En 1990 se realizó, en San Bernardo, el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC). En el balneario bonaerense, con vista al mar argentino, se declaró el 28 de septiembre como el “Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina”.
La fecha fue propuesta por la delegación brasileña en conmemoración del 28 de septiembre de 1871, el día en que se promulgó en Brasil la “Ley de Libertad de Vientres” por la que se otorgó la libertad a hijos e hijas de mujeres que habían sido esclavizadas.
Este año la Asamblea de Naciones Unidas calificó la trata de esclavos y la esclavitud racializada de personas provenientes de África como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. La trata sistemática de personas duró cuatro siglos y las consecuencias del racismo siguen teniendo efectos en la actualidad.
El régimen de esclavitud perpetuó, según la resolución, “la jerarquía racial como principio rector del orden político y económico internacional”. Por eso, la decisión muestra cómo la lucha feminista y antirracista estuvieron unidas desde hace más de tres décadas en los encuentros de mujeres.
El 18 de noviembre de hace 36 años asistieron más de 200 feministas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Holanda al primer taller convocado especialmente para luchar por el derecho a decidir.
La convocatoria a un taller específico sobre aborto se generó por iniciativa de la abogada pionera Dora Coledesky e impulsora de la Comisión por el Derecho al Aborto y la médica uruguaya Cristina Grela, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir.
Desde 1990, la fecha es clave en América Latina para pedir por el derecho a decidir y la convocatoria también se trasladó a Europa y Estados Unidos. En todo el mundo se llevaron adelante manifestaciones, conversaciones y encuentros que fueron impulsados desde el sur hacia el norte con una lógica anticolonial y antirracista.
El 28S surgió desde Argentina y con el sello de la lucha antirracista de las feministas de Brasil que pusieron el fin de la esclavitud y la libertad de vientres como un eje central de las consignas por los derechos de las mujeres y las diversidades.
La genealogía de los lemas y las referencias históricas es central para entender cómo la pelea por la igualdad de condiciones entre mujeres y varones no fue el único planteo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI cuando la legalización del aborto llegó a países como Argentina, Uruguay y Colombia a través de leyes y sentencias.
El arcoiris de propuestas incluyó, a través de discusiones con forma de asambleas, distintas realidades de las mujeres, de diversos orígenes, atravesadas por racismo, clasismo, transfobia, lesbofobia y otras formas de discriminación.
El borrador de la declaración de San Bernardo fue redactado por la abogada Dora Coledesky (fallecida el 17 de agosto del 2009) y la ginecóloga Zulema Palma (fallecida el 1 de julio del 2025), de Mujeres al Oeste. Las dos defensoras de los derechos de las mujeres fueron fundamentales, desde el derecho y la medicina, para combatir la mortalidad materna y consagrar el derecho a decidir.
La declaración histórica establecía: “Crear comisiones por el Derecho al Aborto en cada país y/o apoyar a las ya existentes; formar la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe para la movilización por el Derecho al Aborto; lograr el apoyo de las mujeres de los países que ya cuentan con este derecho en la práctica y a su vez apoyarlas en sus luchas por mantenerlo vigente; hacer campañas en cada país y conjuntamente en nuestro continente para lograr ejercitar este derecho en forma legal, no clandestina, segura y digna”.
El 28 de septiembre se convirtió en una fecha clave y, por eso, un 28S de 2005 se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Ese día se repartieron pañuelos verdes como un símbolo que generó una marea verde en América Latina, se extendió al mundo y se desplazó a muchas otras causas y colores como un ícono de lucha.
En Argentina, en 2020, se logró aprobar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A pesar de los discursos en contra, los obstáculos en la implementación y los recortes del presupuesto la norma está vigente y debe ser cumplida.
Todas las mujeres y cuerpos gestantes tienen derecho a un aborto legal. En el marco del 28S la regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito enfatiza: “Hoy, quienes detentan el poder del Estado intentan cuestionar, restringir, y deslegitimar nuestras luchas y el derecho al aborto mediante discursos y acciones que se traducen en desinformación, falta de medicación y obstáculos”.
La norma rige pero en vez de cumplir y hacer cumplir la norma el Estado dejó de cumplir con el presupuesto para entorpecer el proceso y que las mujeres se cayeran en el camino de lograr hacer valer su derecho. En 2025, Amnistía Internacional recibió más de 400 consultas y denuncias por barreras para acceder a un aborto.
El Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley, salvo que consiga los votos para derogarla. Pero, desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos que se enviaban a las provincias. La ley es para todas por igual, pero si no se sostiene no todas tienen las mismas posibilidades de hacer cumplir la ley.
Eso genera que una mujer en Salta no tiene las mismas posibilidades de acceder a su derecho que una mujer de Río Negro y que una chica de Chaco acarrea más riesgos y sufrimientos que una joven de la Ciudad de Buenos Aires.
Dime dónde vives y te diré como sobrevives y dime cuánto ganas y te diré si podés hacer lo que el derecho te ampara. “Mientras en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero más del 50% de la población cuenta únicamente con cobertura del sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%”, señala Amnistía.
En un comunicado la organización advirtió que la obstaculización está profundizando las inequidades regionales: “El retiro del Estado nacional está trasladando cada vez más responsabilidades a las provincias, sin recursos ni una transición que asegure un piso común de derechos en todo el país. Aunque mucas jurisdicciones están destinando recursos propios y buscando sostener las prestaciones, sus capacidades son desiguales”.
“El Estado nacional conserva una responsabilidad fundamental de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio. Cuando abandona esas funciones, las desigualdades entre provincias terminan convirtiéndose en desigualdades en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El 28 de septiembre lleva 36 años de recorrido, desde la costa bonaerense a América Latina y al mundo. Tiene en su comienzo la lucha contra la esclavitud como bandera y la liberación de los vientres femeninos.
La historia no avanza sola, sino porque la empujan las mujeres valientes. A veces, por reacción, se retrocede, pero en letra grande van a quedar mucho más los logros de las que buscaron la libertad que los obstáculos de quienes todavía creen que los cuerpos femeninos son una mercancía.
