, y equipos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad Fiscal Resistencia, con cuatro camiones de Gendarmería y equipos de contadores y peritos informáticos.
De acuerdo con la información del sitio Fiscales, los procedimientos tuvieron como blanco a las sucursales de la cadena de gimnasios Exen en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno (Chaco), y en el Hotel Guaraní de Corrientes, donde se planeaba abrir otra sede.
No obstante, también se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados a los investigados. Durante los allanamientos, se incautaron máquinas de gimnasios, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados a la investigación para profundizar el análisis de patrimonio y origen de los fondos.
Actualmente, el expediente cuenta con siete personas imputadas por el delito de lavado de activos. De ese grupo, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por disposición judicial, tras considerarse riesgos procesales por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.
Además, a cuatro de los detenidos se les atribuyeron los agravantes de habitualidad y organización. Mientras tanto, los otros dos imputados, identificados como un hombre y una mujer, fueron notificados de su situación procesal y permanecerán en libertad.
La causa se inició a partir de la información aportada por una persona acogida al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración homologado por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. Así, se vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. Incluso, se sospecha que parte de los vehículos usados por esa organización estarían relacionados con la concesionaria investigada.
Luego de que el fiscal general Sabadini iniciara una investigación preliminar para determinar la existencia de maniobras de lavado de activos y reconstruir el origen de los fondos, se realizaron relevamientos patrimoniales y financieros, consultas a registros de vehículos e inmuebles, informes tributarios y migratorios y análisis de movimientos bancarios y de activos virtuales.
Fue así que se constató que, entre febrero de 2025 y julio de 2026, la cadena de gimnasios Exen pasó de su primera sede, inaugurada en febrero de 2025, a contar con siete sucursales en distintas localidades, incluida una en construcción en Corrientes. El requerimiento fiscal destacó que la expansión comercial alcanzaba incluso a la República del Paraguay.
Por este motivo, Sabadini subrayó que el ritmo de expansión y el volumen de inversiones en la cadena Exen resultaban “económicamente inviables” para un negocio de esas características. Asimismo, remarcó que la velocidad de aperturas y el dinero destinado a equipamiento y obras de infraestructura no correspondían con la capacidad económica declarada de los emprendimientos.
“La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”, afirmó Sabadini.
Una estimación realizada por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco valoró el equipamiento de cinco sucursales en 1.434.241 dólares. Las facturas de compra presentadas sumaban 407.743 dólares, lo que dejó una diferencia de 582.049 dólares.
En este sentido, subrayaron que la cifra que no fue declarada representaba el 58% del activo fijo relevado, la cual no contaría con justificación documentada. Para el fiscal, los ingresos declarados y la situación patrimonial de los socios no explicaban el volumen de las inversiones.
Por este motivo, las siete personas imputadas fueron acusadas de integrar un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de presunta procedencia ilícita. Según la Fiscalía, se utilizaron sociedades y una red de negocios para canalizar dinero de origen posiblemente vinculado al narcotráfico y otros delitos, mediante inversiones en gimnasios, concesionarias y bienes registrables.
Incluso, en la acusación se describió un “costoso nivel de vida”, adquisición de vehículos y viajes, con erogaciones que no se correspondían con los perfiles económicos declarados de los investigados. Por esto, el fiscal concluyó que la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia” sería uno de los principales elementos de prueba y sostuvo que “la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usuales para lavar activos de origen espurio”.
