“Yo la quiero presentar lo antes posible”, le dice el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quienes le consultan sobre su declaración jurada de bienes, la cual configura un material clave en el marco de la causa judicial que tiene en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. Es que el funcionario debe dar indicios de dónde provinieron los fondos y cómo se produjo el crecimiento patrimonial que le permitieron realizar las transacciones y movimientos de dinero que se recabaron en la investigación judicial de los últimos meses.
Luego de una modificación administrativa, el jefe de la administración nacional tiene hasta el 31 de julio para presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) correspondiente al período de 2025. Antes el límite que regía era el 31 de mayo. En base a esos dos datos es que en el fuero íntimo de Adorni indican que la fecha de entrega de ese documento se hará cerca de esos días.
“Siempre se dijo que se iba a presentar antes del vencimiento y eso va a ser así. Y como el vencimiento original era a fines de mayo, supongo que irá más o menos por esa fecha”, afirma una fuente inobjetable. En la Casa Rosada hay quienes creen que será más tendiente a hacerlo en los primeros días de junio que hacia el final de mayo. “Antes del Mundial”, afirman.
Tanto en el entorno de Adorni como los operadores judiciales del Gobierno venían diciendo en privado que la entrega de la DJPI iba a ser por ese período. Lo que descompaginó todo fueron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien sin haberle consultado antes a Adorni dijo en un reportaje en LN+ que había visto los papeles y que la presentación iba a ser de manera inmediata. “Nunca se dijo que se iba a presentar de un día para el otro, hubo un error”, afirmó una fuente a Infobae, quien incluso antes de que el Presidente hablara en televisión había confesado en privado que el plazo de presentación iba a darse en el lapso de 25 a 30 días desde esa fecha (inicios de mayo).
Aun así, en el círculo del jefe de Gabinete marcan que sigue estando el condicionante de la investigación. “Depende del tema judicial. No es tan lineal”, explican, sin argumentar cuál sería el impedimento aparente. Quienes han conversado con Adorni confiesan que les ha dicho: “De cualquier manera, la voy a presentar bastante antes del vencimiento. De hecho, voy a ser la primera persona en el país que presente la declaración jurada porque lo voy a hacer con bastante tiempo de anticipación”.
Se prevé que Adorni declare fondos pertenecientes a su esposa, Bettina Angeletti, e incluya una herencia de su padre, fallecido en 2002, que habría atravesado un proceso sucesorio extenso finalizado recientemente. El documento también deberá detallar los gastos realizados en la refacción de propiedades, especialmente una casa en el country Indio Cua Golf Club, así como un préstamo de 65.000 dólares de un amigo para remodelaciones en un departamento de Caballito.
La declaración patrimonial será revisada por peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF), quienes cotejarán los datos presentados con la evidencia reunida en la causa judicial. La filosofía que impera en la fiscalía de Gerardo Pollicita -quien lleva la investigación de la causa- es que la prioridad de Adorni es que los números cierren desde el punto de vista legal, independientemente de la percepción pública sobre el volumen y destino de sus gastos.
Con mucha más celeridad actuó Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, que rectificó en cuestión de días su declaración jurada tras la apertura de una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En la nueva presentación, declaró la existencia de una herencia de 21 millones de pesos que no había informado previamente a la Oficina Anticorrupción. Además, actualizó la valuación de su casa en City Bell, que ahora figura por 67,5 millones de pesos, y precisó los montos pendientes de un crédito hipotecario con el Banco Provincia, cuyo pago y justificación están bajo investigación.
El fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, ordenaron diversas medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y la solicitud de informes detallados al Banco Provincia sobre el crédito hipotecario. La investigación también abarca informes de otros organismos y entidades públicas y privadas, centrándose en inconsistencias patrimoniales y posibles inversiones en el mercado de capitales. Fuentes judiciales señalan que la corrección de la declaración no disipa las sospechas, sino que refuerza la hipótesis de irregularidades en el patrimonio del legislador.
