La causa que investiga la desaparición de Mario Fabián Golemba, el joven de 27 años que fue visto por última vez en marzo de 2008 en Misiones, sumó un avance clave este lunes. Por orden de la jueza federal María Verónica Skanata, 16 efectivos de la Policía de Misiones, algunos en actividad y otros retirados, fueron detenidos por su presunta participación en la privación ilegítima de la libertad de la víctima y en las posteriores maniobras para ocultar lo ocurrido.
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La medida fue solicitada por la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, Silvina Gutiérrez, quien atribuyó a los imputados distintos grados de participación en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, su permanencia bajo una custodia estatal clandestina y las maniobras posteriores destinadas a encubrir su desaparición.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que los procedimientos fueron realizados por personal de la Gendarmería Nacional Argentina en distintos puntos de Misiones.
Entre los imputados se encuentran el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge, quien actualmente cumple funciones en Seguridad Vial; los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, este último retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer. Ferreyra y Pellizer también están retirados.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los policías habrían utilizado la estructura funcional y operativa de la comisaría de Dos de Mayo para detener ilegalmente a Golemba, mantenerlo bajo una custodia clandestina y someterlo a violencia física. Desde entonces, nada se sabe sobre su destino y sus restos tampoco fueron encontrados.
Para los investigadores, no se trató de conductas aisladas, sino de un plan común en el que los distintos imputados habrían realizado aportes desde sus respectivos roles dentro de la fuerza.
En ese contexto aparece uno de los puntos centrales de la acusación: la existencia de un “pacto de silencio institucional” que, según la Fiscalía, comenzó con la desaparición de Golemba y se mantuvo durante los años siguientes para impedir que se conociera qué había ocurrido con él.
Según la imputación, ese entramado se habría manifestado mediante “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.
La Fiscalía considera, además, que al investigarse una desaparición forzada de persona, un delito de carácter permanente, la eventual responsabilidad penal no se limita a quienes habrían intervenido directamente en la violencia ejercida contra Golemba.
También podría alcanzar a aquellos policías que, siempre de acuerdo con la acusación, tomaron conocimiento de que el joven permanecía detenido clandestinamente y omitieron denunciarlo o adoptar medidas para poner fin a esa situación.
Esas conductas, según los investigadores, habrían permitido preservar el pacto de silencio, mantener oculto el destino de Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento sobre qué ocurrió con él.
La desaparición de Golemba
Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 salió de la casa que compartía con su familia en Picada Indumar, en la localidad misionera de Dos de Mayo, para asistir a una consulta con una nutricionista en Oberá.
Después del turno médico, envió mensajes de texto a sus familiares y a su pareja. Les avisó que regresaría “cerca de la tardecita”. Sin embargo, nunca volvió a su casa y desde entonces se desconoce su paradero.
La investigación inicial quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, aunque durante años no se pudo determinar qué había sucedido.
Con el avance del expediente surgieron testimonios que modificaron el rumbo de la causa. Testigos de identidad reservada declararon ante la Justicia provincial y federal que Golemba había estado detenido en la comisaría de Dos de Mayo, dependiente de la Policía de Misiones, donde habría sido golpeado.
En junio de 2021, a partir de un planteo realizado por la querella que representa a la familia del joven, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas, que comenzó a investigar el caso como una posible desaparición forzada de persona.
Actualmente, la causa tramita ante la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez, y cuenta con la intervención del Centro de Reunión de Información “Misiones” (CRIMIS) de la Gendarmería Nacional Argentina.
En la investigación también colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.
* Con información del sitio www.fiscales.gob.ar.
